CABA
Torturas policiales: declaran los amigos de Lucas González
Fueron testigos del crimen del joven y víctimas de torturas por parte de la policía de Larreta.
Los tres amigos de Lucas González que fueron testigos del asesinato del adolescente de 17 años con el que iban en un auto que fue atacado a tiros por una brigada de la Policía de la Ciudad, en noviembre de 2021 en el barrio porteño de Barracas, declararán el próximo martes en el juicio al que son sometidos 14 efectivos de esa fuerza, al igual que los padres de la víctima, quienes recordarán a su hijo y lo que vivieron tras el crimen.
Fuentes judiciales confirmaron a Télam que Julián Salas, Joaquín Zuñiga y Niven Huanca, declararán en la audiencia que se desarrollará a partir de las 9 del martes 28 de marzo próximo, tanto en su carácter de testigos del asesinato como de víctimas, ya que los tres fueron sometidos a torturas por parte del personal policial que llegó al lugar tras el hecho.
También se espera que los padres de Lucas, Mario «Peca» González y Cintia López, declaren durante la misma jornada como testigos del debate que tiene a tres efectivos de la Policía de la Ciudad acusados del homicidio de Lucas y a otros 11 imputados del posterior encubrimiento y las torturas contra los otros tres chicos.
La segunda audiencia del juicio se desarrollará en la sala Auditorium de los tribunales federales de la avenida Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro.
Los voceros judiciales dijeron que el primero en declarar ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25, Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero, será el papá de Lucas, tras lo cual lo hará su esposa y madre de la víctima.
La mujer estará acompañada por una psicóloga o psiquiatra y declarará en caso de que se encuentre en condiciones de hacerlo.

El abogado de la pareja, Gregorio Dalbón, dijo a Télam el deseo de Cintia de declarar sobre lo ocurrido la mañana en la que su hijo salió de su casa de Florencio Varela y fue a entrenar al club Barracas Central y también lo que vivió luego en el hospital donde Lucas estuvo internado y murió a raíz del balazo policial que recibió en la cabeza, donde, según el letrado, «fue tratado como un delincuente».
“Cintia fue incorporada como un testigo nuevo, la citó la Justicia y ella quiere cumplir. Yo no la expondría, pero la decisión es de ella, que es la madre de la víctima”, añadió el letrado.

Luego será el turno de atestiguar de los tres jóvenes amigos de Lucas que estaban con él cuando el auto en el que se movilizaban fue atacado a tiros por la policía, en lo que se intentó hacer pasar como una persecución y tiroteo con delincuentes.
Según la instrucción de la causa, llevada a cabo por el fiscal Leonel Gómez Barbella, los cuatro se encontraban el 17 de noviembre de 2021 a bordo de un Wolkswagen Suran cuando fueron interceptados cerca de las 9.45 por un vehículo Nissan Tiida, sin identificación ni balizas, en el que iban tres policías de la Brigada de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad, en el cruce de las avenidas Iriarte y Vélez Sarsfield, en Barracas.
De acuerdo a lo que surgió de la pesquisa, los chicos prensaron que se trataba de ladrones que iban a robarles y aceleraron para escapar, por lo que comenzó una persecución en la que los tres policías dispararon hacia el auto e hirieron de muerte a Lucas, quien murió al día siguiente en el Hospital del Cruce de Florencio Varela.

En la instrucción del caso se estableció que tras recibir un tiro en la cabeza, Lucas cayó herido sobre las piernas de Salas, quien condujo algunas cuadras hasta que pidió ayuda a dos policías, que los trataron como delincuentes y los detuvieron.
En tanto, Niven salió corriendo asustado hacia su casa y cerca de las 16 se presentó con su madre en una comisaría de la zona para ponerse a disposición de la Justicia.
En la escena del hecho, los adolescentes fueron señalados como presuntos delincuentes y, tras ser insultado, maltratados y esposados, fueron trasladados en calidad de detenidos al Instituto de menores Inchausti, desde donde fueron liberados tras comprobarse que, al igual que Lucas, eran jugadores de las inferiores del club Barracas Central.

De las declaraciones de los adolescentes en la etapa de instrucción de la causa surgió que el inspector Gabriel Alejandro Issasi (41), el oficial mayor Fabián Andrés López (48) y el oficial Juan José Nieva (37) -los tres policías acusados de homicidio- los amenazaron, les dijeron «villeros» y «negritos» y los mantuvieron esposados y tirados en el piso mientras Lucas agonizaba en el auto.
«Ah, sos de Varela, a los negritos como vos hay pegarles un tiro en la cabeza», le dijo uno de los efectivos a Zuñiga.
«Villeritos», «dónde tenés la falopa»; «dónde está el arma con que mataron a su amigo», «hay que pegarles un tiro»; fueron otras de las frases degradantes que los policías les dijeron.
Según la causa, a los tres adolescentes «los mantuvieron durante más de dos horas esposados contra el piso boca abajo y luego sentados», sometidos a «tratos denigrantes e inhumanos, denotando un significativo odio racial hacia los mismos».
Por tal motivo, Issasi, López y Nieva, quienes integraban la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad, llegaron a juicio detenidos y acusados de «homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial».

