AMBA
Juez Julián Ercolini designado para investigar denuncia del ENRE contra Edesur por cortes de luz
El juez federal Julián Ercolini ha sido designado para intervenir en la denuncia presentada por el titular del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello, contra la empresa Edesur por los cortes de luz.
El expediente ingresó esta mañana a la oficina de sorteos de la Cámara Federal porteña y resultó designado el juzgado federal 11, que por tercer año consecutivo subroga Ercolini.
La denuncia del interventor del ENRE se presentó contra los directivos de Edesur por supuesta «defraudación por desbaratamiento, abandono de personas y entorpecimiento de servicios públicos«.
Los denunciados son Francesco Tutoli, responsable de la empresa Enel Argentina; el presidente de Edesur, Juan Carlos Blanco; y quienes figuran como miembros de su directorio.
El escrito presentado ante la Justicia pone de manifiesto distintos episodios en los que el Ente emplazó a la empresa para que se tomen los recaudos necesarios para evitar la interrupción del servicio.
El ENRE radicó la denuncia tras un pedido formulado por la Secretaría de Energía, que también le exigió que eleve el informe del estado de la concesión a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Concesiones de los Servicios Públicos, a fin de que aconseje si corresponde darla por terminada.
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Operativo Tormenta Negra en CABA: 1.500 policías, 11 allanamientos y 4 búnkeres narco
En ese marco, el ajuste del gasto social dispuesto por la gestión de **Javier Milei**, con recortes reales superiores al 61% en programas sociales según datos propios de la administración nacional, profundiza el terreno sobre el cual prospera el narcotrafico en los barrios.
Blindados, helicópteros y cuatro búnkeres: el narcotráfico sigue en pie en los barrios que el Estado abandona
El megaoperativo antinarco desplegado este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires intervino simultáneamente en seis barrios vulnerables. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, monitoreó el procedimiento desde Villa Lugano en un contexto de creciente conflictividad social y precariedad estatal en los territorios.
La Policía de la Ciudad de Buenos Aires ejecutó el denominado Operativo Tormenta Negra, un procedimiento antinarco de gran escala que movilizó a 1.500 efectivos y desplegó 11 allanamientos simultáneos en distintos barrios populares de la Capital Federal. La acción permitió identificar al menos cuatro búnkeres de venta de drogas en los barrios 31, 1.11.14, 20, Villa Zabaleta, Fraga y Villa 15.
Un Estado que llega armado
El operativo incluyó la participación de la Guardia de Infantería, vehículos blindados modelo Fénix y un helicóptero que sobrevoló las zonas intervenidas. Como parte de las acciones, se procedió a la remoción de automóviles abandonados en la vía pública que, según las fuerzas de seguridad, eran utilizados para el almacenamiento y comercialización de estupefacientes.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, supervisó el procedimiento desde Villa Lugano, en un año marcado por las tensiones con el gobierno nacional sobre el reparto de responsabilidades en el territorio metropolitano.
Estrategia sorpresa en barrios históricamente abandonados
La estrategia del operativo se basó en el factor sorpresa, con el objetivo de desarticular las bandas narco sin darles tiempo de reacción. El procedimiento se inscribió además en una jornada de intensa actividad anticriminal tanto en la Ciudad como en el Área Metropolitana de Buenos Aires, en continuidad con el megaoperativo ejecutado el día anterior en Fuerte Apache, donde más de 500 efectivos intervinieron para desarticular dos bandas narco.
Lo que los comunicados oficiales presentan como «pacificación» y «recuperación del espacio público» no resuelve, sin embargo, las causas estructurales que alimentan el narcotráfico en los barrios populares: la desocupación, el hacinamiento, el desfinanciamiento de políticas sociales y la ausencia de infraestructura básica en comunidades que concentran las peores condiciones habitacionales de la ciudad.
En ese marco, el ajuste del gasto social dispuesto por la gestión de Javier Milei, con recortes reales superiores al 61% en programas sociales según datos propios de la administración nacional, profundiza el terreno sobre el cual prospera la economía ilegal.
Barrios bajo la lupa, barrios sin soluciones de fondo
El Barrio 31, también conocido como Barrio Mugica, es emblemático de la contradicción entre la intervención policial puntual y la política de integración urbana inconclusa. Las promesas de urbanización avanzaron a distintas velocidades según la gestión de turno, pero el acceso a servicios básicos, la salud, la educación y el trabajo formal siguen siendo deudas pendientes para miles de familias que habitan esos territorios.
La pregunta que los operativos espectaculares no responden es siempre la misma: ¿qué Estado aguarda a los vecinos de estos barrios después de que se retiran los blindados?
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