La administración porteña recibió la primera cuota por la coparticipación, 2.243 millones de pesos correspondientes a enero de 2021, más un proporcional por diciembre, y reiteró la convocatoria al diálogo para alcanzar un acuerdo en un plazo de 30 días, como establece la ley 27.606.

La liberación de los fondos, que se giraron el viernes desde el Tesoro y ya fueron recibidos por la CABA, fue acompañada con el envío al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta de una nueva carta, firmada esta vez por el ministro de Economía, Martín Guzmán.

El titular del Palacio de Hacienda invitó al alcalde porteño a encontrarse en persona «para construir un acuerdo adecuado en el marco de la institucionalidad», en cuanto a lo que establece la ley 27.606/2020, aprobada en el Congreso a fines de diciembre.

«Sería indispensable que esto (el encuentro con Larreta) ocurra dentro de los próximos 30 días, teniendo en cuenta el plazo que establece la Ley 27.606», subrayó Guzmán.

El monto que se transfirió a la administración porteña equivale a la doceava parte (más el proporcional de diciembre) de la transferencia mensual y automática de 24.500 millones de pesos que la ley 27.606 fijó como condición transitoria hasta que entre en vigencia un acuerdo voluntario entre ambas jurisdicciones; un objetivo que, por cierto, hoy se presenta bastante lejano.

El conflicto está concentrado en la redimensión de los fondos asignados en el llamado Convenio de Transferencia Progresiva a la CABA de facultades y funciones de seguridad de materia no federal (el traspaso definitivo de la Policía de la Ciudad a la órbita porteña), que entró en vigencia en el enero de 2016, al inicio de la gestión de Mauricio Macri.

El gobierno del Frente de Todos asegura que Macri incumplió dos preceptos constitucionales previstos para las transferencias de competencias entre jurisdicciones: que realizó el traspaso por decreto y que los recursos que asignó para ese fin, tal como planteó el ministro del Interior Eduardo De Pedro, representaban «más del doble del costo real para su funcionamiento».

Por esa razón, a fines de diciembre y por impulso del oficialismo, el Congreso sancionó la ley 27.606. Dicha norma dispuso que el gasto anual que demande la transferencia de las competencias de seguridad a la CABA deberá «ser acordado de forma bilateral» entre el Estado nacional y el Gobierno porteño en un plazo de 60 días.

De esos dos meses ya pasaron 30 días, y el gobierno porteño sigue negándose a aceptar cualquier convocatoria. La decisión de Larreta es persistir en la estrategia de judicialización y apostar una declaración de inconstitucionalidad.

Este viernes, al cumplirse la mitad del plazo dispuesto por la ley, Guzmán envió una carta oficial al jefe de gobierno en la que repitió «la invitación a un encuentro» que permita a las dos partes «construir un acuerdo adecuado a lo establecido en el marco de la institucionalidad».

«La cuestión por la que le escribo (el recálculo de los fondos coparticipables que Macri reasignó a la CABA con motivo de la transferencia de las funciones de seguridad al distrito porteño) constituye un problema de carácter económico, que debe ser resuelto sobre la base de un análisis técnico correcto y transparente», señaló el ministro de Economía en uno de los párrafos sustanciales.

«Por ello -insistió Guzmán- sería necesario trabajar mancomunadamente, en reuniones bilaterales, en las que analicemos técnicamente los supuestos y valores económicos que determinan el gasto anual del servicio oportunamente transferido desde la Nación a CABA, y su razonable actualización», remarcó.

Además, el titular del Palacio de Hacienda ratificó el llamado al diálogo, «al que estamos y estaremos siempre abiertos desde el gobierno nacional», aclaró. Aunque cabe recordar que esta carta de Guzmán a Larreta no es la primera, ya principios de año, Wado De Pedro envió una misiva similar, que el alcalde de la Ciudad rechazó.

En la administración porteña resisten cualquier acercamiento o diálogo que pueda ser interpretado como una aceptación a una medida anterior tomada por el Ejecutivo, el decreto 735/2020.

En ese decreto se estimó que la ampliación de los fondos coparticipables recibidos por el distrito porteño al inicio de la gestión de Macri (un 0,92% adicional, que se recordó del resto de las jurisdicciones) «carecía de la fundamentación necesaria».

En su nota dirigida a Larreta, Guzmán lo invitó a coincidir «en que los consensos y acuerdos son necesarios y sanos para Argentina» y llamó a construir «un ambiente de estabilidad y previsibilidad». Sin embargo, vale destacar que el plazo para el diálogo no es eterno, y CABA tiene solo 30 días de tiempo para negociar con el Estado Nacional.