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Córdoba

Colectivo feminista busca ganar espacio en las canchas de fútbol barriales y en las cárceles

Abriendo la Cancha, es la organización feminista que trabaja desde hace cinco años para conquistar derechos legitimados en los espacios deportivos, en las canchas de fútbol y en las cárceles de mujeres.

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La organización feminista «Abriendo la Cancha» (ALC) trabaja desde hace cinco años para conquistar derechos legitimados en los espacios deportivos, particularmente en las canchas de fútbol ubicadas en barrios habitados por sectores sociales vulnerables y en las cárceles de mujeres como herramienta para sobrellevar la situación de encierro.

Mariana Magliano (deportista), Patricia Ruiz (profesora de Educación Física) y Florencia Bracco (trabajadora Social) son las cabezas más visibles de la tarea de generar espacios que, entre otros objetivos como la salud física, mental y espiritual, propicien «el intercambio, la reflexión y la promoción del fútbol femenino y disidente».

«No es fácil. Comenzamos hace cinco años con la consigna ‘Nos paramos en la cancha como en la vida’ como herramienta que nos da fortaleza para alcanzar el derecho que tenemos como mujeres para practicar el fútbol», dijo Mariana.

Mediante acuerdo con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos provincial comenzaron en la cancha de fútbol del exCentro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio (CCDyTE) que supo ser base operativa del ‘Comando Libertadores de América’, hoy Espacio de la Memoria, ubicado en barrio San Vicente de la ciudad de Córdoba.

La escuela de fútbol de ese lugar se llama «Somos nosotras» y trabajan con niñas y mujeres de entre 5 y 18 años.

«Nos llevó casi un año consolidar el diálogo y el convencimiento a los pibes para que entiendan que las chicas también tienen derecho a ocupar ese espacio que, hasta entonces, era exclusivo de los varones» que residen en los barrios de los alrededores con problemas de conflictividad social por sus condiciones de vulnerabilidad debido a las carencias socioeconómicas, sostuvo Mariana.

El año pasado el equipo de ALC diseñó un proyecto y lo presentó al mismo organismo provincial para la implementación de un taller de fútbol en el Establecimiento Penitenciario N°3 (EP3), que es un anexo exclusivo de mujeres en la Cárcel de Bouwer, ubicado en las afueras de la capital local y que cuenta con una cancha de fútbol exclusivo para ellas.

Luego de una prueba piloto que se realizó el año pasado, la ministra de Justicia y Derechos Humanos (MJyDDHH), Laura Echenique, firmó un convenio con el colectivo de ALC y a principio de septiembre comenzaron los talleres teóricos y prácticos con los que «no vamos a modificar sus realidades, pero sí pretendemos hacer un aporte para sobrellevarlas», remarcó Mariana.

Para las chicas, ir al taller significa «salir de los pabellones, estar al aire libre, estar en contacto con mujeres de otros pabellones. Ayuda a sobrellevar la situación de encierro. El deporte transmite valores», explicó.

«Nos esperan con mucha ansiedad y entusiasmo cada miércoles», relató Patricia al referirse a las más de veinte inscriptas para el taller, de entre 19 y 50 años.

Las tareas que se realizan tienen como ejes fundamentales la promoción del bienestar físico, mental, emocional, la prevención de lesiones y «sacarlas de la problemática del encierro generando buenos estados de ánimos a través del fútbol como herramienta lúdica, y otras rutinas adecuadas a los espacios reducidos», destacó la profesora de Educación Física.

El enfoque es «devolverle a la gente el optimismo, estés donde estés, y que puedas mejorar tu calidad de vida en salud», resaltó, y agregó que aplican técnicas adecuadas mediante la comprensión del lenguaje emocional y corporal de cada una de las personas.

La secretaria de Organización y Gestión Penitenciaria, Cecilia Lanzarotti, explicó que el fútbol de mujeres en la cárcel forma parte del programa «Deportes y valores» de esa dependencia que, además de las actividades deportivas, incluye talleres artísticos y culturales mediante convenios con la Agencia Córdoba Deportes y la Agencia Córdoba Cultura que proveen de todos los elementos.

En cuanto la práctica de fútbol femenino en el EP3, es un «taller con mirada de perspectiva de género que promueve hábitos saludables» mediante ejercicios lúdicos, tácticas de fútbol y ejercicios físicos preventivos para prepararlas para jugar al fútbol, conocer las reglas de la disciplina y fomentar el respeto hacia el otro, sostuvo la funcionaria.

