Legislativo
Analizan enviar al Congreso el proyecto de ley de Promoción de la Movilidad Sustentable
El proyecto de Ley de Promoción de la Movilidad Sustentable -que el Poder Ejecutivo analiza enviar al Congreso para su discusión en sesiones extraordinarias- promueve incentivos y objetivos a 20 años para impulsar en Argentina la utilización de tecnologías más «verdes» para la movilidad.
El proyecto de Ley de Promoción de la Movilidad Sustentable -que el Poder Ejecutivo analiza enviar al Congreso para su discusión en sesiones extraordinarias- promueve incentivos y objetivos a 20 años para impulsar en Argentina la utilización de tecnologías más «verdes» para la movilidad.
«La iniciativa establece un marco mejor definido para comenzar a hablar de eventuales inversiones en tecnologías eléctricas», se destacó en un documento de trabajo del sector.
El proyecto hace hincapié en el desarrollo de la cadena del litio y la fabricación de baterías, por lo que «el impacto excedería incluso a la industria automotriz», ya que en el sector minero, por ejemplo, hay iniciativas por miles de millones de dólares asociados a la extracción de este mineral y del cobre.
El régimen que se creará será temporal y ofrecerá beneficios (decrecientes en el tiempo) durante 20 años, y prevé la promoción de partes y conjuntos.
De aprobarse el proyecto, a partir del año 2041 no podrán venderse más vehículos de combustión interna en todo el territorio nacional, y la nueva ley obligaría también al Estado Nacional a respetar cuotas de eléctricos en la reposición de la flota oficial y en el recambio de la flota de autotransporte de pasajeros.
Del lado de la demanda, el proyecto establece la creación de un Bono Verde en forma de descuento directo sobre el precio de un vehículo y el equipo de recarga, además, los vehículos eléctricos no sumarán en la base imponible para el cálculo del impuesto a los bienes personales.
Desde la oferta, incluye beneficios fiscales (estáticos) para la instalación de proyectos productivos de movilidad sustentable y otros beneficios fiscales (dinámicos) contra el cumplimiento de metas pre-fijadas de exportaciones, creación de empleo, mejora tecnológica, productividad y desarrollo de proveedores.
También prevé la creación de la Agencia Nacional de Movilidad Sustentable que funcionará como órgano de control e implementación del Régimen y tendrá funciones de análisis de tendencias globales en términos de normativa y certificaciones, además del seguimiento de los cambios tecnológicos del sector.
Finalmente, un punto importante del proyecto es, también, la creación del Fondo Fiduciario de la Movilidad Sustentable (FODEMS) cuyo propósito es el de garantizar la disponibilidad y sustentabilidad del financiamiento que requerirá el Régimen durante los 20 años en los que operará.
El FODEMS se financiaría, en principio, con recursos del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, además de recibir fondos del Tesoro Nacional y ONGs.
Femicidio
Córdoba exigirá antecedentes penales a sus municipales tras el caso Barrelier
El Concejo Deliberante aprobó una reforma del Estatuto del Personal que exige certificados penales y obliga a informar imputaciones. Llega tras el femicidio de Agostina Vega, cuyo principal acusado siguió en la planta municipal pese a alertas internas.
Las alertas internas existían y no alcanzaron: Claudio Barrelier siguió trabajando en la Municipalidad de Córdoba pese a un pedido para desafectarlo. Recién después del femicidio de Agostina Vega, el Concejo Deliberante aprobó una reforma que obliga a revisar los antecedentes penales de quienes ingresan y también de quienes ya están en la planta municipal.
El Concejo Deliberante de Córdoba aprobó este jueves la modificación de la ordenanza 7244, que regula el Estatuto del Personal de la Municipalidad, un proyecto impulsado por el intendente Daniel Passerini. La votación fue casi unánime: el único voto negativo fue el de la concejala de izquierda Cintia Frencia.
Qué cambia para ingresar y para permanecer
El concejal Nicolás Piloni explicó que se modificaron los artículos 12 y 13, que fijan los requisitos para acceder a la planta permanente y a la planta transitoria no permanente del personal contratado. A partir de ahora se exigirá el certificado de antecedentes penales y contravencionales de la Policía de la provincia de Córdoba y el certificado nacional de reincidencia. También se pedirá no estar inscripto en el registro de deudores alimentarios morosos y no tener imputaciones por delitos contra la integridad sexual.
La reforma suma una obligación para quienes ya trabajan en el municipio: comunicar cualquier imputación, dolosa o culposa, o un cambio en su situación procesal. Con esa información, la autoridad competente deberá determinar la incidencia en las funciones del agente o en el normal funcionamiento del servicio, y decidir si corresponde iniciar un sumario u otras medidas sancionatorias. Piloni aclaró que informar una situación no implica por sí solo una sanción, y la presentó como un modo de “elevar la vara en el nivel de integridad pública” para el ingreso y la permanencia en la administración municipal.
El caso que aceleró la reforma
Barrelier está acusado como autor material del femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que desapareció el 23 de mayo en la ciudad de Córdoba y cuyo cuerpo fue hallado días después en un descampado. En septiembre, el fiscal Raúl Garzón elevó la causa a juicio, con otros cinco acusados.
El caso dejó además una pregunta incómoda para la gestión municipal. Barrelier había ingresado a la Municipalidad en 2021 como becario, por fuera de cualquier concurso, algo que reconoció el entonces concejal Ricardo Moreno, quien luego renunció a su banca. Tenía una imputación de 2025 en una causa de violencia de género y, según la información que acompañó el proyecto, continuó trabajando pese a alertas internas y a un pedido para desafectarlo. La nueva norma intenta cerrar una puerta que ya estaba abierta cuando ocurrió el crimen.
Apoyos con advertencias
El concejal Sergio Piguillem respaldó la iniciativa de su bloque, pero advirtió que el problema de los Recursos Humanos debe mirarse de manera estructural, porque de lo contrario sería “un parche” en la política de esa área. La presidenta del bloque del Frente Cívico, Graciela Villata, también acompañó el proyecto, aunque pidió mejores controles en su activación. Frencia, en tanto, votó en contra tras trazar críticas a las reformas del estatuto.
Queda abierta la discusión sobre si faltaba una norma o si faltó la decisión de aplicar los controles cuando las alertas ya habían sonado. Los reparos de Piguillem y Villata apuntan justamente a eso: que el requisito en el papel se traduzca en control efectivo dentro de la administración.
Leé también: Femicidio de Agostina Vega: el celular de Barrelier reveló su obsesión con la niña
Lo que tenés que saber:
- El Concejo Deliberante de Córdoba aprobó la reforma de la ordenanza 7244, con un solo voto negativo, el de Cintia Frencia.
- Se exigirá certificado de antecedentes penales y contravencionales, certificado nacional de reincidencia y no figurar como deudor alimentario moroso.
- No podrán ingresar quienes tengan imputaciones por delitos contra la integridad sexual.
- Los agentes deberán comunicar imputaciones y cambios en su situación procesal, sin que informar implique sanción automática.
- La reforma se impulsó tras el caso de Claudio Barrelier, acusado del femicidio de Agostina Vega.
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