Por Demetrio Iramain

Exactamente un año atrás, el 18 de abril de 2021, una Sala de la Justicia de la CABA rechazaba un DNU presidencial que suspendía las clases presenciales hasta el 30 de abril, por la pandemia. El fallo constituía un alzamiento judicial contra el sistema federal de gobierno.

Evidentemente no terminó ahí la cosa. El golpe blando judicial, consumado ayer por la Corte Suprema en su asalto al Consejo de la Magistratura, constituye un nuevo hecho en la misma escalada.

El autoproclamado presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, fue igualmente autoproclamado presidente de la Corte Suprema en septiembre del año pasado. Así, el hombre fuerte del máximo Tribunal no sólo suma más poder, también lo adiciona mediante el mismo modus operandi: el autovoto.

En aquel acuerdo del 23 de septiembre de 2021 Rosatti fue “elegido” como presidente de la Corte con el voto propio, más los de Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkratz, que fue ungido vicepresidente.

En la bochornosa elección, que se hizo por zoom, el cortesano Ricardo Lorenzetti no participó, mientras que Elena Highton, que todavía no se había jubilado, solicitó posponer el Acuerdo, aunque sin éxito. La nueva mayoría (Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda), pegada con cinta Scotch, iniciaba así su virreinato.

Para que nos entendamos: el titular de la Corte, ubicado en la línea de sucesión presidencial según lo establece la ley de acefalía, no sólo ejerce el control de constitucionalidad de las leyes; desde ahora intervendrá en el proceso de selección y enjuiciamiento de los jueces.

No es la única facultad que concentra Rosatti. También maneja un presupuesto híper millonario, cuyas utilidades son guardadas en plazo fijos bancarios, la mitad de ellos en moneda extranjera. Sí, el Poder Judicial ahorra en dólares, y se beneficia con cada devaluación, aunque usted no lo crea.

El llamado “Fondo Anticíclico del Poder Judicial” se nutre del dinero que la Corte le pide al Ejecutivo para obras en infraestructura que luego no ejecuta, ni devuelve al Tesoro Nacional; el dinero que “ahorra” al no cubrir cientos de vacantes de personal, y las ganancias de la Obra Social que maneja en soledad el Máximo Tribunal, y que no destina a mejorar las coberturas en medicamentos o prácticas médicas. Tantos recursos en manos de un poder tan concentrado, oligárquico y convertido en un enclave reaccionario dentro del Estado, representa una amenaza política a la democracia.

Si seguimos así, la Corte llegará al extremo de declarar inconstitucional la Constitución. Tiene el dinero y los fierros institucionales para hacerlo. Y ganas no le faltan. Algo hay que hacer.