En la primera jornada del debate oral, los tres efectivos, quienes son defendidos por el abogado Fernando Soto, declararon sin aceptar responder preguntas, y en la misma línea aseguraron que actuaron «en legítima defensa» y «en cumplimientos del deber», por lo que no cometieron «ningún delito».
En tanto, otros 11 policías que llegaron a juicio acusados de encubrir el hecho mediante diversas maniobras -entre ellas «plantar» un arma en el auto de las víctimas- y también de someter a torturas a los jóvenes, enfrentan cargos por «falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas».
Además, en el caso de dos de ellos también por «falso testimonio agravado por haber sido cometido en una causa penal y en perjuicio de los imputados».

Se trata del principal de la Comuna 4D Héctor Claudio Cuevas, del comisario y subcomisario de la brigada de esa comuna, Juan Horacio Romero (51), del subcomisario Roberto Inca (48), del comisario inspector del Departamento Comunal Vecinal 4 Daniel Alberto Santana (50), y del comisario de la Comuna Vecinal 4A, Rodolfo Alejandro Ozán (54).
También están acusados el comisario de la Comisaría Vecinal 4D, Fabián Alberto Du Santos (51); el comisario de la Comuna 4D, Ramón Jesús Chocobar (48) y de los oficiales de la Comisaría Vecinal 4D Sebastián Jorge Baidón (28), Jonathan Alexis Martínez (34), Ángel Darío Arévalos (34) y Daniel Rubén Espinosa (33).
Todos ellos se negaron a declarar en la primera jornada del juicio realizada el 16 de este mes, por lo que sus indagatorias en la instrucción de la causa fueron incorporadas al debate por lectura.
CABA
Mano dura como bandera: Jorge Macri suma 600 policías y se burla de sus críticos
El jefe de Gobierno porteño llevó a más de 28.000 la dotación de la Policía de la Ciudad y usó el acto para ironizar contra quienes cuestionaron el operativo Tormenta Negra, denunciado por el CELS por violencia policial y detenciones arbitrarias en los barrios populares.
Frente a 600 nuevos policías formados en el Patio de Armas, Jorge Macri no se limitó a dar la bienvenida a la tropa. Eligió responder, con sorna, a los organismos de derechos humanos y a los sectores de la oposición que denunciaron los megaoperativos en las villas porteñas: «Hace unos meses, cuando se hizo el operativo Tormenta Negra en las villas, algunos pusieron el grito en el cielo. Nos acusaron de hacer operativos ‘fachos’ y estigmatizantes. Quiero mandarles un saludo para ellos: entre 2023 y 2026, los homicidios en las villas bajaron 70%. Salvamos 7 de cada 10 vidas que en 2023 se perdían. Sin ley y orden no hay progreso ni libertad».
El jefe de Gobierno porteño encabezó este martes el acto de incorporación de los nuevos efectivos en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP). Los agentes egresaron de los cursos NICE (Nuevos Ingresos con Experiencia), un programa de la Policía de la Ciudad destinado a sumar personal que ya trabajó en otras fuerzas federales o provinciales, con una capacitación de 240 horas cátedra en formación técnica, legal y táctica, más entrenamiento físico. Lo acompañaron el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro; el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia; el secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano, Francisco Quintana; el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló, y el fiscal general de la Ciudad, Martín López Zabaleta.
Las cifras que exhibe la gestión
Con esta camada, la Policía de la Ciudad superó los 28.000 efectivos. Según el Gobierno porteño, desde diciembre de 2023 se incorporaron 6.803 nuevos policías: 4.260 formados como cadetes en el ISSP y 2.543 llegados a través del programa NICE. Es decir, más de un tercio de los ingresos de la gestión llegó por la vía de la formación abreviada para agentes que provienen de otras fuerzas.
La administración porteña sostiene que la tasa de homicidios se ubicó en 2,5 casos cada 100.000 habitantes, la más baja de su serie histórica, y atribuye ese resultado a la incorporación constante de personal. Sin embargo, el comunicado oficial no detalló la metodología ni la fuente del cálculo sobre la caída del 70% en las villas que Macri esgrimió en su discurso.
Hay, además, una inconsistencia en el argumento del jefe de Gobierno. El período que Macri usó para responder a sus críticos arranca en 2023, mucho antes del primer operativo Tormenta Negra, desplegado en mayo de 2026. La baja que invoca, por lo tanto, no puede atribuirse a esos megaoperativos que eligió defender con ironía.
Tormenta Negra y las denuncias que Macri prefiere ridiculizar
