El Gobierno de Javier Milei suspendió a 8.591 cooperativas y mutuales por presuntas irregularidades, según un relevamiento del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), dependiente del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello. Además, otras 7.887 organizaciones fueron intimadas a regularizar su situación bajo amenaza de perder su autorización para operar.

La administración argumentó que la medida responde a la necesidad de ordenar el sector y combatir irregularidades, pero los cuestionamientos no tardaron en surgir, especialmente desde sectores vinculados a la economía social. Las organizaciones afectadas denunciaron que la medida tiene un sesgo político, ya que muchas de las cooperativas suspendidas están asociadas a movimientos sociales críticos del gobierno.

Argumentos oficiales: una mirada cuestionable

Desde el INAES se señalaron como irregularidades el crecimiento del 139% en el registro de cooperativas entre 2019 y 2023, la falta de presentación de documentación obligatoria, como balances y actas de asamblea, y casos de personas asociadas a múltiples cooperativas. Según el organismo, estas situaciones socavan “la confianza en un sector fundamental para la economía social del país”.

Sin embargo, los críticos de la medida remarcaron la falta de transparencia en las auditorías que llevaron a la suspensión masiva. Desde organizaciones como el Movimiento Evita, el MTE, Barrios de Pie y la CCC, advirtieron que muchas cooperativas suspendidas cumplen un rol clave en la generación de empleo en sectores vulnerables y en la provisión de servicios esenciales en barrios populares.

El impacto en la economía social

Las cooperativas y mutuales cumplen un rol central en la economía popular, especialmente en un contexto de creciente precariedad laboral. Movimientos sociales vinculados a estas entidades desarrollaron programas como Potenciar Trabajo y urbanización de barrios, iniciativas ahora desfinanciadas por el actual gobierno.

Voceros de estas organizaciones subrayaron que el supuesto “ordenamiento” promovido por el INAES pone en riesgo miles de fuentes laborales y desacredita el trabajo realizado por el sector. “Estamos ante un ataque al corazón de la economía social, un sector que actúa donde el mercado no llega”, expresó un referente del Movimiento Evita.

Una medida con impacto político

Además del aspecto técnico, la decisión del gobierno fue interpretada como un acto político orientado a debilitar a organizaciones que históricamente han sido críticas de las políticas neoliberales. En este sentido, la suspensión masiva y las intimaciones parecen parte de una estrategia más amplia para desarticular el tejido social que resiste las medidas de ajuste.

Finalmente, cabe destacar que la suspensión de miles de cooperativas y mutuales pone en el centro del debate la necesidad de transparencia en las auditorías estatales bajo la administración libertaria, así como el reconocimiento del papel vital que cumplen estas organizaciones en la economía y el tejido social. La medida refleja una desconexión entre el Gobierno de Javier Milei y la realidad de los sectores populares, dejando a miles de trabajadores y trabajadoras en situación de incertidumbre.