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Odio de género: reclamo de justicia en el Congreso por el ataque a lesbianas en Barracas

En el inicio del acto participó la diputada Mónica Macha (Unión por la Patria), quien presentó un proyecto de repudio al ataque ante la Cámara de Diputados, una acción que tuvo réplica por parte de ese frente político en la Legislatura porteña.

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Fuentes: SomosTelam.com.ar

No fue un hecho aislado; se inscribió en la violencia machista que, solo en el primer cuatrimestre de este año, cegó la vida de al menos 80 mujeres y feminidades en el país. No fue al azar; el autor odiaba a sus víctimas y ese odio encendió la chispa del explosivo casero que arrojó contra ellas. Pamela, Mercedes, Sofía y Andrea no lograron escapar: la vulnerabilidad habitacional en la que estaban sumidas avivó las llamas que acabaron devorando sus cuerpos.

Cuerpos que ya eran portadores de viejas cicatrices, las de la pobreza, las de la construcción y defensa de su identidad lésbica, las de la violencia institucional. El Estado, el mismo que en los últimos años se avino a reconocer y promover derechos e implementar algunas políticas reparatorias, es responsable de lo sucedido este lunes en el barrio porteño de Barracas. Lidera, sintetizó una docente y activista, el “grupo de poder” que lleva a cabo, desde diciembre de 2023, una “contraofensiva patriarcal que apunta al disciplinamiento de las distintas ‘desviaciones’”. 

Tales fueron los principales argumentos que sustentaron la lectura política que, más allá de algunas divergencias y matices, realizaron las 2000 personas reunidas en asamblea en Plaza Congreso, como eslabón porteño de la Convocatoria Federal y Plurinacional “No es libertad, es odio. Fue lesbicidio”, sobre el ataque lesboodiante que causó la muerte de Pamela Cobas y Mercedes Figueroa y dejó en grave estado a Andrea Almarante y Sofía Castro Riglos.

Foto SomosTelam

Eva, militante de la organización Marabunta y docente de la materia Educación Sexual Integral, Salud Sexual y Aborto en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, inscribió el ataque a las cuatro mujeres como un “atentado a las disidencias. En esta sociedad ser lesbiana, ser travesti, ser trans, ser pobre, vivir en la calle es ser desviade”, al tiempo que enfatizó que “en este momento” se cierne sobre esos colectivos “una contraofensiva patriarcal desde los grupos de poder y de gobierno con la intención de promover y legitimar la violencia”. También llamó a “encontrar formas de resistencia que no reproduzcan la crueldad con la que nos están atacando”.

Tras recordar los casos de Tehuel de la Torre, varón trans desparecido en 2021, y Pepa Gaitán, fusilada en 2010 por ser lesbiana, Benjamín, integrante de la Agrupación LGBTI+ 1969, llamó a “no quedarse de brazos cruzados mientras despiden a compañeras trans del Estado nacional, mientras faltan las hormonas (destinadas a las personas trans que llevan adelante terapias de hormonización en el sistema sanitario público), mientras asesinan compañeras que vivían en una situación vulnerable y soportaban día a día el hostigamiento de un tipo educado en este sistema para disciplinar a las diversidades y si te pasás de la raya, ¡pum!”.

Georgina Orellano, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar), denunció que, además de la violencia policial, “en los últimos meses se ve un creciente odio de vecinos y vecinas que comienzan a tener acciones, como tirar agua caliente desde los balcones a nuestras compañeras, como decir que ‘la solución’ para las personas en situación de calle es prenderles fuego los colchones, donde la crisis habitacional es una realidad creciente y acuciante”.

Foto SomosTelam

Orellano sostuvo que “los discursos de odio están habilitados por las personas que llegaron al poder” y aseguró que “el odio y la violencia crece en los barrios, en una suerte de guerra de pobres contra pobres”, por lo cual llamó a “dejar diferencias de lado, pisar el barro, poner el oído a las compañeras que están pasándola mal y que pasan situaciones como las que pasaban Pamela, Mercedes, Sofía y Andrea en Barracas”.

El periodista y militante del PTS, Tomás Máscolo, advirtió sobre la resistencia que las autoridades educativas nacionales y algunos directivos de escuelas exhiben contra el dictado de la Educación Sexual Integral (ESI). Y agregó: “Día a día veo en compañeros y compañeras la precarización de la vida a la que estaban sometidas las mujeres que vivían hacinadas en un cuarto de hotel en Barracas, donde dos de ellas fueron asesinadas por ser lesbianas. Día a día veo cómo el Gobierno nacional despide trabajadoras y trabajadores estatales, cagándose en el cupo laboral travesti trans”. 

