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El Gobierno suspendió cerca de 8.600 cooperativas: golpe a la economía popular

Organizaciones sociales denunciaron el sesgo político de la medida. la falta de rigurosidad en las auditorías y el impacto en miles de empleos.

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El Gobierno de Javier Milei suspendió a 8.591 cooperativas y mutuales por presuntas irregularidades, según un relevamiento del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), dependiente del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello. Además, otras 7.887 organizaciones fueron intimadas a regularizar su situación bajo amenaza de perder su autorización para operar.

La administración argumentó que la medida responde a la necesidad de ordenar el sector y combatir irregularidades, pero los cuestionamientos no tardaron en surgir, especialmente desde sectores vinculados a la economía social. Las organizaciones afectadas denunciaron que la medida tiene un sesgo político, ya que muchas de las cooperativas suspendidas están asociadas a movimientos sociales críticos del gobierno.

Argumentos oficiales: una mirada cuestionable

Desde el INAES se señalaron como irregularidades el crecimiento del 139% en el registro de cooperativas entre 2019 y 2023, la falta de presentación de documentación obligatoria, como balances y actas de asamblea, y casos de personas asociadas a múltiples cooperativas. Según el organismo, estas situaciones socavan “la confianza en un sector fundamental para la economía social del país”.

Sin embargo, los críticos de la medida remarcaron la falta de transparencia en las auditorías que llevaron a la suspensión masiva. Desde organizaciones como el Movimiento Evita, el MTE, Barrios de Pie y la CCC, advirtieron que muchas cooperativas suspendidas cumplen un rol clave en la generación de empleo en sectores vulnerables y en la provisión de servicios esenciales en barrios populares.

El impacto en la economía social

Las cooperativas y mutuales cumplen un rol central en la economía popular, especialmente en un contexto de creciente precariedad laboral. Movimientos sociales vinculados a estas entidades desarrollaron programas como Potenciar Trabajo y urbanización de barrios, iniciativas ahora desfinanciadas por el actual gobierno.

Voceros de estas organizaciones subrayaron que el supuesto “ordenamiento” promovido por el INAES pone en riesgo miles de fuentes laborales y desacredita el trabajo realizado por el sector. “Estamos ante un ataque al corazón de la economía social, un sector que actúa donde el mercado no llega”, expresó un referente del Movimiento Evita.

Una medida con impacto político

Además del aspecto técnico, la decisión del gobierno fue interpretada como un acto político orientado a debilitar a organizaciones que históricamente han sido críticas de las políticas neoliberales. En este sentido, la suspensión masiva y las intimaciones parecen parte de una estrategia más amplia para desarticular el tejido social que resiste las medidas de ajuste.

Finalmente, cabe destacar que la suspensión de miles de cooperativas y mutuales pone en el centro del debate la necesidad de transparencia en las auditorías estatales bajo la administración libertaria, así como el reconocimiento del papel vital que cumplen estas organizaciones en la economía y el tejido social. La medida refleja una desconexión entre el Gobierno de Javier Milei y la realidad de los sectores populares, dejando a miles de trabajadores y trabajadoras en situación de incertidumbre.

Buenos Aires

Palos en la rueda: el INAES suspendió 6.667 cooperativas en plena crisis y la Provincia advierte por el empleo

La Resolución 2076/26 suspende la autorización para funcionar de entidades con documentación asamblearia y balances pendientes. En territorio bonaerense son 1.916 las suspendidas y 299 las intimadas, según el IPAC, que pidió al organismo revisar los padrones.

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6.667 cooperativas suspendidas: la Provincia le pide al INAES que revise los padrones.

Seis mil seiscientas sesenta y siete cooperativas suspendidas en todo el país, 1.916 de ellas en territorio bonaerense y otras 299 intimadas: ese es el saldo de la Resolución 2076/26 del INAES que denunció el gobierno de la provincia de Buenos Aires.

El rechazo lo expresó Gildo Onorato, titular del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), el equivalente bonaerense del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). La norma suspende la autorización para funcionar de cooperativas y mutuales que no presentaron documentación asamblearia y estados contables.

El alcance de la resolución

El INAES determinó la suspensión de la autorización para funcionar de las cooperativas y mutuales que incumplieron con la presentación de la documentación asamblearia y de los estados contables correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 6 de agosto de 2026.

Según difundió un medio especializado, la medida alcanza a las entidades inscriptas hasta el 31 de diciembre de 2024 que no cumplieron con las obligaciones previstas en las leyes 20337, de cooperativas, y 20321, de mutuales, y en las normas complementarias del organismo.

Las entidades incluidas en los anexos I a VI de la resolución no podrán realizar trámites ante el INAES hasta que regularicen su situación. Además, el organismo dispuso la instrucción de sumarios administrativos por los incumplimientos detectados.

El rechazo de la Provincia

“Repudiamos la Resolución del INAES 2076/26, que suspende 6.667 cooperativas en todo el país. Esta resolución le impide trabajar al 40% de las cooperativas de la provincia de Buenos Aires”, alertó Onorato.

El funcionario bonaerense agregó: “Venimos haciendo un esfuerzo enorme desde la provincia de Buenos Aires para sostener las fuentes de trabajo que garantizan las cooperativas y hoy nos desayunamos con la suspensión de 1916 cooperativas y 299 cooperativas intimadas en la provincia de Buenos Aires”.

El reclamo apunta al impacto sobre el empleo en un contexto de crisis económica. “Tenemos que acompañar y sostener las fuentes de trabajo, no poner más palos en la rueda a los trabajadores en esta crisis económica”, sostuvo Onorato.

Finalmente, el titular del IPAC pidió una revisión: “Le pedimos al Inaes que revea los padrones de cooperativas publicados y la situación de las miles de entidades suspendidas”.

Los plazos para regularizar la documentación

La resolución establece plazos diferenciados para las cooperativas y mutuales que obtuvieron su personería jurídica durante 2023, 2024 y 2025 y que no presentaron la documentación requerida.

Las entidades constituidas en 2023 y 2024 deberán presentar la documentación asamblearia y los estados contables adeudados dentro de los 30 días hábiles administrativos. Las constituidas en 2025 tendrán 60 días hábiles administrativos para cumplir con esa obligación.

La discusión de fondo es cuánto pesa el cumplimiento formal frente a la continuidad de las fuentes de trabajo, el eje del reclamo bonaerense, que pide revisar los padrones antes de sostener la suspensión de miles de entidades.

Lo que tenés que saber:

  • La Resolución 2076/26 del INAES suspende la autorización para funcionar de cooperativas y mutuales con documentación asamblearia y estados contables pendientes.
  • El IPAC bonaerense, que conduce Gildo Onorato, denunció la suspensión de 6.667 cooperativas en todo el país.
  • En la provincia de Buenos Aires hay 1.916 cooperativas suspendidas y 299 intimadas, según Onorato.
  • Las entidades de los anexos I a VI no pueden realizar trámites ante el INAES hasta regularizar, y se instruyen sumarios administrativos.
  • Las constituidas en 2023 y 2024 tienen 30 días hábiles administrativos para presentar la documentación; las de 2025, 60.
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