Por Emilia Trabucco y Raúl Dellatorre*

El gobierno de Javier Milei y su equipo económico sigue preocupado por la falta de dólares en las reservas internacionales del Banco Central y por lograr la esperada “estabilidad” que no llega. Avanza la brutal transferencia de ingresos desde los bolsillos de las clases trabajadoras a los sectores concentrados, pero no sin tensiones. La espectacularización de la novela plagada de internas en La Libertad Avanza son el reflejo de la descomposición de la política y de las tensiones que no logran resolver, frente a las presiones que llegan principalmente de los actores financieros especulativos, insaciables cuando de maximizar sus ganancias se trata. 

El veto total firmado por el presidente (en acuerdo con Mauricio Macri) a la Ley de Movilidad Jubilatoria llegó en la noche del viernes 30, a pesar de haber sido aprobada por amplia mayoría en el Congreso, con una antesala de represión por parte de las fuerzas de seguridad contra los y las jubiladas -principal variable de ajuste del gobierno- que se concentraron para protestar.

El argumento del Ejecutivo para arremeter nuevamente contra los jubilados es no alterar la balanza fiscal, uno de los principales objetivos del plan de gobierno, donde claramente no todos pierden. La baja del Impuesto País anunciado para septiembre y la regulación del capítulo del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) trae importantes beneficios para los que siempre ganan en la Patria Financiera. 

La reglamentación del RIGI abrirá las puertas al festín de importaciones que ya estaba previsto -solo a la espera de las ventajas-, con algunas ampliaciones que seguramente traerá controversias judiciales, ya que la reglamentación fue más allá de la Ley, extendiendo los beneficios a sectores que no estaban estipulados, como las empresas proveedoras de las entidades que realizan grandes inversiones, pago de deudas y otras operaciones que no figuran en el texto original. Los beneficios tienen que ver con maximización de ganancias, ya que por ejemplo, dichas empresas no estarán alcanzadas por las restricciones relacionadas con el cepo cambiario. 

El otro factor es la baja de 10 puntos del Impuesto País (de 17,5 a 7,5 puntos) a partir de septiembre sobre algunas importaciones y operaciones de pagos en el exterior, con la promesa de Luis Caputo, ministro de Economía, de llevarlo a cero. El tercer factor a tener en cuenta, que apunta en el mismo sentido, es la resolución de la secretaría de Industria por la cual se abaratan y se facilitan trámites de importación de acero, algunos derivados y otros insumos industriales, como parte del plan de desregulación encabezado por Federico Sturzzenegger. 

Los primeros que festejaron esta medida fueron los dueños de la industria automotriz, ya que las importaciones provienen de sus propias casas matrices en el exterior, por lo que las importaciones son operaciones intrafirmas. Si se suman la baja del Impuesto País, la regulación del RIGI y la resolución sobre facilidades para importar, en septiembre se espera una ola de importaciones y  pagos al exterior, ya que muchas operaciones venían demoradas a la espera de los beneficios.

Esta situación se da en medio de una crisis externa espectacular, producto de la falta de dólares en las reservas internacionales, ya que no llegan los préstamos, ni las esperadas inversiones desde el exterior, ni la liquidación por exportaciones. En este marco, las medidas anunciadas sólo profundizarán la crisis en curso, y dichos anuncios formarían parte de un intento desesperado del gobierno de generar “confianza” para lograr las inversiones que lo saquen de la encrucijada. 

Este es el drama de fondo en el que cabalga el gobierno, y que debería ocupar el centro del debate político. En cambio, el aparato mediático reproduce y presenta una espectacularización de los conflictos políticos en el seno de La Libertad Avanza, con capítulos que incluyen disputas con la vicepresidenta y expulsión de diputados, que nada tiene que ver con los problemas reales de la economía y la política argentina. 

Un informe de economistas bonaerenses de Unión por la Patria encabezado por Roberto Feletti alerta por una «Doble D: devaluación y default» (28 de agosto de 2024). Señala que a 8 meses del inicio de gobierno, se evidencia un programa de reformas estructurales y un plan de estabilización de emergencia a corto plazo. Con el plan de reformas pudieron avanzar, ya que lograron aprobar los grandes paquetes de leyes con poca resistencia, sin embargo, la estabilidad tarda en llegar y la gobernabilidad, también. 

El “Pacto de Mayo”, firmado por la mayoría de los gobernadores, no surtió los efectos esperados por Milei: siguen sin resolverse la aprobación de préstamos y el cumplimiento de las expectativas del Fondo Monetario Internacional, a pesar de los desesperados esfuerzos, como lo fue el movimiento del oro nacional al exterior como garantía. 

Este es un escenario de crisis externa por falta de dólares, donde las salidas posibles son la entrada en default por la deuda o ceder ante las presiones de los sectores que quieren la devaluación de la moneda nacional, medida resistida por el gobierno ya que dinamitaría su plan de estabilidad económica. 

