Conectate con El Argentino

Política 📢

Paro de 48 horas en el CONICET por recortes y congelamiento salarial

La medida comenzará el 6 de agosto e incluirá una vigilia en el Polo Científico de Palermo. Investigadores y becarios denuncian deterioro institucional, falta de ingresos y recortes que afectan la continuidad de los proyectos científicos.

Publicado hace

#

Investigadores, becarios y trabajadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) anunciaron un paro de 48 horas a partir del martes 6 de agosto para visibilizar lo que describieron como un “profundo deterioro” del sistema científico argentino. La protesta, que también involucrará a empleados de otros organismos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), incluirá una vigilia con actividades públicas y una marcha con antorchas.

La convocatoria fue impulsada por sindicatos del sector y agrupaciones de trabajadores de ciencia y técnica, con eje en la falta de aumentos salariales, el congelamiento de ingresos y la paralización de proyectos. “Los salarios están por debajo de la línea de pobreza y los fondos para investigar están paralizados”, señalaron voceros gremiales.

Aumentos postergados y becas recortadas

Uno de los principales focos del reclamo es la recomposición salarial. Los becarios de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), más de 1.000 en todo el país, llevan 15 meses con ingresos congelados. Según denunció la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), sus estipendios actuales se encuentran por debajo de la canasta básica.

Situación similar atraviesan las becas postdoctorales del CONICET, que registraron recortes en las últimas convocatorias. “Las becas que se entregan no alcanzan para vivir. Y muchas líneas de investigación están en pausa porque no se giran fondos”, alertaron desde agrupaciones de científicos autoconvocados.

Incertidumbre en la Carrera del Investigador

La protesta se da en un momento clave para la comunidad científica, ya que aún no se publicaron los resultados de la convocatoria 2023 para la Carrera del Investigador Científico (CIC) y el Personal de Apoyo (CPA). La evaluación se encontraba demorada desde diciembre, tras la asunción del gobierno de Javier Milei, y su definición se volvió incierta.

La medida de fuerza busca interpelar directamente a los principales funcionarios del área: Daniel Salamone, presidente del CONICET; Darío Génua, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología; y Natalia Avendaño, titular de la Agencia I+D+i.

Proyectos paralizados

Otro eje de la protesta es la falta de ejecución de los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT), una de las principales herramientas de financiamiento para nuevas investigaciones. “Los fondos no están llegando a los laboratorios. Muchos investigadores dependen de los PICT para sostener líneas de trabajo y comprar insumos”, señalaron desde la Red de Autoridades de Institutos del CONICET.

Ciencia bajo recorte

Desde el inicio del gobierno de La Libertad Avanza, el sistema científico nacional ha experimentado un ajuste sostenido. Según datos del INDEC, durante el primer semestre de 2025 se perdieron 4.040 empleos públicos. De ese total, más de mil puestos correspondieron al CONICET, incluyendo personal técnico, administrativo y becarios.

La reducción representa una caída del 5,4% en la dotación de personal del Estado, y golpea con particular dureza a una estructura científica que ya operaba con recursos limitados.

El «streaming» del talud y una protesta con antorchas

La jornada de huelga intentará capitalizar el alto impacto que generó recientemente la transmisión en vivo de la expedición al talud submarino frente a Mar del Plata, realizada por el buque de investigación Falkor junto a la Fundación Schmidt Ocean Institute. El proyecto mostró fauna abisal inédita y superó los 80 mil espectadores simultáneos, generando un inusual interés público por la ciencia local. De la expedición participaron una treintena de científicos argentinos, la mayoría vinculados al CONICET.

“Mientras los ojos del mundo miraban nuestras capacidades científicas, acá se recortan sueldos y se congelan proyectos”, lamentaron desde la comunidad científica.

El acto central tendrá lugar en el Polo Científico-Tecnológico de Palermo. Habrá cartelazos, charlas, ruidazos, una marcha con antorchas y un acampe nocturno, que concluirá el jueves 7 con una asamblea general.

Cultura

Más destrucción de Milei: buscan derogar la Ley que protege a las librerías

Un anteproyecto impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado propone eliminar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera. Libreros, editoriales y entidades del sector alertaron que la medida favorecería la concentración del mercado, pondría en riesgo a las librerías independientes y afectaría la bibliodiversidad en la Argentina.

Publicado hace

#

El Gobierno nacional impulsa un anteproyecto para derogar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera y la iniciativa encendió las alarmas en toda la cadena del libro. Desde editoriales, librerías independientes y cámaras del sector advirtieron que la eliminación de la norma favorecería la concentración del mercado, reduciría la oferta editorial y pondría en riesgo cientos de comercios dedicados a la venta de libros en todo el país.

La iniciativa fue elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, y apunta a eliminar una legislación vigente desde hace más de dos décadas que establece el precio único de venta al público para los libros.

Qué establece la Ley de Defensa de la Actividad Librera

La Ley 25.542, sancionada en 2001 y vigente desde 2002, obliga a que cada libro tenga el mismo precio de venta en cualquier librería del país, independientemente del canal comercial donde se adquiera.

La norma contempla excepciones para determinadas operaciones, como descuentos de hasta el 10% durante ferias del libro o ventas a bibliotecas e instituciones culturales, y rebajas de hasta el 50% para compras destinadas a programas públicos de distribución gratuita. También excluye a libros usados, de colección, artesanales, descatalogados o importados a precio de saldo.

El objetivo de la ley fue evitar que grandes cadenas comerciales o plataformas con mayor poder económico utilicen los libros como producto de atracción mediante descuentos imposibles de igualar para las librerías independientes.

El sector advirtió por el impacto de la derogación

La posible eliminación de la norma recibió un amplio rechazo de las principales entidades vinculadas al mundo editorial.

Desde la Cámara Argentina del Libro (CAL) sostuvieron que el precio único «es la herramienta fundamental para proteger a las librerías independientes y a las editoriales pymes frente a la concentración del mercado», además de garantizar el acceso federal a la lectura y preservar la bibliodiversidad.

En la misma línea, la Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI) consideró que la iniciativa constituye «un ataque contra la cultura» y remarcó que cada librería representa un espacio de encuentro, promoción de nuevos autores y desarrollo de la industria editorial.

La Fundación El Libro, organizadora de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, también expresó su preocupación y afirmó que la legislación permitió sostener durante más de veinte años una amplia red de librerías independientes en todo el territorio nacional, reconocida internacionalmente por su diversidad y alcance.

Advierten por el futuro de las librerías de barrio

Libreros de distintas provincias coincidieron en que la derogación pondría en desventaja a los comercios independientes frente a las grandes cadenas y plataformas de venta online.

María Eugenia Ajamil, responsable de Boutique del Libro de Ushuaia, sostuvo que la normativa permitió que libros de editoriales pequeñas llegaran a todos los rincones del país y alertó que, sin esa protección, «solo sobrevivirán los títulos más rentables».

En el mismo sentido, Giselle Ale, titular de Fray Mocho y Libros de la Arena, de Mar del Plata, recordó que la ley «no le cuesta un peso al Estado» y aseguró que garantiza condiciones equitativas de competencia entre librerías independientes, cadenas comerciales y plataformas digitales.

Desde el sector también remarcaron que la experiencia internacional muestra que, en los países donde se eliminó el precio único del libro, desaparecieron numerosas librerías independientes y el mercado quedó concentrado en pocos actores, con una oferta editorial más reducida y menos espacio para autores emergentes y editoriales de menor escala.

Seguir leyendo
El Argentino

El Argentino
El Argentino

Las más leídas

Descubre más desde El Argentino Diario

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo