La Ministra de Trabajo, Raquel ‘Kelly’ Olmos, ha presentado hoy los pormenores de las medidas adoptadas por el Gobierno para paliar los efectos de la devaluación en los salarios, afirmando que estas acciones se toman en base a la soberanía de decisión del país. En una rueda de prensa en la sede de la cartera laboral, detalló que los trabajadores que ganaron menos de 400 mil pesos en agosto, tanto del sector público como privado, recibirán una suma fija de 60 mil pesos en dos cuotas a pagarse en septiembre y octubre.

Las condiciones del bono varían para distintos tamaños de empresas: las microempresas recibirán el bono en su totalidad a cargo del Estado, en pymes se cubrirá el 50%, que se puede imputar a aportes patronales, mientras que las grandes empresas serán responsables de abonarlo íntegramente. Además, los empleados domésticos obtendrán 25 mil pesos en dos cuotas proporcionales a su carga horaria, y el Estado reembolsará el 50% a empleadores con ingresos inferiores a 1.5 millones de pesos y sin bienes personales pagados en 2022.

Frente a la inquietud sobre si estas medidas afectarán las paritarias, Olmos reiteró que estas negociaciones siguen siendo libres y son un pilar de la democracia del país. La ministra también invitó a las provincias a adoptar enfoques similares y afirmó que las decisiones se tomaron como parte de la capacidad de decisión del Gobierno nacional. En relación con su impacto en las elecciones, Olmos enfatizó que este dependerá de la movilización de la militancia política.

En cuanto a las razones detrás de las medidas, Olmos destacó que buscan proteger a los trabajadores y a los sectores vulnerables en una situación de restricciones extremas, principalmente por la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Comparó al FMI con un usurero del vecindario que busca condicionar la autonomía del Gobierno. A pesar de cumplir con los pagos al FMI, el objetivo es mantener la independencia en las decisiones en el marco de la situación heredada.

Olmos concluyó explicando que estas acciones se integran en un programa más amplio que incluye control de precios y un programa de créditos subsidiados a través de la Anses. Estas medidas están diseñadas para ayudar especialmente a los trabajadores de bajos ingresos, aliviando el impacto inflacionario derivado de la devaluación y ofreciendo un apoyo inmediato. La Ministra subrayó la importancia de la colaboración entre el Estado y las empresas en estos esfuerzos para proteger a los hogares trabajadores y facilitar la reducción de la deuda.