Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el país perdió 30.633 empresas, lo que representa la destrucción del 6% del total del tejido de empleadores formales, y el ritmo de derrumbe no da señales de frenarse. Los datos oficiales lo confirman con una contundencia que el relato gubernamental no puede tapar: en apenas siete meses de 2026, la cantidad de firmas al borde del cierre ya igualó la de todo el año pasado.

La información surge de un pedido de acceso a la información pública cursado al Ministerio de Capital Humano. La respuesta oficial confirmó que hasta el 31 de julio, la Secretaría de Trabajo abrió 163 Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC), mecanismo que se activa cuando una empresa está al límite de la quiebra inminente y busca margen para aplicar suspensiones masivas o reducir el costo de las desvinculaciones. Esa cifra prácticamente empata los 164 expedientes de todo 2025 y supera con holgura los 131 de 2024.

El PPC: el último salvavidas antes del cierre

Los Procedimientos Preventivos de Crisis son administrados por la Secretaría de Trabajo y funcionan como una instancia de emergencia: habilitan a una empresa en dificultades extremas a suspender personal masivamente o abonar indemnizaciones reducidas, con el objetivo de evitar el cierre definitivo y los despidos en cascada. No son una señal de recuperación; son la última herramienta antes del colapso. Del total de expedientes abiertos en 2026, 24 derivaron en un acuerdo homologado, 42 continúan en trámite y 19 fueron cerrados o enviados a guarda temporal, según el informe enviado por el propio ministerio.

En el acumulado de los dos años y medio de gobierno libertario, los PPC totalizan 458. La comparación histórica es reveladora: tanto 2025 como la primera mitad de 2026 superan en cantidad de pedidos a 2017, uno de los años de escalada de la gestión de Mauricio Macri, cuando se registraron 158. Y están en camino a igualar 2018, con 183 trámites, ambos años marcados por desplomes del PBI de entre 2,2% y 2,5%. El pico absoluto fue durante 2020, bajo la administración de Alberto Fernández, con 498 expedientes en plena pandemia de Covid-19.

Crecimiento en el papel, crisis en el piso de fábrica

El Gobierno insiste en exhibir indicadores macroeconómicos positivos. Según el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) del INDEC, la economía creció un 2,7% interanual a junio de 2026, traccionada por la minería, la pesca, la agricultura y la energía. Pero los sectores de mayor peso en el empleo y en el PBI, como la industria, el comercio y la construcción, muestran caídas mensuales del orden del 5% en sus indicadores sectoriales.

El economista jefe de Adcap Grupo Financiero, Federico Filippini, estimó que el año cerrará con un crecimiento inferior al 3% proyectado, sosteniéndose apenas por el arrastre estadístico de 2025. La Universidad de San Andrés (UDESA) calculó que la caída del segundo trimestre de 2026 borró el rebote del primero, con una baja del 0,89%. La consultora Analytica señaló a julio como el mes de peor desempeño, con una merma proyectada del 1,1%. El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central prevé un crecimiento anual del 2,1%.

Solo en mayo de 2026 cerraron 2.371 compañías, según el relevamiento mensual de Fundar, acumulando así 16 meses consecutivos de retroceso intermensual y 27 caídas interanuales seguidas, la peor destrucción del tejido productivo en los primeros 30 meses de un gobierno en la historia reciente del país.

Cadena de pagos rota y mora que se quintuplicó

Las empresas que siguen en pie lo hacen con las alarmas encendidas. La Unión Industrial Argentina (UIA) relevó que al menos el 47% de las compañías industriales tuvo problemas para afrontar alguna de sus obligaciones financieras, y el 9,2% no pudo hacer frente a la totalidad de sus pagos. La mora en el sistema financiero refleja la gravedad de la situación con precisión: según la consultora Equilibra, el índice de irregularidad crediticia de las empresas trepó desde el 0,7% registrado en noviembre de 2024 hasta el 3,7% en julio de 2026, lo que en términos absolutos significa que las personas jurídicas en cesación de pagos pasaron de 16.212 a casi 37.500, afectando al 13,4% de todas las firmas endeudadas.

El impacto es más brutal en las pymes. Para los préstamos menores a 5 millones de pesos (el 60% del universo pyme), el nivel de irregularidad trepa al 9,3%. La Construcción (7,7%) y el Comercio (6,5%) lideran la mora por sector, dos actividades que experimentan marcadas caídas en sus niveles de PBI sectorial. Dentro de la manufactura, el sector Textiles y cuero acumula una morosidad que roza el 14,6%. Entre el tercer trimestre de 2025 y el segundo de 2026, los atrasos totales en los esquemas de pago se duplicaron.

El mecanismo de supervivencia que describe Equilibra es elocuente: ante la imposibilidad de pagar, las empresas priorizan licuar pasivos con el fisco acumulando deudas impositivas (17,3%), luego patean los giros a sus proveedores (15,3%), y solo como último recurso entran en mora bancaria (8,6%). La deuda fiscal primero, el proveedor después, el banco al final.

Cierres concretos: nombres, apellidos y pueblos vaciados

Detrás de cada estadística hay trabajadores y comunidades. La textil Will Der cerró su planta en Las Flores y bloqueó el ingreso a 120 operarios en Pacheco. La multinacional Unilever desmanteló su fábrica de vegetales deshidratados en Mendoza y expulsó a 60 operarios. La cadena marplatense Toledo abonó apenas el 40% de los salarios de julio, acumulando conflictos laborales durante el último año. La Granja Tres Arroyos desvinculó a 250 operarios de su planta avícola por la caída de precios internos y el cierre de mercados de exportación.

En San Juan, la fabricante de galletitas Tía Maruca bajó la persiana definitivamente, operando al 52% de su capacidad instalada y aplastada por el consumo deprimido. En el norte, Indumentaria Catamarca firmó su certificado de defunción para fines de mes; la empresa que llegó a tener 150 empleados cerrará con apenas 20 personas. Y la firma de electrodomésticos Peabody anunció el abandono de la producción local luego de 16 años en el país: desmantela sus máquinas para trasladar la fabricación a Paraguay, apostando a un esquema importador en el marco de un concurso preventivo que arrastra pasivos por 40.000 millones de pesos.

El ajuste libertario que el Gobierno presenta como «saneamiento» tiene un costo que no aparece en las hojas de ruta del FMI: se llama tejido productivo destruido, empleo perdido y comunidades sin industria.

Lo que tenés que saber

• En solo siete meses de 2026, los Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC) ya suman 163 expedientes, igualando los 164 de todo 2025 y superando los 131 de 2024.
• Desde diciembre de 2023, el país perdió 30.633 empleadores formales, la peor destrucción del tejido productivo en los primeros 30 meses de un gobierno.
• La mora empresarial en el sistema financiero se quintuplicó en menos de dos años, pasando del 0,7% al 3,7% entre noviembre de 2024 y julio de 2026.
• El 47% de las compañías industriales tuvo problemas para pagar alguna de sus obligaciones, según la UIA; para las pymes con créditos menores a 5 millones de pesos, la irregularidad llega al 9,3%.
• Cierres confirmados en las últimas semanas incluyen a Will Der, Tía Maruca, Indumentaria Catamarca y Peabody, con centenares de trabajadores despedidos en distintos puntos del país.