«El fútbol y las otras actividades son terapéuticas y ayudan a prepararlas para el régimen de libertad y la reinserción social», apunto Lanzarotti.

La funcionaria adelantó que se está trabajando en la posibilidad de encuentros deportivos entre otros establecimientos penitenciarios de la provincia, como el caso de la Cárcel de la ciudad de Río Cuarto que también cuenta con un equipo de fútbol femenino (denominado «Posición adelantada»).

Finalmente, Lanzarotti resaltó que se está trabajando en distintos convenios en materia de género, diversidad y derechos humanos en contexto de encierro con las universidades nacionales de Córdoba (UNC), Río Cuarto (UNRC) y Villa María (UNVM), además de la Universidad Católica (UCA), para la capacitación de los internos, internas y el personal penitenciario.

El colectivo ALC destacó en sus redes sociales que su accionar apunta a que el deporte construya relaciones de género no jerárquicas, y la ampliación de derechos en lo cotidiano.

De esta manera es posible pensar en modos saludables de la relación consigo mismas y con las y los demás, concluyeron las integrantes de «Abriendo la Cancha».

Córdoba

El TSJ de Córdoba liberó a Paola Ortiz tras 13 años presa por parir sola

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba redujo la condena de prisión perpetua a 13 años y nueve meses, tiempo que la mujer ya cumplió, al incorporar perspectiva de género y reconocer el contexto de violencia, pobreza extrema y desprotección en que ocurrió el parto. El fallo marca un precedente en la justicia cordobesa y fue impulsado por más de diez organizaciones de derechos humanos y feministas.

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La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba ordenó la libertad de Paola Verónica Ortiz, quien cumplía una condena a prisión perpetua desde 2015 por la muerte de su hija recién nacida. El máximo tribunal provincial fijó una pena de 13 años, 9 meses y 26 días, período que la mujer ya cumplió en detención, y resolvió su liberación inmediata. El hecho que motivó la causa ocurrió el 31 de octubre de 2012 en la localidad de Villa Nueva, Córdoba, cuando Ortiz atravesó un parto en absoluta soledad y sin asistencia médica.

Una condena perpetua ignoró el contexto

En el juicio original, la causa fue recalificada como homicidio calificado por el vínculo y derivó en la máxima pena prevista por el Código Penal. Sin embargo, el TSJ determinó que aquella sentencia ignoró las múltiples condiciones de vulnerabilidad que atravesaba la mujer al momento del hecho.

Las pericias incorporadas al expediente revelaron que Ortiz, que tenía 29 años en ese momento, presentaba un nivel intelectual inferior al promedio para su edad, antecedentes de abuso y abandono, y que al momento del parto se encontraba en un estado de desubjetivización que la llevó a actuar sin plena conciencia de sus actos.

El fallo también ponderó la violencia psicológica y económica que ejercía sobre ella su expareja, y el sometimiento al que la sometía su exsuegro, quien le exigía relaciones sexuales a cambio de un techo y la amenazaba ante la posibilidad de un embarazo con otro hombre. El TSJ cuestionó además que el juicio original la juzgara desde el mandato idealizado de la «buena madre» y que se le exigiera responsabilidad penal sin considerar que dio a luz sola, sin red de apoyo ni acceso al sistema de salud.

Perspectiva de género y estándares internacionales

Al reconsiderar la condena, el Tribunal aplicó un enfoque integral de género y los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre emergencias obstétricas en contexto de pobreza. El fallo no implicó una absolución, sino una reducción de la pena que, al coincidir con el tiempo ya cumplido, habilitó la liberación. El TSJ estableció así un precedente judicial relevante para el tratamiento de casos en que mujeres en situación de extrema vulnerabilidad enfrentan consecuencias penales derivadas de partos no asistidos.

Más de diez organizaciones impulsaron la revisión

La causa por la libertad de Paola Ortiz fue sostenida durante años por una articulación amplia de organizaciones feministas y de derechos humanos que se presentaron como amicus curiae ante el tribunal. Entre ellas figuran el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI), la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), la Asociación Civil Abogadas por Chaco, la Asociación Civil El Telar y Católicas por el Derecho a Decidir, entre otras. La campaña por su liberación se sostuvo bajo la denominación Mesa por la Libertad de Paola Ortiz y logró instalar el caso en la agenda pública como un paradigma de la criminalización de las mujeres pobres en el sistema judicial.

Si vivís una situación de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda llamá gratis al 144, mandá un mensaje al 11 5050 0147 o por WhatsApp al +54 911 2771 6463. También podés descargar acá una app para recibir ayuda de profesionales.

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