Por Néstor Llidó

Con la asistencia de la Fundación Filipos, que preside el pastor evangelista Carlos González, se estaría tramitando la residencia del femicida Fabián Gerardo Tablado en la ciudad misionera de Posadas, luego de no poder radicarse en distintos lugares al ser rechazado por la comunidad.

Tablado, quien tiene una restricción de acercamiento a Edgardo Aló (el padre de su novia Carolina, la adolescente a la que mató a puñaladas en 1996 en su casa del partido de Tigre), viene buscando un lugar para instalarse, luego de ser echado de Bell Ville, en Córdoba, donde estaba viviendo con su última pareja.

Ante una denuncia de vecinos por presuntos episodios de violencia de género, Tablado fue informando al Juzgado de Familia de Tigre donde está radicada la causa por la perimetral con Aló sobre distintas ciudades en las que iba a fijar a residencia.

A medida que fueron trascendiendo esos lugares, sumó rechazos en San Clemente del Tuyú, en el partido bonaerense de La Costa, la ciudad santafesina de Cañada de Gómez y últimamente, en la localidad correntina de Gobernador Virasoro. Hasta fue declarado persona no grata, se dieron marchas y el repudio generalizado en redes sociales.

Ahora, se supo que Fabián Tablado con la asistencia de la Fundación Filipos busca establecerse en la capital misionera y ya se habría reunido con su presidente, el pastor Carlos González, quien se encargaría de brindarle atención y agilizar los trámites para su radicación.

“Ya cumplió su condena y está arrepentido de lo que hizo», sostuvo el pastor evangelista, en referencia a la situación de Tablado, al compartir una foto en redes sociales, en la que ambos aparecen compartiendo una cena con un grupo de personas.

«Está con la Fundación Filipos y lo está asistiendo. En este momento está en una granja que no está en Misiones», explicó González, quien agregó que “somos un movimiento cristiano y nos ocupamos de la parte carcelaria. Fabián Tablado es evangelista”.

“La idea es asistirlo, somos un movimiento cristiano y una fundación. Estamos viendo la posibilidad de asistir y averiguar cuestiones, hablando con instituciones que le dan la garantía de vivir acá. El hecho se produjo en la década del 90 y tiene su condena cumplida», concluyó.

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