Este escenario de crisis, sumado a una profunda recesión económica, un supuesto triunfo con la baja de la inflación – basada en la destrucción del mercado interno- es de alguna forma comparable a la crisis de la convertibilidad de diciembre 2001, precedida por crisis de deuda con el FMI, cuatro años de recesión con depresión económica y deflación (caída de precios por caída del consumo y de la actividad industrial). Hay dos elementos que diferencian la crisis de Domingo Cavallo y de Milei-Caputo: por un lado, Cavallo tenía fondos por la ola de privatizaciones de las empresas estatales y tenía crédito externo, y por otro, aquella crisis que duró 4 años hoy se profundiza semana a semana, lo que determina un panorama altamente riesgoso.

Esto determina los graves problemas que el gobierno enfrenta por los vencimientos de compromisos de deuda, que se agudizarán en el primer semestre de 2025, sumado a las presiones devaluatorias que ponen en riesgo el plan de estabilización. Esta es la situación real del gobierno, a pesar de sus intentos de mostrarse exitoso. 

Las tensiones provenientes del empresariado se evidenciaron en la encuesta de IDEA: 9 de cada 10 empresarios evalúan positivamente el rumbo del gobierno, pero advierten -con su conocido modo extorsivo- que hasta que no se levante el cepo (las restricciones cambiarias), las inversiones no van a llegar. En otras palabras, hasta que no llegue la devaluación: levantar el cepo sin dólares para sostenerlo, significa una suba del dólar imposible de controlar por parte del gobierno. 

Todos estos factores se combinan para determinar un colapso económico y político que transcurre a una velocidad inusitada. La falta de debate sobre los problemas de fondo, dificulta principalmente la posibilidad de articular una respuesta política desde el campo popular ante un plan económico donde el gobierno está decidido a ceder a las presiones de los grupos especuladores para hacer pagar los costos a las grandes mayorías trabajadoras. 

La pregunta es: ¿qué viene después del colapso?. Las medidas económicas del gobierno apuntan a dejar tierra arrasada para los sectores que se benefician de la especulación financiera, fronteras nacionales afuera, buscando convertir al país en un paraíso fiscal. Los buitres hoy se disfrazan de magnates tecnológicos y reciben a todo el arco de la dirigencia política (desde Rodrigo de Loredo, pasando por Schiaretti hasta Mayra Mendoza) seduciendolos en sus oficinas de Silicon Valley, con ayuda de la Fundación Universitaria del Río de La Plata, conducida por Quintana, secretario de la Fundación Pensar, consejero del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ex funcionario de Macri. 

Las consecuencias inmediatas de estas medidas, con la apertura indiscriminada de importaciones, tienen que ver con la destrucción del entramado de pequeñas empresas (pymes) que son las principales contratantes de trabajadores (el 80% de la mano de obra) y con la retirada de las grandes transnacionales, que prefieren importar sus productos más baratos desde el exterior, en vez de asentarse en el país y contratar trabajadores, lo que consideran “costo laboral” en sus balances de ganancias.

Diez mil empresas cerraron en 7 meses, y entre noviembre de 2023 y mayo de 2024, la cantidad de empleadores se redujo en 9972, con el 99,5% de los cierres afectando a empresas de menos de 500 trabajadores (CEPA, 2024). Ya se perdieron 265.308 puestos de trabajo y se espera que esta situación se agrave. Para los y las que aún sostienen sus puestos laborales, viene la reglamentación del capítulo laboral de la Ley Bases anunciada por Sturzenegger, lo que supone la destrucción absoluta de la legislación que protege los derechos laborales conquistados históricamente.

A ello se agrega el anuncio de Caputo de volver a aumentar en septiembre las tarifas de la luz y el gas, además de las prepagas, combustibles, colegios privados y aguas, con un sólo objetivo: que vía quita de subsidios, les argentines paguen más en su boleta y así compensar lo que el Estado pierde tras la decisión de bajar 10 puntos el Impuesto País. Es decir, se liberó de un costo alto a empresarios que importaban y ese vacío recaudatorio se cubrirá con el gobierno de Javier Milei gastando menos en subsidios y pasándole un costo tarifario directo a los y las usuarias. 

Un 70% de niñeces  y 7 millones de jubilades bajo la línea de la pobreza completan un escenario desolador, mientras el gobierno de Milei, en alianza con Macri,  avanza con su intención de intervenir los sindicatos, arma causas judiciales a referentes sociales, allana comedores comunitarios y busca que las Fuerzas Armadas intervengan en conflictos internos bajo la figura de “combate al terrorismo”, en una clara estrategia de criminalización de la política popular y la pobreza. 

Los tiempos y la gravedad de la crisis se aceleran en una época con elementos inéditos, lo que parece dificultar la rearticulación de una fuerza política con capacidad de oponerse al plan criminal del entramado de ultraderecha que conduce hoy los destinos de millones de argentinos y argentinas. Urge así la apelación a la memoria histórica de un pueblo que ha sabido enfrentar a sus verdugos y la capacidad de interpretar el nuevo tiempo, siempre y cuando la dirigencia deje de buscar parecerse más a sus enemigos que a su propios representados. 

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