El Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTep) tiene más de 4 millones de inscriptos y el programa Potenciar Trabajo alcanza solo a 1.300.000 beneficiarios. Es decir, que la gran mayoría de quienes se reconocen trabajadores y trabajadoras de la economía popular no reciben ningún complemento económico por la actividad que realizan comunitariamente para subsistir.

Cartoneras, recicladores, constructoras, cuidadoras, herreros, carpinteros, costureras, trabajadores de la tierra, promotoras de salud, bomberos comunitarios, vendedores ambulantes o feriantes que por las políticas de exclusión perdieron sus empleos, pero con creatividad y fortaleza los reinventaron.

¿Qué dice el decreto 728/2022?

Firmado por el presidente Alberto Fernández y los ministros Manzur, Massa, Tolosa Paz, Kismer de Olmos y Katopodis, el decreto plantea la constitución del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario e instruye al Ministerio de Desarrollo Social, de Trabajo y de Economía a designar sus representantes en un plazo no mayor a sesenta días. Para ello convoca a las organizaciones inscriptas en el Registro de Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular y de Subsistencia Básica.

La norma promueve otorgar el 30% de la obra pública a las Cooperativas de Trabajo, en contratos de hasta $300 millones.

El artículo sexto establece que, a partir de la entrada en vigencia del decreto, “no podrá ampliarse el número de titulares de los siguientes programas: Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo”, “Potenciar Inclusión Joven”, “Nexo” y “Plus Esencial”.

¿Qué piensan algunas de las organizaciones populares más importantes del país?

“Lo más importante del decreto es la conformación del Consejo de la Economía Popular, la participación de las organizaciones en la obra pública y la posibilidad concreta de trabajar aspectos vinculados al desarrollo productivo, la comercialización y el acceso al crédito de la economía popular. Es un paso importante teniendo en cuenta que hemos manifestado la ineficacia de los subsidios para abordar los problemas de desigualdad, pobreza e indigencia. Es el trabajo, la producción, el desarrollo desde donde vamos a dignificar el trabajo de millones de habitantes”, expresó Gildo Onorato, Secretario Gremial de la UTEP y dirigente del Movimiento Evita.

Nicolás Caropresi, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y referente de la UTEP, opinó, por el contrario, que “el decreto tiene por un lado la conformación del Consejo que ojalá pase del chamuyo, por otro lado la obra pública y después lo utilizaron para hacer prensa que a través de esta medida iban a poner fin a las altas del Potenciar Trabajo”.

“Creer que hablándole a la tribuna y con anuncios que solo sirven para hacerles creer a los gorilas de la Argentina que el problema de la pobreza son los pobres o que son las organizaciones, es el camino más fácil y el más ingenuo. Mientras la política se la pasa discutiendo por carguitos los movimientos sociales paramos la olla cuando la gente no tiene qué comer”, concluyó.

En esta línea Marina Joski, Secretaria de Género y Diversidad de la UTEP y referente del Movimiento Popular La Dignidad manifestó: “Este decreto borra con el codo lo que los trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular plasmaron con su trabajo y en la Ley de Emergencia Social. El 30% de las trabajadoras inscriptas en el ReNaTep forman parte de la rama socio comunitaria, que si no es reconocida por el Estado como un trabajo se dificulta el acceso a un ingreso justo para todas las mujeres y disidencias que realizan las tareas invisibilizadas de cuidados”.

“Poner un techo a un ingreso y no poner un freno a los precios, a la especulación inmobiliaria, a las grandes empresas y a las derechas que se reorganizan nos parece terrible”, enfatizó.

El diputado nacional y dirigente de la CCC, Juan Carlos Alderete, defiende los artículos 4to y 5to del decreto “porque ha sido una propuesta que hicimos al ministro de Economía y al Presidente de la Nación para repetir la experiencia que se tuvo entre el 2004 y el 2015 donde construimos 5.200 viviendas en diferentes provincias y nos insertamos en la pequeña y mediana obra pública”.

Sin embargo, remarcó que no está de acuerdo con la suspensión del acceso a los programas sociales de nuevos beneficiarios. “Esa es una resolución que no tiene nada que ver con lo que habíamos pedido porque está contra los propios intereses de los compañeros que no tienen nada. Por lo tanto, con el resto del decreto no estoy de acuerdo”.

“No vemos que sea una solución para el trabajo que es lo que buscamos. La industrialización, el desarrollo nacional, el no pago de la deuda para fortalecer lo que pueda darle una salida al país. La idea de cortar los programas sociales representa un ajuste contra los trabajadores”, resaltó Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero y del Frente de Unidad Piquetera.

Marianela “Pini” Navarro, referenta del FOL expresó que “se trata de un decreto a la medida de las exigencias del FMI. Ante la grave situación que se vive en Argentina con la pérdida del poder adquisitivo y la mitad de la población por debajo de la línea de pobreza. No se están atendiendo las demandas graves que existen en los sectores populares. Mientras se premia a los que nunca perdieron se aplican medidas de recortes hacia los movimientos sociales. La campaña de estigmatización, la judicialización de los movimientos sociales, ahora corona con un recorte”, concluyó.