Laura, de la Secretaría de Géneros y Diversidad de la Asociación Gremial Docente de la UBA (Agduba), caracterizó como “salvaje y brutal” el ataque de este lunes contra las cuatro mujeres, al que ligó con “las condiciones materiales de existencia de nuestro colectivo” dado que “los discursos de odio calan en un momento en el cual la crisis económica es más fuerte y la crisis habitacional afecta particularmente a las personas LGBTIQ+”.

Foto SomosTelam

“Frente a un Gobierno que nos quiere con miedo y encerrados en nuestras casas, estamos en las calles reclamando justicia para este y otros tantos femicidios y crímenes de odio”, dijo Lula, del partido Nuevo MAS, para quien el de Pamela, Mercedes, Sofía y Andrea “no es un ataque aislado, sino que se inscribe en el marco de un Gobierno que viene accionando contra el colectivo LGBTIQ+, que quiere cerrar el INADI y (la agencia de noticias y publicidad) Télam para trazar un cerco mediático, que prohíbe el lenguaje inclusivo y propicia la persecución a las docentes que lo impartimos en las clases, que llama ‘adoctrinadoras’ a quienes dictamos ESI, que busca derogar el aborto legal y derechos laborales y que nos amenaza con protocolos represivos”.

Luego de reclamar “justicia por Pamela y Mercedes”, las dos mujeres asesinadas por Justo Fernando Barrientos este lunes, Laura Velasco, de Barrios de Pie, y Norma Morales, secretaria adjunta de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (Utep), dijeron que “los femicidios, los lesbidicios y los travesti y transfemicidios son cotidianos” y acusaron al Gobierno encabezado por Javier Milei de implementar “políticas públicas que refuerzan el odio y nos dejan en un estado de indefensión en materia de derechos humanos, económicos y de género”.

Para ambas referentes, el proyecto de ley Bases pretende “ir contra los derechos previsionales de las mujeres y las personas del colectivo LGBTIQ+”, quienes “no se podrán jubilar y sufren el hambre y la violencia sobre sus cuerpos y los territorios que habitan”.

“Que hayan matado mujeres lesbianas no es un hecho aislado y ocurre en un Gobierno como el de Milei, que esparce su violencia por el mundo, ataca el colectivo feminista y desfinancia todas las políticas de género”, dijo a su turno una joven, quien convocó al colectivo de mujeres y personas LGBTIQ+ a alcanzar en sus futuras movilizaciones la masividad lograda el pasado 23 de abril, cuando ocurrió la Marcha Federal Universitaria contra las políticas de ajuste a las universidades nacionales.

Que hayan matado mujeres lesbianas no es un hecho aislado y ocurre en un Gobierno como el de Milei, que esparce su violencia por el mundo“.LAURA VELASCO Y NORMA MORALES.

Susana, de la Asamblea Barrial de Flores -hubo una decena de barrios representados, entre ellos el de Barracas, donde ocurrió el ataque-, exigió al Parlamento “detener” las políticas regresivas de la administración libertaria y recordó que esa y otras agrupaciones vecinales cuentan con comisiones de género y diversidades, al tiempo que anunció que convocarán a una “asamblea barrial transfeminista” en los próximos días en Plaza de Mayo.

“Enfrentamos una desigualdad cis héteropatriarcal que descarga su violencia sobre los cuerpos feminizadas. Con Milei en el Gobierno y escritores como Nicolás Márquez (NdR: junto a Marcelo Duclos coescribió la biografía oficial del Presidente, la que presentó ayer ante un auditorio prácticamente vacío en la Feria del Libro), se termina habilitando y legitimando acciones violentas contra nuestros puertos”, sostuvo Luciana Mina, de Autoconvocatoria Lesbiana, una de las organizaciones de la Convocatoria Federal y Plurinacional  No es libertad, es odio. Fue lesbicidio”. Y agregó: “El asesino de Pamela y Mercedes no eligió cualquier otra persona y cualquier otra habitación del hotel. Eligió a cuatro lesbianas para matarlas”.

Consultada por Somos Télam, señaló que en apenas dos días ya son más de 600 lesbianas de todo el país conectadas a través de un grupo de Whatsapp con el propósito de implementar en los próximos días diversas acciones. “Habrá acompañamiento legal porque hasta ahora no se dejó intervenir (en el caso) a la  Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (Ufem); queremos que los asesinatos sean reconocidos como lesbicidios; haremos una actividad financiera en apoyo a las compañeras (NdR: Andrea, quien pelea por su vida, y Sofía, quien evoluciona favorablemente); e impulsaremos que este caso gane visibilidad en el Ni Una Menos del próximo 3 de junio”.

