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Buenos Aires

Condenan a tres de los cuatro acusados por el asesinato de una docente

El hecho ocurrió en la madrugada del 13 de junio de 2018 en Ranelagh. La víctima fue la reconocida vecina de la zona Sofía María Sliwa.

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Tres de los cuatro jóvenes juzgados por el homicidio de una docente jubilada, asesinada a golpes en junio de 2018 por delincuentes que entraron a robar a su casa, donde también agredieron y maniataron a uno de sus hijos, en la localidad bonaerense de Ranelagh, partido de Berazategui, fueron condenados a penas de entre 20 y 27 años de prisión, informaron hoy fuentes judiciales.

La pena más alta del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Quilmes recayó sobre Darío Ezequiel Medina (29) por el delito de «homicidio en ocasión de robo» en perjuicio de Sofía María Sliwa (78).

Fuentes judiciales informaron a Télam que Braian Nicolás Ríos (28) recibió 22 años de prisión y le unificaron la pena en 23 por una condena anterior, mientras que a Ezequiel Alejandro Andrada (26) le dieron 20, todos por el mismo delito.

En tanto, Gonzalo Iván Galán (29) fue absuelto y quedó inmediatamente en libertad.

El fiscal Andrés Nieva Woodgate había solicitado la pena de prisión perpetua para todos por el delito de «homicidio criminis causa» y, subsidiariamente, requirió distintas penas por «homicidio en ocasión de robo», tal cual decidió el Tribunal.

El hecho ocurrió en la madrugada del 13 de junio de 2018 en una vivienda de una planta en la esquina de 136 y 30, en una zona de casas bajas, bien iluminada y bastante transitada de Ranelagh, ya que a pocos metros de allí funciona el Hospital Evita Pueblo y pasan varias líneas de colectivos, vehículos particulares y peatones.

De acuerdo a los voceros, todo comenzó alrededor de las 2.30, cuando cuatro delincuentes irrumpieron en la vivienda donde residía Sliwa, quien en ese momento descansaba en una de las habitaciones, mientras que uno de sus hijos que vivía con ella, Gerardo Vatovec (53), dormía en el dormitorio contiguo.

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El propio Vatovec relató a los pesquisas que dos de los asaltantes lo sacaron de la cama por la fuerza y lo llevaron hasta el living, donde lo atacaron a golpes, lo ataron de pies y manos, y le cubrieron la cabeza con una manta.

«Danos cinco lucas y nos vamos», dijo el hombre que le exigió uno de los delincuentes, al tiempo que su madre fue atacada a golpes por los otros cómplices en el interior de su habitación, explicó a Télam una fuente judicial.

Los ladrones permanecieron unas dos horas dentro de la casa y revolvieron todos los ambientes en busca de dinero, pero las víctimas no guardaban ninguna suma importante en efectivo.

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Por ello, los delincuentes se apoderaron de algunos electrodomésticos y escaparon, según los informantes.

Poco después, cuando Vatovec ya no escuchó más ruidos, logró desatarse y halló a su madre golpeada e inconsciente en su dormitorio.

Tras ello, él y un hermano que trabajaba como fotógrafo y vivía al lado de la casa, intentaron reanimarla y la trasladaron hasta el Hospital Evita Pueblo donde los médicos constataron que la mujer había fallecido a raíz de la obstrucción de las vías respiratorias al atragantarse con su propia prótesis dental.

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En tanto, los investigadores policiales que concurrieron a la casa de Sliwa determinaron que los delincuentes habían logrado entrar a la vivienda a través de una ventana de la cocina.

«Los ladrones cortaron una reja y, a través de ella, lograron ingresar por una ventana», explicó a Télam uno de los pesquisas que trabajó en los peritajes.

La causa fue investigada por la fiscal Silvia Borrone, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada 4 de Berazategui, quien días después dispuso varios allanamientos que derivó en las detenciones de los acusados.

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Sliwa fue egresada en farmacéutica pero casi toda su vida ejerció como docente de Química y Biología en la Escuela Secundaria 5 de Berazategui y desde hacía tiempo también se dedicaba a la Literatura.

