Cultura
Conoce algunos aspectos claves sobre la regulación de los casinos digitales en Chile
Un proyecto de ley prometedor.
Antes de que finalice este año, se espera que la comisión de hacienda del senado
chileno apruebe finalmente el proyecto de regulación de las plataformas de casinos y
apuestas digitales, el cual ya tiene el visto bueno por parte de la cámara de diputados.
Este proyecto de ley es de suma importancia pues contiene todas las medidas
necesarias que impulsarán la competencia en este pujante mercado que lleva años en
territorio legal gris y por consiguiente, fomentar la consolidación de los mejores
casinos online Chile 2025 .Conozcamos algunos de sus aspectos legales más
relevantes.
Requisitos estrictos para operadores
El proyecto de ley, aprobado por la Cámara de Diputados en diciembre de 2023,
establece una serie de requerimientos robustos para los operadores de casinos online
que deseen obtener una licencia de la Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos
de Azar (SCJ). Una de las medidas claves es que las plataformas deben constituirse
como sociedades anónimas cerradas en Chile, con un capital mínimo de 2.000 UTM
(aproximadamente 75,000 dólares) y un máximo de 10 accionistas.
Además, deben operar bajo dominios “.cl” y cumplir con estándares técnicos internacionales, como sistemas de cifrado SSL y protección de datos. Estas medidas aseguran que solo
operadores con solvencia económica y capacidad técnica puedan participar, elevando
el estándar del mercado. La exigencia de licencias generales de cinco años, renovables,
y licencias temporales de seis meses para eventos específicos, fomenta la entrada de
nuevos actores, promoviendo un mercado semiabierto que equilibra calidad y
competencia.
Fiscalidad y recaudación
La estructura tributaria del proyecto es un pilar fundamental para fomentar la
competencia y generar ingresos fiscales. De acuerdo con el proyecto regulatorio, los
operadores estarán sujetos a un impuesto específico del 20% sobre los ingresos
brutos, un IVA por servicios de entretenimiento digital y una tarifa anual de 1,000
UTM.
Además, las plataformas de apuestas deportivas deben destinar un 2% de sus
ingresos a las federaciones deportivas nacionales. Estas medidas, que se espera
generen más de 80 millones de dólares anuales, nivelan el campo de juego al
equiparar la tributación de los casinos online con la de los casinos físicos. La posibilidad de recuperar créditos fiscales por servicios como publicidad y software incentiva a los operadores a invertir en Chile, atrayendo tanto a empresas locales
como internacionales y fomentando un entorno competitivo.
Combate al juego ilegal
El proyecto otorga a la SCJ, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para
el Mercado Financiero (CMF). Todas ellas son herramientas esenciales para combatir
las aproximadamente 900 plataformas no autorizadas que operan en Chile. Las
medidas incluyen el bloqueo de sitios web ilegales, la prohibición de transacciones
financieras hacia plataformas no reguladas y restricciones en la publicidad de
operadores sin licencia. Estas acciones, respaldadas por un sistema de monitoreo con
software especializado, aseguran que solo las plataformas reguladas puedan competir
en el mercado. Al reducir la presencia de operadores ilegales, que no pagan impuestos
ni garantizan la seguridad del jugador, el proyecto crea un entorno donde las
plataformas autorizadas pueden destacar por su calidad y confiabilidad, incentivando
la inversión y la innovación.
Promoción del juego responsable
La protección al jugador es un componente clave de este proyecto, fortaleciendo la
confianza en el mercado regulado. Entre las medidas orientadas al juego responsable
destacan que, las plataformas deben implementar medidas como la limitación de una
cuenta por usuario, sistemas de autoexclusión unificados para casinos físicos y online,
y la prohibición de cuentas para menores de edad y deudores de pensión alimenticia.
Además, los operadores deben destinar al menos un 1% de sus ingresos brutos a
iniciativas del juego responsable.
Cultura
Más destrucción de Milei: buscan derogar la Ley que protege a las librerías
Un anteproyecto impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado propone eliminar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera. Libreros, editoriales y entidades del sector alertaron que la medida favorecería la concentración del mercado, pondría en riesgo a las librerías independientes y afectaría la bibliodiversidad en la Argentina.
El Gobierno nacional impulsa un anteproyecto para derogar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera y la iniciativa encendió las alarmas en toda la cadena del libro. Desde editoriales, librerías independientes y cámaras del sector advirtieron que la eliminación de la norma favorecería la concentración del mercado, reduciría la oferta editorial y pondría en riesgo cientos de comercios dedicados a la venta de libros en todo el país.
La iniciativa fue elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, y apunta a eliminar una legislación vigente desde hace más de dos décadas que establece el precio único de venta al público para los libros.
Qué establece la Ley de Defensa de la Actividad Librera
La Ley 25.542, sancionada en 2001 y vigente desde 2002, obliga a que cada libro tenga el mismo precio de venta en cualquier librería del país, independientemente del canal comercial donde se adquiera.
La norma contempla excepciones para determinadas operaciones, como descuentos de hasta el 10% durante ferias del libro o ventas a bibliotecas e instituciones culturales, y rebajas de hasta el 50% para compras destinadas a programas públicos de distribución gratuita. También excluye a libros usados, de colección, artesanales, descatalogados o importados a precio de saldo.
El objetivo de la ley fue evitar que grandes cadenas comerciales o plataformas con mayor poder económico utilicen los libros como producto de atracción mediante descuentos imposibles de igualar para las librerías independientes.
El sector advirtió por el impacto de la derogación
La posible eliminación de la norma recibió un amplio rechazo de las principales entidades vinculadas al mundo editorial.
Desde la Cámara Argentina del Libro (CAL) sostuvieron que el precio único «es la herramienta fundamental para proteger a las librerías independientes y a las editoriales pymes frente a la concentración del mercado», además de garantizar el acceso federal a la lectura y preservar la bibliodiversidad.
En la misma línea, la Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI) consideró que la iniciativa constituye «un ataque contra la cultura» y remarcó que cada librería representa un espacio de encuentro, promoción de nuevos autores y desarrollo de la industria editorial.
La Fundación El Libro, organizadora de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, también expresó su preocupación y afirmó que la legislación permitió sostener durante más de veinte años una amplia red de librerías independientes en todo el territorio nacional, reconocida internacionalmente por su diversidad y alcance.
Advierten por el futuro de las librerías de barrio
Libreros de distintas provincias coincidieron en que la derogación pondría en desventaja a los comercios independientes frente a las grandes cadenas y plataformas de venta online.
María Eugenia Ajamil, responsable de Boutique del Libro de Ushuaia, sostuvo que la normativa permitió que libros de editoriales pequeñas llegaran a todos los rincones del país y alertó que, sin esa protección, «solo sobrevivirán los títulos más rentables».
En el mismo sentido, Giselle Ale, titular de Fray Mocho y Libros de la Arena, de Mar del Plata, recordó que la ley «no le cuesta un peso al Estado» y aseguró que garantiza condiciones equitativas de competencia entre librerías independientes, cadenas comerciales y plataformas digitales.
Desde el sector también remarcaron que la experiencia internacional muestra que, en los países donde se eliminó el precio único del libro, desaparecieron numerosas librerías independientes y el mercado quedó concentrado en pocos actores, con una oferta editorial más reducida y menos espacio para autores emergentes y editoriales de menor escala.
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