En el inicio del acto participó la diputada Mónica Macha (Unión por la Patria), quien presentó un proyecto de repudio al ataque ante la Cámara de Diputados, una acción que tuvo réplica por parte de ese frente político en la Legislatura porteña.

Un poema

En otro pasaje del acto, Lua, una de las cientos de jóvenes presentes, leyó un poema que escribió al impulso de la “masacre” de Barracas:

Romántica desviada

Una casa en llamas

Una boca que escupe fuego

Y llueven cenizas sobre mis senos

No combato fuego con fuego

Lo llevo en mis manos 

Y encarno en mis letras

Para sostener cuerpes rechazades 

Que sueñan compartir colchón

Habitar paredes

Y abrazar con ternura

Sus cuerpos desnudes disidentes

Nos separamos porque no sabíamos dónde ir

Porque el amor no rompe barreras

Las lágrimas no apagan incendios

Y el silencio no protege

Si estallan bombas adentro y afuera

La apreté fuerte contra mi pecho

“Esta es tu casa”, le quise decir

Pero nadie quiere vivir

En una casa sin techo

Que le tengan miedo 

Al romance desviado organizado

Somos nosotros quienes sabemos reexistir sin paredes

Mientras el mundo arde

Le escribo canciones de amor a una mujer

Y esa es mi revolución.

Judiciales ⚖️

Caso D’Agostino: la violación denunciada sigue sin imputación tras cinco meses

El exsubsecretario de Justicia de Alfredo Cornejo fue denunciado por abuso sexual con acceso carnal, pero solo está imputado por coacciones y tenencia de un arma de guerra. La Justicia rechazó nueve planteos de la querella y él fue visto en el aeropuerto de Mendoza.

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El Argentino Diario-D'Agostino-Mendoza-Ex subsecretario de Justicia.
El operador judicial de Cornejo pidió cárcel para otros; denunciado por violación, él sigue libre y sin cargos por abuso.

Cinco meses después de que su expareja lo denunciara por abuso sexual con acceso carnal, el hombre que durante una década fue el operador de Alfredo Cornejo en los tribunales mendocinos sigue sin ser imputado por el delito más grave que se le atribuye. Solo carga con dos acusaciones de penas bajas, coacciones en contexto de violencia de género y tenencia ilegítima de arma de guerra, que le permiten transitar el proceso en libertad y sin restricciones para moverse.

Se trata de Marcelo D’Agostino, subsecretario de Justicia de Mendoza desde la primera gestión de Cornejo en 2015, cargo que conservó durante el gobierno de Rodolfo Suarez y que retomó con el regreso del radical a la gobernación. La causa, identificada como expediente P-38.345/26, está en manos de la fiscal de la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Valeria Bottini, bajo la supervisión del fiscal jefe Alejandro Iturbide.

Una denuncia de 40 carillas y una renuncia en el mismo día

La presentación judicial llegó el 10 de abril de 2026. En un escrito de 40 carillas, la denunciante acusó a D’Agostino por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, lesiones leves y lesiones graves reiteradas, amenazas coactivas reiteradas, coacción reiterada y violencia de género en todas sus modalidades. Los hechos se enmarcan en una relación que se extendió entre 2021 y 2024, con un hostigamiento que, según la denuncia, se prolongó hasta fines de 2025.

El relato describe un patrón sostenido de control, gritos, destrucción de objetos y humillaciones, y sostiene que el funcionario utilizaba su cargo para generar temor. En cuanto al abuso sexual, la denuncia ubica uno de los hechos entre septiembre y octubre de 2023: según su testimonio, la mujer le pidió que se detuviera y él continuó. La denunciante también solicitó protección para ella y para su abogada, por el poder que el acusado ostentaba en ese momento.

Ese mismo día, D’Agostino le presentó su dimisión al gobernador. «Mi renuncia es indeclinable y voluntaria», escribió, y aseguró que su salida buscaba «garantizar la transparencia y la plena colaboración con la justicia». También anticipó su línea de defensa: «Quedará demostrada la absoluta falsedad de las acusaciones en mi contra». En su lugar asumió el dirigente radical Juan Carlos Jaliff.

El brazo judicial del cornejismo

D’Agostino no era un funcionario más. Fue el gran impulsor de las reformas judiciales de la gestión radical, el nexo con jueces y fiscales y una pieza clave en el Consejo de la Magistratura, el organismo que interviene en la selección de magistrados. Muchos de quienes hoy deben investigarlo accedieron o ascendieron en un sistema que él mismo ayudó a diseñar.

