El conflicto judicial entre Sebastián Villa y Boca Juniors alcanzó su punto más alto esta semana, cuando el delantero colombiano presentó una demanda por 236 millones de pesos y 2 millones de dólares contra el club, alegando un “despido indirecto” tras su salida a mediados de 2023. La dirigencia xeneize, en respuesta, lo llevó a juicio y le reclama 20 millones de dólares por daños y perjuicios.

La disputa legal se convirtió en un nuevo dolor de cabeza para Juan Román Riquelme, presidente del Consejo de Fútbol, justo cuando el equipo atraviesa una crisis futbolística tras la reciente derrota ante Huracán por 1-0 en la tercera fecha del Torneo Clausura. En plena reconstrucción deportiva, Boca debe ahora lidiar con un frente judicial que reabre heridas del pasado reciente.

Los motivos de la demanda: «Despido indirecto» y salario dolarizado

Según los abogados de Villa, el club incurrió en una “violación de derechos laborales” al permitirle entrenar de forma solitaria, pero sin integrar el plantel profesional. Esta medida fue adoptada tras la condena judicial contra el delantero por amenazas coactivas y lesiones leves calificadas contra su expareja Daniela Cortés, en un fallo que dictó dos años y medio de prisión condicional.

Además, la defensa del futbolista argumentó que Boca impuso un tope al tipo de cambio aplicado a su contrato, lo que —en un contexto de alta inflación— redujo sensiblemente su salario en dólares. Este reclamo se suma a otros conflictos previos por la cotización contractual del dólar en el fútbol argentino, que ha generado litigios similares entre clubes y jugadores extranjeros.

La contraofensiva de Boca: juicio y reclamo millonario

En paralelo, la dirigencia de Boca Juniors también inició acciones legales contra Villa y exige 20 millones de dólares. El club considera que el jugador incumplió su contrato vigente al marcharse sin un acuerdo formal de rescisión y busca una compensación por lo que define como un “daño institucional y deportivo”.

En 2023, Boca llevó el caso a la FIFA, solicitando la liberación del cupo de extranjero que ocupaba el colombiano, el resarcimiento de 5 millones de dólares y posibles sanciones deportivas. Sin embargo, la FIFA se declaró incompetente para intervenir en el conflicto, y habilitó al jugador a firmar con otro club sin trabas reglamentarias.

Actualmente, Villa juega en Independiente Rivadavia de Mendoza, donde fue recibido sin objeciones, a pesar del antecedente penal. Su incorporación generó polémica, pero el club cuyano argumentó que el jugador cumplía con los requisitos legales para ser contratado.

Violencia de género, justicia y fútbol: una deuda estructural

El caso Villa expuso una vez más las tensiones entre el fútbol profesional y el tratamiento institucional de las denuncias por violencia de género. A pesar de su condena, el delantero nunca fue suspendido por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ni por organismos disciplinarios internacionales.

La gestión de Riquelme fue blanco de fuertes críticas por haber sostenido la presencia de Villa en el plantel durante casi tres años desde la denuncia original. Sólo después de la sentencia judicial en 2023, el club decidió apartarlo formalmente, aunque sin rescindir su contrato.

La escalada judicial entre ambas partes puede extenderse durante años y podría sentar precedentes respecto al manejo de contratos profesionales en casos con condenas penales, así como en el tratamiento del vínculo laboral bajo normas argentinas.