Seguridad 🚨
Con más de 100 allanamientos desbarataron una red internacional de pedofilia
En total se efectuaron 110 allanamientos, 32 de los cuáles se llevaron a cabo en territorio bonaerense, 9 en la ciudad de Buenos Aires y el resto en provincias como Córdoba, Santiago del Estero, Salta y Tucumán, además de países como Chile, Perú, Ecuador y Colombia.
Ciento diez allanamientos en media docena de provincias argentinas y varios países de América y Europa con más de 120 imputados es el resultado del «mas grande operativo» realizado en el país contra una red internacional de pedofilia y distribución de materiales que representan abuso sexual de niños, niñas y adolescentes a través de grupos de WhatsApp, informaron hoy fuentes judiciales.
En total se efectuaron 110 allanamientos, 32 de los cuáles se llevaron a cabo en territorio bonaerense, 9 en la ciudad de Buenos Aires y el resto en provincias como Córdoba, Salta y Tucumán, además de países como Chile, Perú, Ecuador y Colombia.
De esta causa también se derivaron otras investigaciones con conexiones sospechosas en Estados Unidos, España y Portugal.
Entre los imputados en la causa, figuran cinco mujeres y un adolescente de 17 años. Además, once personas fueron demoradas y señaladas como administradores de una red de grupos de WhatsApp en los que sólo se compartían materiales vinculado a la explotación sexual infantil.
«este es un operativo inédito en Argentina porque hasta acá siempre se habían realizado de forma seccionada y se levantaban cargos en cada jurisdicción», explico el Fiscal.
La investigación incluyó la utilización de agentes reveladores infiltrados y evidencias digitales, por lo que constituyó «un arduo trabajo de inteligencia», detallaron las fuentes.
La pesquisa en la Argentina fue llevada adelante por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, junto a la Policía Federal, en el marco de la causa en la que interviene la Ayudantía Fiscal Delitos Conexos a cargo del Daniel Ichazo, y está caratulada como «material de explotación sexual infantil -presunta Asociación Ilícita contra la Integridad Sexual de menores».
El fiscal Ichazo dijo que esta operación «nace de una investigación previa por distribución de pornografía infantil que se había realizado en los partidos bonaerenses de Berazategui y Florencio Varela el año pasado, en la que las pericias que se habían hecho sobre los teléfonos de los sospechosos habían detectado una aplicación que daba acceso a varios grupos de WhatsApp, con nombres muy llamativos».
«tener a todos en la misma causa va a facilitar el proceso para avanzar con las imputaciones y las detenciones».
«A partir de este dato solicitamos autorización al juez de garantías para ingresar a esos grupos y pudimos comprobar que estaban organizados y tenían normas preestablecidas, por las que expresamente sólo de podía compartir ‘CP’, que es la sigla en inglés para pornografía infantil, y todos los miembros estaban obligados a compartir contenido cada determinada cantidad de tiempo», detalló.
El funcionario judicial apuntó que «también se solicitó la utilización de la figura del ‘agente revelador’ para que psicólogos del área de Ciencias de la Conducta de la provincia de Buenos Aires pudiesen ingresar a esos grupos con identidades digitales construidas para la ocasión; y a través de una investigación que se extendió entre marzo y julio de este año pudieron develar el mecanismo de funcionamiento de la red».
El fiscal destacó que «el trabajo conjunto de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Policía Federal sobre fuentes abiertas permitió precisar todos los domicilios y también los dispositivos desde los que los sospechosos se conectaban a los grupos que conforman la red, lo que nos permitió saber qué dispositivos teníamos que llevarnos al momento de los allanamientos en cada domicilio».

Ichazo señaló que «se secuestraron los teléfonos personales de todos los sospechosos y, en el caso de los que se conectaban a través de WhatsApp web, también las computadoras».
«Todos esos equipos también se van a analizar en una misma jornada el próximo 23 de octubre, gracias a la colaboración de las autoridades de casa jurisdicción», añadió.
El fiscal aseguró que «este es un operativo inédito en Argentina porque hasta acá siempre se habían realizado de forma seccionada y se levantaban cargos en cada jurisdicción, por lo que las causas terminaban siendo por la tenencia de contenidos de explotación sexual infantil y eran todas penas excarcelables».