La propia estructura del Ministerio Público Fiscal lo reconoció: el procurador general, Alejandro Gullé, se inhibió de intervenir por su vínculo de larga data con el acusado, y lo mismo hizo la fiscal jefa de Violencia de Género, Laura Rouselle. En agosto, el fiscal adjunto Gustavo Pirrello rechazó el pedido de la querella para apartar a Iturbide y a Bottini, al considerar que no se había acreditado falta de objetividad.

Una imputación a la medida

El 23 de abril, tras una ratificación de la denuncia que se extendió durante horas, Bottini imputó a D’Agostino por coacciones en contexto de violencia de género y por tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra. El arma, una pistola Bersa calibre 9 milímetros con proyectiles de punta hueca, fue entregada días antes por el propio exfuncionario. Son delitos con penas de entre 2 y 4 años de prisión, que admiten una eventual condena de ejecución condicional.

D’Agostino negó todas las acusaciones y no respondió preguntas. La fiscalía descartó por el momento las lesiones leves y otros hechos por una posible prescripción, y dejó el abuso sexual en suspenso a la espera de pericias. Desde el Poder Judicial lo definieron como «una primera imputación, que podría ampliarse o variar». Desde entonces pasaron más de cinco meses y la imputación no se amplió.

En mayo, la abogada querellante, María Elena Quintero, pidió formalmente que se lo impute por abuso sexual con acceso carnal reiterado y lesiones graves dolosas agravadas, y que se dicte su prisión preventiva. Sostuvo que el testimonio de la víctima presenta coherencia, persistencia y corroboración periférica, y que condicionar el avance del proceso a pericias psicológicas previas reinstala el estereotipo de la mujer fabuladora. «Fue tratado como un delito común», cuestionó.

Nueve planteos rechazados y un aeropuerto

El 18 de septiembre, la conjueza María Jimena Pina González, del Juzgado Penal Colegiado N°1, rechazó nueve planteos de la querella. Entre ellos, el pedido de que las pericias sobre la denunciante las realicen organismos externos y no los equipos técnicos que dependen del mismo Ministerio Público cuyo titular se inhibió por amistad con el acusado. También mantuvo la incorporación, a pedido de la defensa, del historial de incidencias vecinales de la denunciante durante diecisiete años, trece de ellos anteriores a la relación investigada.

Sobre el reclamo para ampliar la imputación y detener al exfuncionario, el Juzgado consideró que la investigación no está paralizada y que ordenarle al fiscal cuándo imputar excedería el control jurisdiccional. La magistrada sí admitió que era técnicamente impreciso que un decreto fiscal encomendara a los peritos evaluar la «veracidad» del relato, y fijó un límite: los antecedentes psicológicos previos de la denunciante no pueden usarse para desacreditar su testimonio. La querella anticipó que apelará.

En paralelo, Quintero volvió a pedir la prohibición de salida del país y la retención del pasaporte, luego de que D’Agostino fuera visto el 17 de septiembre en la sala de preembarque del aeropuerto internacional El Plumerillo. El acta judicial del 23 de abril nunca fijó restricciones a su movilidad, aunque la querella las había solicitado desde el comienzo.

La vara que se aplica a otros

La paradoja no pasó inadvertida en Mendoza. Según publicó la prensa local, D’Agostino cuestionó la prisión preventiva en su propia causa, una herramienta que él mismo había impulsado endurecer desde la función pública. El funcionario que diseñó un sistema penal más duro para el resto de los mendocinos hoy transita su proceso con las garantías más amplias.

El exsubsecretario goza de la presunción de inocencia y la Justicia deberá determinar si los hechos denunciados ocurrieron. Pero la pregunta que atraviesa el expediente es otra: si una denuncia por violación contra el hombre que manejó la relación del Ejecutivo con los tribunales puede investigarse con la misma velocidad y rigor que cualquier otra. Hasta ahora, los tiempos del caso no ofrecen una respuesta tranquilizadora.

Lo que tenés que saber:

  • Marcelo D’Agostino fue subsecretario de Justicia de Mendoza desde 2015 y renunció el 10 de abril de 2026, el mismo día en que su expareja lo denunció.
  • La denuncia incluye abuso sexual con acceso carnal, lesiones, amenazas coactivas, coacción y violencia de género.
  • Desde el 23 de abril está imputado solo por coacciones en contexto de violencia de género y tenencia ilegítima de arma de guerra, y sigue en libertad.
  • El abuso sexual continúa sin imputación, a la espera de pericias; la querella pidió ampliar los cargos y su detención.
  • El 18 de septiembre una conjueza rechazó nueve planteos de la querella, que ahora pide prohibirle salir del país tras verlo en el aeropuerto.
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