Gremiales
Diputados de UxP recibieron a científicos del CONICET y la CNEA en la previa a la marcha del miércoles
El bloque opositor acordó impulsar iniciativas parlamentarias para frenar los despidos y la interrupción de contratos y becas. Jorge Taiana advirtió que el ajuste destruye en meses capacidades estratégicas que el país tardó más de siete décadas en construir.
En la víspera de la movilización convocada para este miércoles frente al Polo Científico Tecnológico del barrio porteño de Palermo, el bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP) recibió a trabajadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). El encuentro se realizó en el Congreso y estuvo cargado de denuncia: los representantes de los organismos calificaron lo que ocurre como un «cientificidio» ante la «demolición del CONICET» y el «desmantelamiento y la entrega» de la energía nuclear soberana argentina.
La reunión en el Congreso
La cita tuvo lugar en el despacho principal del bloque peronista y contó con la participación del presidente del bloque, Germán Martínez, junto a los diputados Adriana Serquis, Cecilia Moreau, Juan Marino, Julia Strada, Jorge Taiana, Vanesa Siley, Sabrina Selva, Fernanda Miño, Kelly Olmos y Javier Andrade. Tras el encuentro, el diputado Juan Marino informó que el bloque acordó «impulsar iniciativas por el cese de los despidos y contra el desmantelamiento de los organismos». Además, la bancada adelantó que acompañará la marcha convocada para este miércoles a las 10 horas frente al Polo Científico Tecnológico.
El legislador Jorge Taiana fue uno de los más contundentes al referirse a las consecuencias del ajuste sobre el sistema científico y nuclear. Señaló que el Gobierno nacional lleva adelante un proceso de desarticulación de décadas de inversión pública, y advirtió que la formación de científicos y profesionales altamente especializados demanda años de trabajo sostenido que no pueden reponerse con una futura reasignación presupuestaria.
Un conflicto que viene escalando desde julio
La reunión no es un hecho aislado. El conflicto en el sistema científico nacional viene escalando sostenidamente desde principios de julio. El 1° de ese mes, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que la CNEA dejó sin efecto más de 60 contratos, aunque los gremios estiman que la cifra real de afectados supera el centenar, entre ellos personal altamente calificado con años de formación y experiencia en áreas estratégicas. Las notificaciones llegaron a través del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) la noche anterior a los despidos, y los trabajadores que se concentraron en la sede central del organismo fueron recibidos por efectivos de la Gendarmería Nacional.
En el caso del CONICET, el escenario no es menos grave: cerca de 400 investigadores posdoctorales que llevan hasta ocho años de formación en el organismo y que se presentaron al concurso de ingreso a la Carrera del Investigador Científico podrían quedar sin continuidad laboral al vencer sus becas a fines de julio. Desde ATE CONICET denuncian que el Directorio habría demorado deliberadamente la convocatoria al concurso para reducir el gasto en salarios durante esos meses. A eso se suma un deterioro salarial acumulado del 40% desde 2023 y la falta de financiamiento para sostener investigaciones en curso.
El diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano, que también pidió de manera urgente la convocatoria a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, describió la situación con claridad: «Le bajaron el presupuesto un 45% desde que llegaron al poder en diciembre de 2023, ya se fueron casi 500 trabajadores». Juliano alertó además sobre los peligros de la apertura del organismo nuclear a capitales privados externos, en particular a empresas estadounidenses, y recordó que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, había declarado que Argentina «está comprometida con la entrada de empresas privadas estadounidenses» al sector estratégico del uranio.
El INTI y la acumulación del desguace
El cuadro se completa con lo que ocurre en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), donde la Asamblea Multisectorial denuncia tres cierres del organismo en diez días en el marco de una reestructuración que prevé 781 despidos, frenada por el momento por una medida cautelar de la Justicia Federal. Para quienes trabajan en el sistema científico y tecnológico nacional, no se trata de decisiones administrativas aisladas sino de un proceso sistemático de desguace del Estado que vacía organismos estratégicos y los expone a la absorción por parte del sector privado.
El Consejo Directivo del CCT CONICET Santa Fe sintetizó el diagnóstico en un comunicado: «Desmantelar la CNEA no implica un ordenamiento de los recursos públicos; es, por el contrario, una renuncia deliberada al desarrollo energético, económico y tecnológico independiente de nuestra Nación. El desmantelamiento de un proyecto nuclear estratégico no se revierte con una nueva asignación presupuestaria futura; la dispersión de los equipos científicos y el abandono de los desarrollos tecnológicos críticos destruyen en meses lo que al país le costó más de siete décadas construir».
La marcha del miércoles
Para este miércoles 15 de julio a las 10 horas, ATE CONICET y el colectivo de becarios despedidos organizaron una jornada de lucha en distintos puntos del país, con una movilización central frente a la sede de CONICET en Godoy Cruz 2290, Capital Federal. El lunes 13, además, se realizó una radio abierta denominada «Radioactiva» en la CNEA como anticipo de las acciones. El bloque de Unión por la Patria confirmó que acompañará la protesta del miércoles junto a los trabajadores del sistema científico.
Puntos clave
- Diputados de UxP recibieron a trabajadores del CONICET y la CNEA y acordaron impulsar iniciativas legislativas por el cese de los despidos.
- Cerca de 400 becarios posdoctorales del CONICET podrían quedar sin continuidad laboral al vencer sus becas a fines de julio.
- La CNEA acumula más de 60 contratos rescindidos y los gremios estiman que la cifra real supera el centenar.
- El presupuesto de la CNEA fue recortado un 45% desde diciembre de 2023 y casi 500 trabajadores ya abandonaron el organismo.
- La marcha al Polo Científico Tecnológico está convocada para este miércoles 15 de julio a las 10 horas.