El primer operativo Tormenta Negra se realizó el 14 de mayo, con más de 1.500 efectivos desplegados en simultáneo en 15 barrios populares, entre ellos la Villa 31, Zavaleta y Ciudad Oculta, con helicópteros y un vehículo blindado. Los balances oficiales difundidos entonces hablaron de entre 20 y 27 detenidos y cuatro búnkeres cerrados. En septiembre, la Ciudad repitió la misma modalidad en una segunda edición.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicó un documento sobre esa segunda edición, titulado «Una tormenta negra contra nuestrxs pibxs», en el que afirmó haber registrado episodios de violencia policial, detenciones arbitrarias y el retiro de pertenencias y herramientas de trabajo de vecinos y vecinas. Ya tras el primer despliegue, la coordinadora del equipo de Violencia Institucional del organismo, Victoria Darraidou, advirtió que «este tipo de intervenciones policiales identifican como enemigo a las personas que viven en las villas».
La discusión también llegó a la Legislatura porteña, donde legisladores presentaron un proyecto para que la Auditoría General de la Ciudad revise el operativo de mayo: los recursos utilizados, las inspecciones, los decomisos, el retiro de vehículos, las derivaciones de personas en situación de calle y los procedimientos policiales. La legisladora Vanina Biasi cuestionó que el despliegue golpeara a comerciantes y vecinos de los sectores más vulnerables bajo el argumento de combatir el delito.
Desde adentro de los barrios, el periodista y comunicador popular de la Villa 21-24 Nelson Santacruz describió en el programa de streaming Ronda de Investigación un hostigamiento que no se detiene: «Para nosotros la tormenta nunca terminó, el operativo Tormenta Negra, porque desde la primera vez a la fecha viene sucediendo todo el tiempo». Lo que el jefe de Gobierno presenta como un éxito, en los pasillos se vive como una presencia policial permanente y sin rendición de cuentas.
Trapitos, manteros y «pseudo progres»: el discurso del enemigo interno
El tono del acto confirmó una estrategia que Macri viene sosteniendo desde hace meses. «Durante años les dedicaron tiempo, recursos y teorías a entender al delincuente. Lo romantizaron tanto que algunos pseudo progres parecen haberse enamorado de la delincuencia. En nuestra gestión, eso se terminó», afirmó, antes de agrupar en una misma enumeración a usurpadores, trapitos, manteros y a quienes agreden a policías: «Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada».
También dividió a la sociedad en dos bandos: «Un Estado tiene que saber de qué lado está. Hay dos maneras de entender la Ciudad. Están los que siempre encuentran una excusa para el delincuente y terminan desamparando a la gente de bien. Y estamos los que creemos que la primera obligación del Estado es estar del lado del que trabaja, estudia, cumple las reglas y quiere vivir en paz». En ese esquema, quien denuncia abusos policiales queda automáticamente del lado del delito, y el trabajador informal que vende en la vereda pasa a compartir lista con el violento.
No es la primera vez que una ceremonia policial se convierte en tribuna política. En junio, ante 650 nuevos efectivos en el mismo instituto, Macri apuntó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof: «Si del otro lado de la General Paz reina el caos y el desorden, nosotros vamos a ser un muro contra la barbarie y el desgobierno de Kicillof». Con la mira puesta en 2027, la seguridad se consolida como el eje de campaña de un PRO que compite con La Libertad Avanza por el mismo electorado de mano dura.
El jefe de Gobierno cerró con una definición de identidad: «Defender a la Ciudad es defender la convicción de que se puede vivir mejor. Que el progreso no es una mala palabra. Que el esfuerzo vale. Que las reglas importan». Queda pendiente que esas mismas reglas alcancen a los procedimientos que el CELS documentó y que la Legislatura pidió auditar, porque la ley también rige para quienes visten uniforme.
Lo que tenés que saber:
- La Ciudad incorporó 600 policías provenientes del programa NICE y la fuerza superó los 28.000 efectivos.
- Desde diciembre de 2023 ingresaron 6.803 agentes; 2.543 llegaron por la vía NICE, con formación de 240 horas cátedra.
- Macri ironizó contra los críticos del operativo Tormenta Negra y atribuyó a su gestión una caída del 70% en los homicidios en las villas entre 2023 y 2026.
- El CELS denunció violencia policial, detenciones arbitrarias y retiro de herramientas de trabajo durante la segunda edición del operativo.
- Legisladores porteños pidieron que la Auditoría General de la Ciudad revise el despliegue realizado en mayo.
-
Boxeo8 horasEl Roña Castro se descompensó y falleció en el Bingo de Morón: aún no se conocen las causas
-
Fútbol & Goles!10 horasMucha posesión, poco arco: por qué Boca no pudo con Vasco ni con un hombre de más
-
CABA16 horasMano dura como bandera: Jorge Macri suma 600 policías y se burla de sus críticos
-
Papa León XIV12 horasEl Gobierno sostiene el operativo por León XIV pese al diagnóstico del Papa
-
Papa León XIV14 horasLeón XIV despertó lúcido tras la cirugía y el Gobierno se aferra a la visita
-
Servicios5 díasEl Sarmiento vuelve recién el martes, el servicio estará suspendido tres días por obras
-
Alimentación18 horasLas canastas subieron 40% interanual y el salario mínimo no alcanza: los datos del INDEC que Milei no muestra
-
Gestión18 horasMasaragian, tercer titular de Discapacidad en tres semanas: un área a la deriva
