Organismos de derechos humanos, sobrevivientes y testigos en los juicios por los delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA repudiaron hoy la cesión al club River Plate del campo de deportes de esa antigua unidad de la Armada, donde durante la última dictadura cívico militar funcionó un centro clandestino de detención ilegal.

El predio en cuestión se utilizó para incinerar los cuerpos de los detenidos asesinados en el centro de exterminio, el más grande que funcionó en la Ciudad de Buenos Aires en tiempos del terrorismo de Estado.

Los organismos integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia expresaron en un comunicado conjunto su «más absoluto repudio» frente a la reciente cesión a River de un predio perteneciente a la Armada argentina a fin de instalar allí «un centro deportivo juvenil de alto rendimiento».

Dicha cesión, bajo la figura de permiso precario de uso gratuito, se formalizó el lunes pasado a través de un convenio firmado entre la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y River, luego de que en diciembre la institución informara al juez federal Ariel Lijo – quien lleva adelante actualmente la megacausa ESMA- el pedido del club del permiso de uso y que esa autorización se diera hacia finales de mayo de este año.

Sin embargo, el juzgado de Lijo dispuso que, antes de que el club haga reformas sobre el terreno, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) debe analizar el lugar con «excavaciones controladas, sistemáticas y exhaustivas» con el objeto de «proceder a la búsqueda de inhumaciones clandestinas presuntamente acaecidas durante el período 1976-1983».

En tanto, los organismos de derechos humanos firmantes denunciaron que «a cambio River construiría un centro de entrenamiento para marinos en un terreno situado en Vicente López, lo que complementaría dicha medida con un canje manifiestamente espurio».

Asimismo, expresaron que el motivo de su «visceral rechazo» es que durante la última dictadura cívico militar ese mismo predio de más de siete hectáreas ubicado a orillas del Río de la Plata, era «utilizado por los represores para incinerar los cuerpos de compañeras y compañeros asesinados en la ESMA».

«Como por ejemplo ocurrió en el caso del reconocido periodista, escritor y militante Rodolfo Walsh. ‘Asaditos’, llamaban cínicamente los genocidas a lo que fueron delitos de lesa humanidad», remarcaron.

Por lo expuesto, los organismos exigieron «la inmediata vuelta atrás de semejante atropello» y propusieron que el predio sea considerado «sitio de prueba y luego sitio de memoria».

«De ninguna manera aceptamos que las nuevas generaciones crezcan, ni física ni ideológicamente, sobre la base del negacionismo del genocidio sufrido por nuestro pueblo», completaron.

El comunicado fue firmado por la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD), la Asociación de Profesionales en Lucha (APEL), la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADEP), el Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU); el Comité de Acción Jurídica (CAJ); el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH); la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), HIJOS Zona Oeste, entre otros.

«Reclamamos que se dé marcha atrás con la cesión y que el predio siga teniendo la calificación de no innovar y sea declarado sitio de memoria», reforzó hoy la AEDD también desde su cuenta de Twitter.

Y argumentó: «Está probado en los juicios a los represores del grupo de tareas que en ese predio se cremaban los cuerpos de los compañeros y compañeros fallecidos en la tortura o llegados muertos a la ESMA. Hay testimonios de oficiales, suboficiales y conscriptos que lo afirman».

Por su parte, la Asociación Víctor Basterra de sobrevivientes de la ESMA y testigos en los juicios por los delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA repudiaron en un comunicado la «reciente decisión del Gobierno nacional de ceder terrenos del campo deportivo de la ex ESMA al Club River Plate».

«Según lo anunciado hoy en la prensa nacional, las autoridades del club planean construir instalaciones deportivas en ese predio que fuera utilizado durante la última dictadura por la Armada Argentina, para cometer aberrantes crímenes que hasta hoy están siendo investigados por la Justicia», indicaron el el texto.

En ese contexto, señalaron que «esos terrenos pueden contener pruebas judiciales que serían necesarias y cruciales para establecer la verdad de lo allí ocurrido» y manifestaron: «Encontramos que esta deplorable decisión, inspirada posiblemente por intereses económicos de particulares, se contrapone a los objetivos de Memoria, Verdad y Justicia que el Gobierno ha prometido sostener».

«En este día en que se cumple el 68º aniversario del bombardeo a la Plaza de Mayo, es importante recordar a todas las víctimas del terrorismo de Estado y de la violencia militar antipatria», destacaron y afirmaron que «es importante renovar nuestro compromiso para con todos aquellos y aquellas que dieron sus vidas por un país mejor».

Además, pidieron que: «Con estos conceptos en mente, le solicitamos al presidente Alberto Fernández que ordene la cancelación de esta vergonzosa medida».

El comunicado está firmado por Alfredo Ayala, María Eva Bernst, Alejandro Firpo, Ana María Malharro, Leonardo Martínez, José Orlando Miño, Juan Miranda, Carlos Muñoz, Daniel Oviedo, Alicia Pes, Liliana Pellegrino, Raúl Cubas y Angel Strazzeri.

En tanto, en sus redes sociales, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuestionó que «el Poder Ejecutivo tomó la decisión sin consultar previamente a sobrevivientes, familiares ni organismos de derechos humanos».

«Tampoco se consultó al Espacio Memoria y Derechos Humanos ubicado en el predio de la Ex ESMA donde funcionó el centro clandestino de detención y exterminio», se señaló desde esta organización de derechos humanos.