Conectate con El Argentino

Judiciales ⚖️

L- Gante pidió la excarcelación tras cambio de calificación

Publicado hace

#

La nueva defensa de Elián Valenzuela, el cantante de cumbia 420, más conocido como L-Gante, pidió hoy su excarcelación extraordinaria tras el cambio de calificación que dispuso el juez de la causa en la que está detenido acusado de amenazar y privar de la libertad a dos vecinos en la localidad bonaerense de General Rodríguez, informaron fuentes judiciales.

“El panorama cambió totalmente. Quitaron de la calificación el agravante del uso de armas y quedaron los delitos como simples. Por eso, hoy mismo presentamos el pedido de excarcelación extraordinaria y nuestros fundamentos para que el juez la otorgue”, dijo el abogado Juan Pablo Merlo, quien reemplazó la semana pasada a Alejandro Cipolla en la defensa del músico.

El letrado explicó que “la excarcelación puede ser bajo caución juratoria, es decir de palabra, constituyendo un domicilio, o subsidiariamente puede ser con el monitoreo electrónico, a través de una tobillera”.

El planteo de la defensa se dio luego de que ayer el juez de Garantías 2 de Moreno-General Rodríguez, Gabriel Castro, hiciera lugar a un cambio parcial en la calificación de los delitos que le imputan a L-Gante.En relación al denominado Hecho 1, que tuvo como víctima al denunciante Darío Gastón Torres, Valenzuela quedó imputado de “privación ilegítima de la libertad en concurso ideal con amenazas coactivas”; por el Hecho 2, con Rosa Passi de damnificada, se lo acusa por “privación ilegítima de la libertad simple en concurso ideal con amenazas simples», mientras que el Hecho 3 es la “tenencia simple de estupefacientes” por los 40 gramos de marihuana secuestrados en uno de los allanamientos.

Antes, los delitos estaban agravados “por el uso de armas y por perpetuarse contra un miembro del poder público”.

En la misma resolución, el juez Castro rechazó ayer la excarcelación ordinaria que había pedido la primera defensa de L-Gante, pero le dio la oportunidad al nuevo abogado, Merlo, de presentar sus fundamentos para el análisis de una excarcelación del tipo “extraordinaria”, además de solicitarle que aporte “un domicilio constatable en el cual habitaría su asistido ante el eventual caso de un resultado favorable del instituto solicitado”, lo que el letrado hizo en la presentación de hoy.

El mismo juez Castro ya había rechazado el miércoles último un pedido de cese de detención formulado por el primer abogado, en base a un video donde supuestamente se veía que el denunciante ascendía de manera voluntaria al auto del cantante y que para el magistrado no contradecía la versión de esa víctima.

La denuncia que derivó en el arresto del cantante fue realizada el 27 de mayo último por Torres, vecino de la familia de Valenzuela, que reside en el barrio Bicentenario de General Rodríguez, en el oeste del conurbano.

Según las fuentes, la mañana de ese día, a la salida del local bailable «Río» ubicado en esa localidad, hubo un incidente con varios jóvenes integrantes de la denominada «La Mafilia», el grupo de amigos y músicos al que pertenece L-Gante.

Cuando Torres se retira del boliche para dirigirse a su casa, comenzó a recibir amenazas por parte de Valenzuela: «Te metiste con La Mafilia, te metiste con la 420, ya vas a ver lo que te va a pasar».

Tras ello, siempre según la denuncia, integrantes de ese mismo grupo fueron hasta su casa y lo agredieron físicamente tanto a él como a su familia y luego pasó un BMW blanco conducido por Valenzuela, que bajó el vidrio, le apuntó con un arma y subió al auto a Torres.

A los pocos metros, también fue interceptada y obligada a subir al mismo rodado una joven, vecina del músico, que había participado de la primera discusión con los amigos de L-Gante, según la denuncia.

Luego y siempre según los dichos del abogado denunciante, algunos integrantes de «La Mafilia» fueron demorados por la Policía y L-Gante regresó hacia donde estaba el móvil, bajó el vidrio y les dijo a los agentes: ‘Largame a los pibes o a éste te lo mato'», en referencia a la víctima que estaba retenida dentro de su BMW.

En ese momento, de acuerdo a la denuncia, el cantante de la cumbia 420 llamó a otra persona al que identifica con un apodo y le dice: «Preparame el campito que a este perejil lo matamos ahí».

