El mercado laboral argentino volvió a mostrar su cara más cruda. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el 43% de la población ocupada trabajó sin registrar durante el cuarto trimestre de 2025. El dato no sólo confirmó la magnitud del problema: también evidenció que la tendencia sigue en alza.

En comparación con el mismo período de 2024, la informalidad creció un punto porcentual. No se trató de un salto abrupto, sino de una consolidación: el empleo precario se instaló como una constante estructural, difícil de revertir en un contexto económico adverso.

Los más expuestos

Los extremos de la pirámide etaria concentraron los niveles más altos de trabajo no registrado. Entre los menores de 29 años, la informalidad rozó el 60%. En los mayores de 65, el fenómeno fue aún más marcado, reflejando la necesidad de seguir generando ingresos incluso después de la edad jubilatoria.

En ese escenario, la brecha de género profundizó las desigualdades. Las mujeres jóvenes registraron una tasa del 57,9%, lo que dejó en evidencia las dificultades adicionales que enfrentan para acceder a empleos formales.

Mujeres, las más precarizadas

El cuadro más crítico apareció en las trabajadoras mayores de 65 años: el 61,6% se desempeñó en la informalidad. Sin jubilaciones suficientes o directamente excluidas del sistema, muchas continuaron trabajando en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Una economía que absorbe, pero no incluye

El crecimiento de actividades como el reparto o mensajería o el “trabajo independiente” funcionó como válvula de escape frente al desempleo. Pero esa absorción tuvo un costo: empleos sin derechos, sin estabilidad y sin protección social.

El informe del INDEC dejó un diagnóstico incómodo. La economía genera ocupación, pero no garantiza condiciones dignas. En ese terreno, la informalidad dejó de ser una excepción para transformarse en regla.