De hecho, en 2016, un ensayo suyo fue seleccionado en un certamen de escritura de Rosario para ser publicado en un libro homenaje al escritor colombiano Gabriel García Márquez, fallecido en 2014.

Tras el crimen de la mujer, el Concejo Deliberante de Berazategui designó a la calle 136 (entre 30 y avenida Eva Perón) con su nombre.

Buenos Aires

El video se hizo viral y agresor está identificado pero la Justicia no actúa, mientras una mujer espera protección

Un video que muestra una paliza brutal a una mujer se viralizó en las últimas horas, el agresor ya fue identificado y la asociación civil Madres que rompen el silencio exigió medidas urgentes al Departamento Judicial de Azul, denunciando una peligrosa demora institucional ante pruebas audiovisuales contundentes.

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La golpearon en video, al agresor lo identificaron, y la Justicia todavía no actuó.

Las imágenes son inequívocas: un hombre revisa el teléfono de su pareja, la confronta y le propina una brutal paliza mientras ella ruega que se detenga. El video, filmado en la localidad bonaerense de Tapalqué, se viralizó en las últimas horas y permitió identificar al agresor, presuntamente Rodrigo Carrica. Pese a la existencia de pruebas audiovisuales contundentes, la respuesta judicial tardó en llegar; una demora que organizaciones de mujeres calificaron como violencia institucional.

La asociación civil Madres que rompen el silencio, con sede en Río Negro, tomó conocimiento directo del caso y se constituyó en interlocutora ante las autoridades del Departamento Judicial de Azul, el fuero con competencia sobre Tapalqué. La organización presentó el material probatorio disponible, que incluye los registros fílmicos y fotográficos de la agresión, y exigió una respuesta estatal inmediata.

El reclamo: medidas urgentes ante la demora judicial

La entidad formalizó un reclamo ante el Departamento Judicial de Azul con tres exigencias centrales: la intervención urgente para revisar y agilizar el accionar de las dependencias judiciales y policiales locales; el dictado inmediato de medidas de protección y restricción perimetral eficaces para resguardar la integridad psicofísica de la víctima; y el cese absoluto de las dilaciones burocráticas frente a la existencia de pruebas audiovisuales explícitas.

«No se puede seguir tolerando que la burocracia judicial desampare a quienes denuncian», advirtió la organización, que también alertó sobre el riesgo concreto que implica cada hora de demora en casos donde la víctima convive o tiene contacto con su agresor. Madres que rompen el silencio comunicó que se mantendrá en estado de alerta comunitaria hasta que las garantías constitucionales y de seguridad sean cumplidas de manera efectiva.

Violencia institucional por omisión

La denuncia pone sobre la mesa un problema estructural del sistema judicial argentino frente a la violencia de género: la brecha entre la disponibilidad de prueba y la velocidad de la respuesta institucional. La organización usó una categoría precisa para nombrarlo: «la violencia institucional por omisión o demora también es una forma de violencia que perpetúa el peligro». En ese encuadre, la inacción no es un vacío neutral sino un acto que habilita la continuidad de la agresión.

El caso de Tapalqué no es un hecho aislado. La Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres establece con claridad el deber del Estado de actuar con la debida diligencia frente a situaciones de riesgo. El incumplimiento de ese mandato en contextos donde existe material probatorio disponible no solo representa una falla procesal, sino una responsabilidad estatal en los términos de los estándares internacionales de derechos humanos.

Lo que tenés que saber:

  • Un video viral muestra a un hombre, presuntamente Rodrigo Carrica, golpear brutalmente a su pareja en Tapalqué, provincia de Buenos Aires.
  • La asociación civil Madres que rompen el silencio denunció una alarmante demora de la Justicia local a pesar de contar con pruebas audiovisuales contundentes.
  • La organización exigió al Departamento Judicial de Azul medidas urgentes de protección, restricción perimetral y cese de dilaciones burocráticas.
  • La entidad advirtió que la omisión y la demora judicial son en sí mismas una forma de violencia institucional que prolonga el peligro para la víctima.
  • La organización anunció que se mantendrá en estado de alerta hasta que se garantice efectivamente la seguridad de la mujer agredida.
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