Gremiales
Aguiar pide reforma sindical: “Un dirigente no puede vivir como empresario”
El secretario general de ATE cuestionó a los gremios alineados con Milei, reclamó que los sindicalistas presenten declaraciones juradas y advirtió que el movimiento obrero perdió más del 44% del poder adquisitivo en dos años y medio.
El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, salió al cruce de los dirigentes sindicales que mantienen una posición cómoda frente al Gobierno de Javier Milei y reclamó una reforma sindical de fondo que prohíba a los gremialistas vivir como empresarios, los obligue a presentar declaraciones juradas y recupere la credibilidad del movimiento obrero de cara a la sociedad. Lo dijo en Modo Fontevecchia, en una entrevista en la que también denunció el avance privatizador sobre Fabricaciones Militares y cuestionó la demora de la CGT para convocar a un paro general.
La autocrítica que incomoda: dirigentes que «hablan, piensan y viven como empresarios»
El planteo de Aguiar no apuntó solo hacia afuera. Con una crudeza poco habitual en el mundo sindical, el dirigente reconoció que el sindicalismo perdió credibilidad ante la sociedad y que parte de esa pérdida tiene nombre y apellido: los gremialistas que, a su juicio, «hablan, piensan y viven como empresarios». Para Aguiar, la reforma que propone no debe venir del Congreso ni de economistas ajenos al mundo del trabajo, y en ese punto apuntó contra el diputado Martín Tetaz, quien impulsó iniciativas en esa dirección sin, según Aguiar, haber «trabajado media hora para nadie». La reforma, sostuvo, «la tenemos que llevar adelante los trabajadores».
Uno de los ejes centrales de su propuesta es la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas de bienes e ingresos para todos los dirigentes sindicales, una exigencia que hoy rige para los funcionarios públicos pero que el sindicalismo aún no tiene. «A esta altura de la democracia, la sociedad ya tiene derecho a saber en qué auto anda, en qué casa vive y cuánto gana un sindicalista«, afirmó. También reclamó prohibir que un dirigente esté de los dos lados del mostrador a la vez, en referencia a los gremialistas que cosechan aplausos tanto de sus compañeros como de sus empleadores.
El aguijón contra UPCN y el sindicalismo de gestión
Aguiar reservó una crítica especial para Andrés Rodríguez, titular de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), gremio que firmó acuerdos salariales por debajo de la inflación en la administración pública durante la gestión Milei. Para Aguiar, esa decisión significó convalidar una pérdida de más del 44% del poder adquisitivo en los últimos dos años y medio para los trabajadores estatales, sin que el Poder Ejecutivo necesitara siquiera imponer el recorte por decreto. «Hubo otro gremio, en este caso UPCN, que firmó, que lo aceptó», señaló, y agregó que Rodríguez «fue oficialista con todos los gobiernos» y que «cuando caiga Milei, también va a caer él. Y de esta no se levanta más».
Fabricaciones Militares: privatización y extranjerización
El otro eje de la entrevista fue el avance del Gobierno sobre Fabricaciones Militares. Aguiar denunció que la empresa fue convertida en una sociedad anónima unipersonal y que se emitió un pliego para licitar el 51% de las acciones, con la condición de que los compradores sean exclusivamente empresas extranjeras. «Estamos frente no solo a la venta de Fabricaciones Militares, sino a su extranjerización», afirmó. Según el dirigente, el objetivo real es apropiarse de los sellos y franquicias de la empresa para comercializarlos en el mundo. ATE logró frenar temporalmente el proceso mediante una medida cautelar judicial, pero Aguiar anticipó que el conflicto continuará. También advirtió sobre el avance del vaciamiento del INTA, el INTI y el CONICET como parte del mismo esquema de desguace estatal.
El paro que la CGT demora: «Sobran los motivos»
Sobre la estrategia de la central obrera, Aguiar fue categórico: «A Alfonsín, por mucho menos, le hicieron 14 paros generales. Acá sobran motivos y existen condiciones desde hace tiempo». Cuestionó que la CGT planifique su próximo acto para después de la visita del Papa y reclamó que el paro general se realice antes. En ese sentido, desestimó la ola de pedidos de audiencia con el Pontífice de parte de dirigentes sindicales: «No puede ser que a los sindicalistas les dé vocación de monaguillo», ironizó, y subrayó que los problemas del movimiento obrero «los tenemos que solucionar nosotros, estando en la calle y reclamando».
El paro en aeropuertos y la tensión con el Ministerio de Capital Humano
En el arranque de la entrevista, Aguiar explicó la decisión de postergar el paro en los aeropuertos, previsto para este jueves. El dirigente relató que a último momento recibieron una intimación del Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Trabajo de la Nación exigiéndole al sindicato cumplir con el 75% de las prestaciones normales y habituales durante la medida de fuerza, por tratarse de un servicio esencial. Ante esa presión, ATE optó por abrir una instancia de diálogo urgente para consensuar la modalidad de la protesta, aunque aclaró que el gremio agotó todas las instancias legales, comunicó la medida con cinco días de anticipación y hace responsable al Ejecutivo de cualquier demora o cancelación de vuelos.
Puntos clave
- ATE acumula una pérdida de más del 44% del poder adquisitivo en la administración pública desde el inicio de la gestión Milei.
- Fabricaciones Militares fue convertida en sociedad anónima y se licitó el 51% de sus acciones exclusivamente para empresas extranjeras.
- Aguiar reclamó la obligatoriedad de declaraciones juradas para todos los dirigentes sindicales.
- La CGT planifica un acto para después de la visita papal; Aguiar exige el paro antes de esa fecha.
- El paro en aeropuertos fue postergado tras una intimación del Ministerio de Capital Humano, que exigió el 75% de prestaciones durante la medida.
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