«Además, muchas de estas causas no se originaban en el país sino que arrancaban a partir de datos que traía de otro país alguna investigación de interpol», aclaró. Para Ichazo, «tener a todos en la misma causa va a facilitar el proceso para avanzar con las imputaciones y las detenciones».
«Por ahora, sólo los once administradores que están dispersos entre las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Salta y Tucumán fueron demorados», completó.
También se realizaron allanamientos allanamientos en Santiago del Estero vinculados a la causa que determinaron que tres personas queden a disposición de la Justicia, entre ellas un menor, informaron fuentes policiales.
Los procedimientos, fueron ordenados por el Juzgado de Garantías N° 4, Departamento Judicial bonaerense de Quilmes – Berazategui, a cargo Diego Agüero, quién emitió el correspondiente exhorto a los juzgados de Control y Garantías de Santiago del Estero, con jurisdicción en los domicilios allanados.

En los operativos no se practicaron detenciones pero tres personas quedaron a disposición de la Justicia, entre ellas un menor de edad y una mujer de 60 años, además de haberse secuestrado elementos como pendrives, aparatos de telefonía celular, computadoras, cámara fotográficas y tarjetas de memorias, detallaron las fuentes.
Los allanamientos se realizaron en el barrio San Martín de la ciudad de La Banda y en los barrios Los Flores y Sarmiento de la capital santiagueña.
Las fuentes detallaron que quienes quedaron a disposición de la justicia serían “personas que recibían a través de grupos de whtassap videos pornográficos y los subían a internet».
DDHH
Rivaldi gaseó a una nena de 10 años en una marcha de jubilados y este miércoles se conoce su veredicto
El policía federal Cristian Rivaldi será juzgado este miércoles por rociar con gas pimienta a Fabrizia Pegoraro, de 10 años, y a su madre durante una marcha de jubilados. El fiscal Eduardo Taiano sostiene que ambas estaban sentadas, sin agredir ni resistir, y que el uso de la fuerza fue desmedido y desproporcionado.
Dos años y dos meses después del ataque con gas pimienta a una nena sentada en el suelo durante una marcha de jubilados, la Justicia federal resolverá en una sola audiencia si el policía que la roció debe ser condenado.

El juicio contra el efectivo de la Policía Federal Cristian Miguel Rivaldi comenzará este miércoles ante el juez federal Daniel Rafecas, por el hecho ocurrido el 11 de septiembre de 2024 en las inmediaciones del Congreso. Las víctimas son Fabrizia Pegoraro, que tenía 10 años, y su madre, Carla Pegoraro. La audiencia se desarrollará en una sola jornada: tras escuchar a los testigos de la defensa y analizar las pericias incorporadas al expediente, se conocerá el veredicto. El abogado Gregorio Dalbón representará a la niña y a su madre como querellantes y pedirá condena e inhabilitación.
Un ataque registrado en video
El hecho ocurrió durante una manifestación en defensa de los derechos de los jubilados. Según la acusación, Rivaldi utilizó el disuasivo presurizado que tenía asignado y roció con gas pimienta a Fabrizia y a su madre cuando ambas estaban sentadas en el suelo.
El fiscal federal Eduardo Taiano, al requerir la elevación de la causa a juicio en un dictamen del 21 de octubre de 2025, sostuvo que el efectivo actuó de manera deliberada y a corta distancia. Según el fiscal, las víctimas estaban sentadas en la vía pública sin agredir a la autoridad ni ofrecer resistencia alguna.
La acusación se apoya en los registros audiovisuales de aquella jornada, que permitieron identificar al policía y reconstruir el momento en que accionó el aerosol. “Las imágenes son elocuentes”, afirmó Taiano. El fiscal describió que Rivaldi no solo apuntó hacia un hombre que tenía un bastón, sino también hacia la madre y su hija, y que después de recibir el gas en el rostro la nena se cubrió de manera instintiva. También señaló que se observa una mancha en la parte trasera de la campera azul que llevaba la madre.
Taiano remarcó además que Rivaldi tenía parcialmente levantado el visor de plástico de su casco, lo que le daba mayor visibilidad del entorno y de las personas. Por eso concluyó que el policía apuntó y accionó el dispositivo con pleno conocimiento e intención de lo que hacía.
