Por Néstor Llidó

La pandemia no solo dejó un saldo de miles de muertos al contagiarse de coronavirus, hubo víctimas colaterales por las consecuencias sanitarias y las que se podrían denominar como “sociales”. Aquellos días del aislamiento generaron situaciones complejas, donde las recomendaciones sobre cuidados no siempre fueron acatadas y hasta hubo casos que derivaron en tragedias.

En una comunidad sacudida por esos cambios en la vida diaria se dieron episodios, producto de conductas negligentes, de cierta desidia amparada en la flexibilidad para continuar con las actividades comerciales (sobre todo de gobernantes encolumnados con la oposición) y circunstancias con un desenlace fatal, mientras se seguía en esa convivencia indeseada con el Covid-19.

Lucía Costa Osores, una chica de 18 años, había salido a pasar un momento de diversión con sus amigas y eligieron ir al bar-cervecería Zar de la zona céntrica de San Miguel. Compartían la charla en una de las mesas en la noche del 10 de octubre de 2020, cuando una de las mozas se acercó para “cargar” uno de los braseros y al arrojar combustible provocó la explosión, que todo se prendiera fuego.

En medio de corridas y desesperación, una decena de jóvenes fueron alcanzados por las llamas, dentro de un local con medidas de seguridad que lejos estaban de ser ideales. Emergencia, gritos, pedidos de auxilio y el incendio provocado que se pudo sofocar, luego de varios minutos.

De los afectados, la mayoría sobrevivió con lesiones de distinta consideración, pero Lucía Costa Osores sufrió quemaduras en el 60% del cuerpo y agonizó algunas horas, esas que pasaron desde su internación en el Hospital Larcade de San Miguel a su traslado al Instituto del Quemado en el barrio porteño de Caballito, donde falleció por las graves heridas provocadas por el fuego.

Las imágenes de esa “desgracia” (un término aplicado con significado de atenuante exculpatorio) quedaron registradas en las cámaras de seguridad del local, en las filmaciones de los celulares de algunos testigos y se viralizaron rápidamente en redes sociales, ganando luego una amplia difusión mediática.

Detrás de la responsabilidad concreta en el acto que derivó en la tragedia hay una historia de negligencia comercial, de controles cuestionados de la Municipalidad de San Miguel y de una posterior investigación con dudas iniciales, sospechas posteriores y final tan abierto, como demorado en tres fiscalías de los Tribunales de San Martín.

Los intereses políticos-judiciales también hacen lo suyo en un entramado de encubrimiento sobre el que la familia de la víctima tiene ciertas certezas. “El actual senador provincial Joaquín de la Torre, quien fuera intendente y es el jefe político del actual Jaime Méndez, cuentan con sus influencias en la Justicia. Eso también hace aún más desigual a la lucha que venimos dando”, sostiene Lorena Osores, madre de la víctima, en relación al dirigente otrora justicialista y que se pasara a las filas del macrismo.

Como cada día 10, frente a lo que fue el bar Zar, en la calle Paunero al 1100, familiares, vecinos, amigos de su hija se unen en la demanda contra el olvido. “Agradezco a la gente que nunca dejó de acompañarnos” para reclamar por justicia. Y ese pedido no es más que el castigo penal “a todos los responsables”, en la figura de la mesera, la cajera y el encargado del local gastronómico, los inspectores municipales y hasta quienes se robaron el teléfono celular de la víctima con la pretensión de hacer desaparecer pruebas.

El último sábado, ante el santuario en memoria de la joven, se dio uno de esos encuentros mensuales y allí Lorena Osores le contó a EL ARGENTINO que “nuestra prédica también pasa por genera conciencia, para que estas cosas no se repitan y para ello, es necesario que haya justicia. Repetimos eso de “Lucía podrías haber sido vos” e insistimos en nuestra lucha para que la actitud criminal de la gente del bar Zar y de los funcionarios de la Municipalidad de San Miguel no queden impunes”.

“Quisieron tapar todo y no pudieron. Se abrieron tres causas distintas, hubo muchas irregularidades en todo el proceso, pero acá estamos firmes, sabiendo que quizás nadie vaya preso, aunque vamos a seguir pidiendo que se haga justicia, que se den condenas por lo que realmente pasó. Esto no fue un homicidio culposo, sino un estrago doloso y hay múltiples responsables”, expresó Lorena Osores.

El principal expediente tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 4 de San Martín, a cargo de la fiscal Tamara Vaisman, con tres imputados. El encargado del bar Zar, Carlos Eduardo Oliverio, la cajera María de los Angeles Ramírez y la mesera Priscila Luca, quien provocó la explosión de ese brasero que estaba en la mesa al echarle combustible y generando el incendio.

En la Fiscalía de Delitos Complejos, la Nro. 8 de San Martín, donde su titular es Verónica Pérez, están acusados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, los entonces inspectores de Control Urbano de San Miguel, Mariano Calvente y Cristian Méndez, este último hoy concejal por Juntos por el Cambio. Ambos sindicados por las irregularidades en cuanto a las medidas de seguridad e infracciones a las normas vigentes en aquellos días de pandemia en ese comercio.

Y una tercera causa, radicada en la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 20 de San Martín, por el robo del teléfono celular de Lucía Costa Osores, que nunca más apareció y podría haber aportado datos clave para la investigación. “Se rastreó el aparato y solo mandaron a allanar el bar, donde sabía que no estaban” se quedó la mujer.

Ahora con la asistencia de la abogada Liz Barrionuevo, la madre de la chica fallecida sostiene que “como nos quieren convencer que no hubo intenciones de causar la muerte de mi hija, nosotros decimos que es algo que se pudo evitar. Por eso, existió un dolo en el accionar de la gente del bar y negligencia en los controles municipales. Fundamentalmente, que se tiene que contemplar en el cambio de carátula cuando llegue el momento de los juicios”.

El bar quedó clausurado, nunca más volvió a abrir, pero las imágenes de sus mediasombras no permitidas para cubrir ciertos sectores de atención al público en el local, los matafuegos que estaban vencidos y otras cuestiones lo convirtieron en una trampa mortal para ese siniestro que se llevó los proyectos, los sueños, el espíritu solidario de Lucía Costa Osores, como una víctima “colateral” de la pandemia.