G.A., el padre de la nena de 12 años que cursa un embarazo tras un abuso intrafamiliar ocurrido en Caribaldi, una pequeña localidad de 400 habitantes ubicada en el sur del departamento Castellanos, provincia de Santa Fe, será imputado este miércoles en una audiencia que tendrá lugar en tribunales y que será encabezada por el juez penal Martín Torres. La nena aún no pudo acceder al proceso de interrupción legal del embarazo.

La imputación estará a cargo de la fiscal del área de Delitos Sexuales, Alejandra Del Río Ayala, que se encuentra a cargo de la investigación judicial, cuyo inicio se dio a partir de que la menor denunció que la gestación de su embarazo fue a partir de que sufrió reiterados abusos por parte de su padre de 42 años.

Una organización antiderechos capturó a la niña que había solicitado una interrupción del embarazo luego de ser abusada sexualmente por su progenitor. Tenía agendado un turno para el lunes pasado, pero el fin de semana fue retenida junto a su madre y se le impidió asistir.

La asociación civil Grávida las contactó para intentar convencer a la niña de que no abortara. Ambas fueron encontradas en una de sus sedes, la “Casa Hermanas de Betania”. A través de un comunicado, el gobierno de la provincia sostuvo que esta organización vinculada a la iglesia católica “antepuso su objeción de conciencia frente a un derecho ya adquirido y sacó a la niña y a su madre fuera de la esfera del Estado”.

La niña está transitando el segundo trimestre del embarazo y estaría a tiempo de acceder a una Interrupción Voluntaria del Embarazo. La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia dispuso “una medida de protección excepcional transitoria para resguardar a la niña, garantizar sus derechos y escuchar su voz”.

Ahora, la niña se encuentra internada junto a su madre en un hospital público de Santa Fe y según informó la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, Patricia Chialvo, las autoridades aguardarán a que «se tranquilice» para tomar una decisión.

Por otra parte, Chialvo dijo que «se está evaluando» si el Estado accionará contra la asociación Grávida, ya que la prioridad era rescatar a la niña, para lo cual se dictó una medida de protección excepcional.