El Gobierno nacional oficializó la medida que pone en disponibilidad a 150 empleados de planta permanente del Ministerio de Economía, tras la eliminación de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. La Resolución 10/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial, establece un plazo de entre 6 y 12 meses para que el personal afectado quede en esta situación, dependiendo de cada caso particular.

Detalles de la normativa

• Estabilidad y disponibilidad: La resolución garantiza la estabilidad de los empleados afectados, pero los coloca bajo el régimen de disponibilidad, con un período máximo de 12 meses, según lo establecido en el Decreto 1421/02 y la Ley 25.164.

• Restricciones adicionales: Se limita la posibilidad de licencias sin goce de haberes, comisiones de servicios o asignaciones transitorias de funciones que involucren al personal de la subsecretaría eliminada.

• Contexto: Esta medida se enmarca en el Decreto 3/2025, que suprimió de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, profundizando las políticas de reestructuración impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

Impacto en el empleo público

La administración de Milei continúa con su política de reducción del gasto estatal a través de recortes en el empleo público. Desde diciembre de 2023 hasta noviembre de 2024, cerca de 35.936 empleados públicos perdieron su trabajo en la administración nacional.

Esta semana, además de los 150 trabajadores afectados en el Ministerio de Economía, se sumó la no renovación de 1.400 contratos en el Ministerio de Salud. Esta última medida fue celebrada por el presidente Javier Milei, quien publicó en sus redes sociales: “Sigue la motosierra. ¡Viva la libertad, carajo!”.

Críticas y consecuencias

Organizaciones gremiales y trabajadores estatales han manifestado su rechazo a estas medidas, advirtiendo sobre el impacto negativo en los servicios públicos esenciales y en las condiciones laborales. Además, se cuestiona el enfoque centrado únicamente en la reducción del gasto, sin considerar las consecuencias sociales y económicas a largo plazo.

Mientras tanto, el Gobierno sostiene que estas decisiones son necesarias para reducir el déficit fiscal y optimizar los recursos del Estado, argumentando que el achicamiento de la administración pública es un paso clave hacia la “libertad económica”.

Reacciones de los gremios y especialistas

La medida ha generado fuertes críticas de gremios estatales como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que calificaron el recorte como “un ataque directo a los trabajadores y a los servicios esenciales del Estado”. En un comunicado, ATE advirtió:

“Esta política de ajuste, lejos de resolver los problemas estructurales del país, profundiza la desigualdad y atenta contra los derechos de los empleados públicos, quienes son la columna vertebral de la atención ciudadana.”

Por su parte, especialistas en economía laboral alertaron sobre el efecto multiplicador negativo que podría generar el despido masivo de empleados públicos, tanto en el consumo como en el incremento de la desocupación, que ya se encuentra en niveles preocupantes en algunas regiones del país.

El ajuste en un año de Gobierno de Milei

Desde el inicio de su mandato, Javier Milei ha defendido su programa de “motosierra” con el objetivo de reducir el gasto público y el déficit fiscal. Entre las principales medidas implementadas se destacan:

• Eliminación de organismos y subsecretarías: En menos de un mes, se han disuelto 17 organismos y dependencias estatales.

• Revisión de contratos: Más de 10.000 contratos en distintas áreas ministeriales no han sido renovados.

• Privatizaciones: El Gobierno está evaluando la privatización de servicios públicos como agua y transporte.

Estas decisiones, aunque celebradas por ciertos sectores políticos y empresariales, han generado tensiones sociales y movilizaciones en diversas partes del país.

El impacto en el Ministerio de Economía

La Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, ahora disuelta, era responsable de la regulación y supervisión de las actividades portuarias y de navegación en el país. Su desaparición plantea interrogantes sobre cómo se gestionarán estas tareas en adelante, y si habrá consecuencias en la logística de transporte, especialmente en un país tan dependiente de la exportación de granos y otros productos a través de sus puertos.

En paralelo, la incertidumbre crece entre los empleados públicos que permanecen en funciones, quienes temen ser los próximos en enfrentar recortes o despidos.