Torres permaneció 23 minutos cautivo, hasta que L-Gante recibió una llamada en la que le aseguraban que sus amigos habían sido liberados por la Policía y liberó a las víctimas.La denuncia fue corroborada luego por decenas de cámaras de seguridad, por la geolocalización de los teléfonos celulares y por la declaración de los policías, otros testigos y familiares de las víctimas.

Con la prueba reunida, la fiscalía solicitó la detención de Valenzuela ante el Juzgado de Garantías 2, quien convalidó el pedido y dispuso cuatro allanamientos el 6 de junio, uno de ellos en el sector 1 del country del Club Banco Provincia, donde finalmente el músico fue detenido.

En los procedimientos se secuestraron el auto BMW; cuatro réplicas de armas de fuego, dos de ellas tipo pistolas, las otras dos tipo fusil; cinco celulares iPhone y 40 gramos de marihuana.

Córdoba

El TSJ de Córdoba liberó a Paola Ortiz tras 13 años presa por parir sola

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba redujo la condena de prisión perpetua a 13 años y nueve meses, tiempo que la mujer ya cumplió, al incorporar perspectiva de género y reconocer el contexto de violencia, pobreza extrema y desprotección en que ocurrió el parto. El fallo marca un precedente en la justicia cordobesa y fue impulsado por más de diez organizaciones de derechos humanos y feministas.

Publicado hace

#

La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba ordenó la libertad de Paola Verónica Ortiz, quien cumplía una condena a prisión perpetua desde 2015 por la muerte de su hija recién nacida. El máximo tribunal provincial fijó una pena de 13 años, 9 meses y 26 días, período que la mujer ya cumplió en detención, y resolvió su liberación inmediata. El hecho que motivó la causa ocurrió el 31 de octubre de 2012 en la localidad de Villa Nueva, Córdoba, cuando Ortiz atravesó un parto en absoluta soledad y sin asistencia médica.

Una condena perpetua ignoró el contexto

En el juicio original, la causa fue recalificada como homicidio calificado por el vínculo y derivó en la máxima pena prevista por el Código Penal. Sin embargo, el TSJ determinó que aquella sentencia ignoró las múltiples condiciones de vulnerabilidad que atravesaba la mujer al momento del hecho.

Las pericias incorporadas al expediente revelaron que Ortiz, que tenía 29 años en ese momento, presentaba un nivel intelectual inferior al promedio para su edad, antecedentes de abuso y abandono, y que al momento del parto se encontraba en un estado de desubjetivización que la llevó a actuar sin plena conciencia de sus actos.

El fallo también ponderó la violencia psicológica y económica que ejercía sobre ella su expareja, y el sometimiento al que la sometía su exsuegro, quien le exigía relaciones sexuales a cambio de un techo y la amenazaba ante la posibilidad de un embarazo con otro hombre. El TSJ cuestionó además que el juicio original la juzgara desde el mandato idealizado de la «buena madre» y que se le exigiera responsabilidad penal sin considerar que dio a luz sola, sin red de apoyo ni acceso al sistema de salud.

Perspectiva de género y estándares internacionales

Al reconsiderar la condena, el Tribunal aplicó un enfoque integral de género y los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre emergencias obstétricas en contexto de pobreza. El fallo no implicó una absolución, sino una reducción de la pena que, al coincidir con el tiempo ya cumplido, habilitó la liberación. El TSJ estableció así un precedente judicial relevante para el tratamiento de casos en que mujeres en situación de extrema vulnerabilidad enfrentan consecuencias penales derivadas de partos no asistidos.

Más de diez organizaciones impulsaron la revisión

La causa por la libertad de Paola Ortiz fue sostenida durante años por una articulación amplia de organizaciones feministas y de derechos humanos que se presentaron como amicus curiae ante el tribunal. Entre ellas figuran el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI), la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), la Asociación Civil Abogadas por Chaco, la Asociación Civil El Telar y Católicas por el Derecho a Decidir, entre otras. La campaña por su liberación se sostuvo bajo la denominación Mesa por la Libertad de Paola Ortiz y logró instalar el caso en la agenda pública como un paradigma de la criminalización de las mujeres pobres en el sistema judicial.

Si vivís una situación de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda llamá gratis al 144, mandá un mensaje al 11 5050 0147 o por WhatsApp al +54 911 2771 6463. También podés descargar acá una app para recibir ayuda de profesionales.

Seguir leyendo
El Argentino

El Argentino
El Argentino

Las más leídas

Descubre más desde El Argentino Diario

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo