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“Todos los días una fábrica cierra, pero ninguna abrió en dos años”: alerta de metalúrgicos, tras desplome del 44,3%

Carlos Gutiérrez, secretario general de la CGT Zárate-Campana, advirtió sobre el cierre masivo de fábricas mientras la actividad metalúrgica cayó 4,6% interanual en octubre. La utilización de capacidad instalada se desplomó al 44,3%, uno de los niveles más bajos de la historia.

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★ La economía argentina atraviesa un proceso de «industricidio» que está reemplazando empleos industriales por trabajos precarizados en aplicaciones como Uber o Rappi, alertó Carlos Gutiérrez, secretario general de la CGT de Zárate-Campana y mando medio de Toyota. La denuncia del dirigente sindical se produce en un contexto de fuerte retroceso de la actividad metalúrgica y cierre sostenido de fábricas durante el primer año del gobierno de Javier Milei.

«Todos los días una empresa se achica, suspende, despide o directamente cierra, pero ¿qué empresas abrieron en estos dos años? Ninguna», advirtió Gutiérrez, quien además disputa la conducción nacional de la Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la Argentina (ASIMRA).

Los números de la debacle industrial

La actividad en la industria metalúrgica cayó 4,6% interanual en octubre, según el informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA). Este retroceso borró los pequeños avances que el sector había conseguido desde el año pasado. En términos mensuales, hubo un leve movimiento positivo del 0,3%, pero resultó insuficiente para compensar las fuertes contracciones previas.

El dato más alarmante es que, en lo que va de 2025, el crecimiento acumulado es prácticamente nulo (0,1%) y la producción está 17,7% por debajo de los niveles de mediados de 2023. La utilización de la capacidad instalada se desplomó al 44,3%, uno de los valores más bajos de toda la serie histórica, similar a los meses más duros de la pandemia. En otras palabras, más de la mitad de las máquinas del sector metalúrgico están paradas o trabajando a medias.

«Industricidio»: la continuidad de Martínez de Hoz y Cavallo

Gutiérrez, psicólogo social de profesión, no ahorró críticas al modelo económico libertario. «Al programa económico le pueden poner el nombre que quieran, pero nosotros lo llamamos industricidio, continuidad de Martínez de Hoz y Cavallo, que significa pérdida de la capacidad productiva y el capital social acumulado por generaciones de argentinos», afirmó.

La referencia a José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía de la última dictadura militar, y a Domingo Cavallo, impulsor de las privatizaciones y la convertibilidad en los años 90, no es casual. Ambos períodos están marcados en la memoria colectiva argentina como etapas de profunda desindustrialización y desmantelamiento del aparato productivo nacional.

La autocrítica sindical y el voto obrero a Milei

Las críticas de Gutiérrez también apuntaron hacia un sector del sindicalismo, en particular hacia Luis García Ortiz, quien conduce ASIMRA a nivel nacional desde hace cuarenta años y con quien mantiene un conflicto judicial en reclamo de «elecciones limpias».

«Los sindicatos siempre tuvimos, además de la responsabilidad de discutir salarios, la de crear conciencia nacional y conciencia de clase. Yo observo que el nuestro se desentendió de esa obligación y eso explica, al menos en parte, que haya pibes que laburan en una fábrica pero votan a Milei y celebran las importaciones», señaló.

El dirigente planteó una autocrítica poco frecuente en el movimiento obrero tradicional. «Milei supo interpelarlos y nosotros no. ¿Esos pibes de veintipico no nos están diciendo algo? No podemos seguir ignorando esa realidad. Peor, no podemos enojarnos con ellos, tratarlos de estúpidos», advirtió.

Tecnología, trabajo y la necesidad de un debate urgente

Gutiérrez consideró urgente «discutir la robotización, la incorporación de IA, los cambios drásticos que la tecnología le impone al mundo laboral». Sin embargo, aclaró que la discusión no debe plantearse desde la oposición, «sino para encontrar la integración más inteligente desde el interés de los trabajadores».

«Siempre hay opciones. Brasil, nuestro vecino y socio comercial, acaba de aprobar una reforma tributaria que es justicia social, es una de las cabezas de los BRICS, tiene mercados de exportación para hacer dulce. El que no esté en condiciones de llevar adelante esa pelea, que se vaya a la casa a disfrutar de los nietos», afirmó.

La trampa del cuentapropismo: Uber y Rappi como espejismo

Uno de los señalamientos más contundentes del sindicalista apuntó a desmontar la narrativa oficial que presenta el trabajo en aplicaciones como solución al desempleo. «Ahora el desempleo se barre bajo la alfombra del cuentapropismo: autos para Uber y motos para Rappi. Pero es mentira que eso es laburo, es una especie de ilusión», denunció.

Gutiérrez desglosó la trampa económica detrás de estas plataformas: «Si metés en la cuenta el mantenimiento del auto, el desgaste, lo que hacés es comerte el capital. Y encima, manejando doce horas por día o más. Si compraste un auto cero y lo vendés con más de trescientos o cuatrocientos mil kilómetros, ¿cuánto perdiste? Además, ¿quién le presta guita a un chofer precarizado para renovar su unidad?».

El análisis del dirigente expone una realidad que excede las estadísticas oficiales: el reemplazo de empleo industrial registrado, con derechos laborales y protección sindical, por formas de trabajo precarizado que obligan al trabajador a asumir todos los costos y riesgos de la actividad, sin ninguna de las garantías del empleo formal.

Un modelo que destruye el tejido productivo

La denuncia de Gutiérrez se inscribe en un contexto más amplio de profunda transformación regresiva de la estructura económica argentina. De acuerdo a datos del INDEC y análisis de cámaras empresariales consultados por medios especializados, el sector industrial ha sido uno de los más castigados por las políticas de apertura comercial indiscriminada y la falta de protección a la producción nacional implementadas desde diciembre de 2023.

Organizaciones sindicales de diversos sectores han alertado que el cierre de fábricas no solo implica la pérdida de puestos de trabajo directos, sino la destrucción de cadenas de valor completas, la desaparición de conocimiento técnico acumulado y la pérdida de soberanía económica.

El interrogante que plantea el dirigente de Zárate-Campana es si la sociedad argentina está dispuesta a aceptar la sustitución definitiva de su base industrial por un modelo de servicios precarizados, o si todavía es posible una discusión sobre qué tipo de desarrollo productivo se necesita para garantizar trabajo digno y desarrollo soberano.

Puntos clave:

• La actividad metalúrgica cayó 4,6% interanual en octubre y la producción está 17,7% por debajo de los niveles de mediados de 2023

• La utilización de capacidad instalada se desplomó al 44,3%, uno de los valores más bajos de la historia, similar a los meses de la pandemia

• Carlos Gutiérrez denunció que el modelo económico actual es un «industricidio» que continúa las políticas de Martínez de Hoz y Cavallo

• El sindicalista advirtió que se está reemplazando empleo industrial por trabajo precarizado en aplicaciones como Uber y Rappi

• Gutiérrez planteó una autocrítica sindical sobre la necesidad de interpelar a los trabajadores jóvenes y discutir los cambios tecnológicos desde el interés de los trabajadores

Buenos Aires

Chapadmalal vuelve a la Provincia: el Senado bonaerense le pone freno al negocio de Milei

El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó por mayoría el proyecto de la senadora Fernanda Raverta para recuperar la Unidad Turística Chapadmalal, cedida originalmente por la Provincia a la Nación con destino exclusivo al turismo social. La iniciativa instruye a la Fiscalía de Estado a iniciar acciones judiciales contra el gobierno nacional por «desnaturalización del fin social» del complejo, mientras el gobierno de Javier Milei planea entregarlo en concesión a privados por 30 años.

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De más de 84.000 personas alojadas en 2023, el complejo de Chapadmalal pasó a cero turistas en 2025 y 2026. Ese dato brutal resume lo que el gobierno de Javier Milei hizo con uno de los emblemas históricos del turismo social argentino: un predio construido en los años 40 para que los trabajadores, los niños y los jubilados pudieran conocer el mar con hospedaje de calidad y pensión completa, ahora en camino a convertirse en un negocio privado.

El martes, el Senado bonaerense respondió con una decisión política concreta. El bloque peronista Fuerza Patria impulsó y logró la media sanción del proyecto de ley presentado por la senadora marplatense Fernanda Raverta, que declara la voluntad del Estado provincial de recuperar la titularidad y la administración de la Unidad Turística Chapadmalal (UTC) e instruye a la Fiscalía de Estado bonaerense a iniciar las acciones judiciales necesarias para exigirle a la Nación la devolución del predio. El expediente, registrado como E 120 2026-2027, pasa ahora a la Cámara de Diputados provincial para completar su tratamiento legislativo.