La defensa dice que no la vio
Al declarar en la etapa de instrucción, Rivaldi negó haber gaseado a una menor. Explicó que ese día recibió la orden de avanzar, dispersar a los manifestantes y liberar la calzada, y que los efectivos debieron usar elementos disuasivos ante situaciones de violencia y forcejeos. Aseguró que advirtió la presencia de gas en el aire y que una persona no identificada arrojó gas pimienta contra un jefe policial.
Sobre Fabrizia, sostuvo que no observó a ninguna menor y que, de haberla visto entre los manifestantes, la habría sacado del lugar para evitar que resultara lesionada. Según trascendió, el efectivo también planteó que los deberes de protección y cuidado de la niña le incumbían a su madre. Tras el episodio, la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich cuestionó a la madre por haber llevado a la niña a la manifestación.
Taiano consideró que la explicación del policía no tiene respaldo en las pruebas. Descartó que un tercero hubiera arrojado el gas, porque esa situación no aparece en los registros audiovisuales y la persona señalada por la defensa tenía una cámara fotográfica en la mano, no un aerosol.
Conjuntivitis química y un procesamiento confirmado
La acusación cuenta con documentación médica. Según la historia clínica remitida por el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, Fabrizia fue atendida el 13 de septiembre de 2024 y recibió un diagnóstico de conjuntivitis química. En la epicrisis quedó asentada la frase “me tiraron gas pimienta”.
Carla Pegoraro declaró que ambas estaban tranquilas y que las rociaron mientras permanecían sentadas en el suelo. Contó que personas que estaban en el lugar les colocaron leche para aliviar la irritación y que los síntomas persistieron durante varios días. Declaró que “tanto mi hija como yo fuimos gaseadas” y describió irritación en los ojos, dolor de cabeza, dolor en el cuero cabelludo y dolor en todo el cuerpo.
La Cámara Federal ya había confirmado el procesamiento de Rivaldi, sin prisión preventiva y con un embargo de 500.000 pesos, por abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves.
El reglamento y la mínima fuerza necesaria
Taiano consideró que el policía se apartó de las normas que regulan el uso de armamento no letal por parte de las fuerzas federales. Recordó que el reglamento establece que estos dispositivos deben utilizarse para inmovilizar o incapacitar agresores, y que su empleo requiere determinadas condiciones de riesgo o amenaza. También citó el protocolo para el mantenimiento del orden público, que exige emplear la mínima fuerza necesaria y suficiente, con especial atención ante la presencia de niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.
Para el fiscal, ninguna de esas condiciones se verificaba: Fabrizia y su madre estaban sentadas en el suelo y no representaban una amenaza para los efectivos. Concluyó que el uso de la fuerza por parte de Rivaldi fue desmedido y desproporcionado, y la Fiscalía pidió que responda como autor de abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves.
Qué se juzga y qué queda afuera
El juicio de este miércoles define la responsabilidad individual de un efectivo, pero el caso expone una discusión más amplia sobre cómo se controlan las protestas frente al Congreso. Rivaldi sostuvo que cumplía la orden de avanzar y dispersar, y la madre de la niña había pedido en la causa que se citara a indagatoria a la entonces ministra Bullrich, entre otros funcionarios y jefes policiales. La pregunta que deja el expediente es hasta dónde llega la responsabilidad de quien ejecuta una orden y de quienes la imparten.
Con la audiencia de este miércoles, el juez Daniel Rafecas deberá definir si el uso de gas pimienta contra una nena de 10 años, sentada y sin resistir, constituyó el delito que sostiene la acusación.
Lo que tenés que saber
- El juicio a Cristian Rivaldi comenzará este miércoles ante el juez federal Daniel Rafecas y el veredicto se conocerá en una sola jornada.
- Se lo acusa de abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves por rociar con gas pimienta a Fabrizia Pegoraro, de 10 años, y a su madre el 11 de septiembre de 2024.
- El fiscal Eduardo Taiano sostiene que ambas estaban sentadas, sin agredir ni ofrecer resistencia, y que el uso de la fuerza fue desmedido y desproporcionado.
- La niña fue diagnosticada con conjuntivitis química en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía el 13 de septiembre de 2024.
- La Cámara Federal confirmó su procesamiento, sin prisión preventiva y con un embargo de 500.000 pesos.
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