El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional llega a la sesión con los votos para ser aprobado en general, pero su capítulo más duro, el de la «injerencia extranjera», necesita 129 votos y hoy no los tiene asegurados. El oficialismo negocia ese tramo antes del miércoles 18 de noviembre.

El capítulo 7 del dictamen, titulado «Fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales y otras modificaciones», reforma los códigos Electoral y Penal y el régimen de partidos políticos, por lo que exige una mayoría absoluta de 129 votos en la Cámara de Diputados. La Libertad Avanza ya definió el temario de la sesión: además del proyecto sobre soberanía, se votará la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (el oficialismo debe votar los cambios que introdujo el Senado), el tratado de libre comercio entre el Mercosur y la EFTA, y el traspaso de competencias penales de la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La sesión se hará antes del debate del Presupuesto 2027, previsto para el 25 de noviembre.

La reunión a puertas cerradas

Según trascendió, el asunto se discutió en el despacho de la Presidencia de la Cámara baja, con el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, y referentes del PRO, la UCR, Argentina Federal, Provincias Unidas y bloques menores. El Gobierno envió a la subsecretaria de Planeamiento Normativo, Paula Taddei, que responde a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, para tomar nota de los reclamos.

Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) y Gisela Scaglia (Provincias Unidas) pidieron eliminar o modificar a fondo el capítulo 7. Banfi lo definió como un capítulo que «penaliza la expresión». El PRO, en cambio, se comprometió a apoyar el proyecto con cambios o sin ellos.

Qué dice el capítulo 7

El capítulo prevé multas para extranjeros sin residencia permanente y para personas jurídicas del exterior que financien campañas electorales. También fija penas de prisión por facilitar operaciones militares o de inteligencia dirigidas por un Estado extranjero y destinadas a afectar la seguridad nacional o la integridad territorial, por poner secretos a disposición de un servicio de inteligencia extranjero y por ayudar a operaciones clandestinas.

En términos generales prohíbe organizar, financiar y ejecutar «campañas de injerencia extranjera» y «actos de violencia o sabotaje dirigidos contra el Estado argentino o sus habitantes». El texto aclara que no constituyen injerencia la actividad diplomática conforme al derecho internacional, la expresión pública de opiniones de un Estado extranjero, la actividad periodística, la investigación académica ni la representación abierta de intereses. Según trascendió, esa definición se acotó tras los cuestionamientos de entidades periodísticas.

Los cambios que ya concedió

El oficialismo suavizó las multas por explotación de recursos en la cuenca de Malvinas: pasaron de entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo a entre 2.000 y 40.000. También excluyó a los accionistas con participaciones de hasta 2% y a los fondos de inversión con intervención indirecta, aunque mantuvo penas de hasta 20 años de prisión para directivos, socios y proveedores.

A pedido de bloques aliados aceptó ampliar el Consejo de Seguridad Nacional, que preside el Presidente de la Nación e integran los ministros de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, el titular de la SIDE y el secretario de Legal y Técnica, con el presidente de Diputados, el presidente provisional del Senado y los gobernadores como miembros no permanentes. Ese órgano podrá disponer medidas urgentes ante una «amenaza externa grave»: restringir operaciones cambiarias y financieras, congelar fondos, suspender contrataciones, limitar el comercio exterior o elevar aranceles.

Se creó además una comisión bicameral de seguimiento y el Ejecutivo deberá informarle las medidas del Consejo en un plazo máximo de 48 horas; según trascendió, el cambio surgió a pedido del diputado Eduardo Falcone (MID). El texto también le da rango legal al Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET) y permite inscribir organizaciones cuando existan «motivos razonables para sospechar».

El derribo y las críticas

Los puntos más discutidos que siguen en pie son el protocolo para derribar aeronaves y hundir buques, y la autorización para que las Fuerzas Armadas participen en «operaciones no convencionales», algo que según los críticos desdibuja la separación con las fuerzas de seguridad y la seguridad interior.

Para el peronismo y la izquierda, el proyecto es un «caballo de Troya» que concentra poder en el Poder Ejecutivo y normaliza las medidas de excepción. La oposición también cuestiona que «terrorismo» y «amenaza externa» tengan definiciones laxas, lo que, advierte, abre la puerta a la discrecionalidad para perseguir la disidencia.

Lo que tenés que saber

• Diputados sesiona el miércoles 18 de noviembre por Defensa de la Soberanía Nacional y la Carta Orgánica del Banco Central.
• El capítulo 7, sobre injerencia extranjera, reforma los códigos Electoral y Penal y necesita 129 votos.
• Argentina Federal, Adelante Buenos Aires y Provincias Unidas piden eliminarlo o cambiarlo; el PRO lo apoya con o sin cambios.
• El proyecto crea un Consejo de Seguridad Nacional con facultades para restringir operaciones cambiarias y congelar fondos.
• El temario incluye el tratado Mercosur y EFTA y el traspaso de competencias penales a la Ciudad.

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