Un predio cedido con una condición que Milei ignoró

El origen jurídico del conflicto es claro: la Provincia de Buenos Aires cedió originalmente los terrenos de Chapadmalal al Estado nacional con un fin específico e irremplazable, el turismo social. Construido entre 1948 y 1949 durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón y diseñado por el arquitecto Alejandro Bustillo como parte de una política de democratización del descanso, el complejo fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2013. La administración de Javier Milei ignoró ese mandato de origen y avanzó en dos movimientos concretos: el Decreto 216/2025 eliminó la obligación del Estado de prestar servicios de turismo social, y la Resolución 129/2026, publicada en el Boletín Oficial, oficializó el pase a disponibilidad de la totalidad del personal de las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse, en Córdoba.

El plan del gobierno nacional es concesionar el complejo de Chapadmalal a privados por un plazo de 30 años y subastar el complejo de Embalse. Para el ministerio de Gobierno bonaerense, encabezado por Carlos Bianco, se trata de una «trampa administrativa»: primero se declara que el predio está «subutilizado», luego se quita el personal y finalmente se habilita la venta o la concesión directa. Bianco ya formalizó ante la administración nacional el pedido de transferencia inmediata del complejo a la órbita provincial.

La ley que activa la Fiscalía de Estado

El proyecto aprobado en el Senado bonaerense va más allá de una declaración de intenciones. La norma declara «la voluntad» del Estado provincial de «recuperar la titularidad de dominio y asumir la administración de los inmuebles que integran la Unidad Turística Chapadmalal debido a la desnaturalización del fin social para el cual fueron afectados» e instruye a la Fiscalía de Estado a «interponer las acciones judiciales y medidas cautelares necesarias ante las jurisdicciones competentes, a fin de obtener la reivindicación, restitución o retrocesión de los inmuebles que integran la UTC fundadas en la desviación de su finalidad pública, el incumplimiento del cargo de uso social originario y la defensa del patrimonio histórico y social».

Durante el debate, Raverta colocó el conflicto en términos de modelo de país: «Chapadmalal no es solamente un complejo hotelero, es un modelo de país. Para algunos, es un activo que puede venderse al mejor postor. Para nosotros, es parte de la historia de la Argentina, del derecho de los trabajadores al descanso y de una política pública que permitió que miles de familias fueran al mar por primera vez». La senadora también recordó que «cuando esta provincia decidió ceder su tierra a un gobierno nacional para que construyera ese complejo, fue con ese objetivo, y ahora el Gobierno nacional no lo está cumpliendo».

La oposición apoyó la privatización

El proyecto fue aprobado por mayoría, con la votación en contra del senador del PRO y exintendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, quien avaló el modelo de Milei para la concesión privada del predio. Montenegro sostuvo que «la única forma de progreso no puede ser siempre el Estado», un argumento que el peronismo bonaerense rechazó de plano en el recinto. La postura del PRO y de La Libertad Avanza significó, en los hechos, respaldar que un complejo declarado Monumento Histórico Nacional y construido para los trabajadores quede en manos de empresarios privados durante tres décadas.

Kicillof: «Marcha a un negocio inmobiliario»

El gobernador Axel Kicillof ya había trazado el diagnóstico con precisión. «Me parece que, como ha hecho con todo, marcha a un negocio inmobiliario», declaró durante una visita a Mar del Plata, al ser consultado sobre el futuro del complejo. «La onda viene de demolición y destrucción», agregó el mandatario bonaerense, quien exigió que, si la Nación decide desprenderse del predio, la administración sea transferida en forma inmediata a la Provincia. El ministro de Turismo bonaerense, Augusto Costa, sintetizó el impacto con un dato que no admite interpretación: «De alojar a más de 84.000 personas en 2023, pasamos a cero turistas en 2025 y 2026».

En el Congreso nacional, los senadores peronistas Juliana di Tullio y Eduardo «Wado» de Pedro presentaron un proyecto paralelo para transferir Chapadmalal a la provincia de Buenos Aires, con la condición de que el predio mantenga su destino de turismo social y que su venta o cambio de uso quede prohibida sin autorización del Poder Legislativo nacional. La pinza legislativa, en la Cámara alta bonaerense y en el Congreso nacional, marca una estrategia coordinada del peronismo para bloquear judicialmente y políticamente la entrega del complejo.

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