La incertidumbre y la preocupación en el sector constructor por el futuro de la obra pública en el país, tras el anuncio del gobierno electo de Javier Milei de buscar suspender la obra pública y estimular inversión privada, motivó esta semana varias manifestaciones públicas en rechazo a la iniciativa y la advertencia sobre el riesgo que corren más de 200 mil trabajadores del sector.

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) planteó un estado de «preocupación» y «alerta» a raíz de «las manifestaciones mediáticas realizadas por el presidente electo, Javier Milei, en materia de obras públicas que, de concretarse, pondrían en riesgo la continuidad laboral de 220 mil trabajadores constructores».

En este sentido, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, afirmó esta semana que «ya hay telegramas de despidos en las empresas por los dichos de Milei».

«Las empresas emiten facturas con 60 días de antelación normalmente y están diciendo que no van a ejecutar más si no se les paga», explicó Weiss a Radio 10.

El gobierno electo tendrá un área de Obras Públicas dentro del Ministerio de Infraestructura (abarcará también Transporte, Energía, Minería y Telecomunicaciones), el cual estará a cargo de Guillermo Ferraro.

Para el titular de Camarco, si Milei concreta sus planes, habrá un «crack muy importante» en la economía al paralizar «3.500 obras que están en ejecución en todo el país con fondos nacionales», y que emplean «300.000 personas que pasarían a la calle».

Además, advirtió que «muchas empresas van a estar muy complicadas y al borde del concurso de acreedores», y también se vería afectado el trabajo indirecto porque «si la obra pública desaparece, afectará también a las fábricas de insumos».

En tanto, Uocra remarcó que «el actual gobierno tiene garantizada la ejecución de las partidas presupuestarias correspondientes hasta diciembre de este año, lo que asegura la normal ejecución y continuidad de las obras en curso, por lo cual no existen argumentos válidos que justifiquen la implementación de despidos».

El gremio sostuvo que «la construcción es un sector clave para el desarrollo del país, dinamizador de actividad económica y multiplicador de empleo genuino, ya que genera más de 1 millón de puestos de trabajo directos e indirectos».

«La obra pública es, en cualquier lugar del mundo, una inversión, no un gasto. Más aún en un país como Argentina, que requiere de un planeamiento estratégico en materia de infraestructura que contribuya al desarrollo de nuestra economía y cuenta con un déficit habitacional de aproximadamente 4 millones de viviendas», concluyó Uocra.

Otros sindicatos que manifestaron su «preocupación» fueron el de Trabajadores Viales y Afines (Stvyara) y Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina), los cuales a su vez declararon estado de alerta y asamblea permanente.

El economista de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Martín Burgos, dijo a Télam que «las obras en curso se tienen que terminar», al tiempo que consideró: «Todo cambio de esquema genera incertidumbre y eso puede precipitar despidos anticipadamente, lo cual es una señal de que las empresas no están confiando en las propuestas» de Milei.

Por su parte, el economista y director de EPyCA Consultores, Martín Kalos, contempló que «hoy la obra pública es 2% del PBI, y reducir eso tiene un impacto en empleo a lo largo y ancho de todo el país porque es un empleo federal, es decir se construye en todo el país, sea un puente, una plaza, arreglar una carretera, un camino, una calle».

Según el Ministerio de Obras Públicas actual, «gracias al impulso de la obra pública, el sector de la construcción alcanzó, en agosto de 2023, 479.856 empleos registrados, con los que se logró el récord histórico más alto, superando la mayor marca previa correspondiente a mayo de 2023 (473.571)».