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CABA

La APDH repudió las amenazas y hechos violentos en el Hospital Durand

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos se pronunció contra las pintadas fascistas en el nosocomio porteño.

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La Regional CABA de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) repudió enérgicamente los hechos acontecidos en el Hospital General de Agudos Carlos G. Durand este lunes, tanto en el sector de Ginecología como en la cartelera del gremio ATE.

En un comunicado firmado por Ramiro Geber y Enrique Rocatti, titulares de la organización, la APDH expresó su «profundo rechazo a los actos de violencia y amenazas» que tuvieron lugar en el hospital público.

«Consideramos que, a 40 años de recuperar la democracia, en un hospital público no deberían suceder estos hechos lamentables, violentos y que atentan a las instancias superadoras en la convivencia laboral, ciudadana y por sobre todas las cosas al respeto en un espacio de cuidado de la salud y del otro», señala el comunicado.

La APDH considera que «estos acontecimientos están fuera de lugar en todo espacio público y privado» y que «estos procedimientos utilizados por la última dictadura militar no tienen lugar en nuestra Patria, 40 años después de recuperar el Sistema Democrático Gobernante».

«Debemos sancionar a los que comentan estos ilícitos, son contravenciones a los derechos humanos», afirma la organización.

Y añade: «Desde un espacio de promoción y protección de los derechos humanos, como es la APDH, decimos Nunca Más, a todo tipo de atropello a los derechos individuales o grupales, y solicitamos a las Instituciones afectadas las denuncias correspondientes, dando nuestro apoyo y acompañamiento de ser solicitado, para que no se naturalicen los episodios de violencia como estos. Por una Argentina de todos y para todos, sin discursos de odio, acciones violentas y restricciones al ejercicio de la plena democracia. Memoria, Verdad y Justicia. Nunca Más».

Los hechos repudiados por la APDH tuvieron lugar el pasado lunes 27 de noviembre en el sector de Ginecología, cuando un pequeño grupo de personas agredió verbalmente a una médica que se encontraba de guardia y en la cartelera del gremio ATE, se colocaron carteles con amenazas de muerte contra los trabajadores del hospital, con una clara alusión a situaciones de violencia y crímenes de lesa humanidad ocurridos en la Argentina durante la última dictadura cívico-militar.

La APDH ha solicitado a las autoridades del Hospital Durand y de la Ciudad de Buenos Aires que investiguen los hechos y que tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores y pacientes del nosocomio.

CABA

Sentada en el Mariano Acosta: la policía llegó y crece la alarma por el Protocolo de Macri

El Gobierno porteño aprobó una resolución que obliga a las escuelas a denunciar posibles delitos desde los 14 años. Gremios docentes advierten sobre la criminalización de adolescentes, mientras estudiantes del Mariano Acosta reclaman por ESI, salud mental y el boleto estudiantil.

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El Centro de Estudiantes del Mariano Acosta (CESMA) realizó una sentada con clases abiertas y exigió que la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, escuche sus demandas. Según informó Indymedia Argentina, el reclamo incluyó la falta de ESI, el rechazo a la reforma «BA Aprende», el régimen de faltas que pone en riesgo el boleto estudiantil y la falta de financiamiento en salud mental.

Durante la jornada se acercó personal de la Policía de la Ciudad al colegio, por una supuesta denuncia vecinal por ruidos molestos. Las autoridades no permitieron el ingreso e informaron que se dictaban clases con normalidad.

El episodio ocurrió semanas después de que el Gobierno de Jorge Macri aprobara, el 25 de septiembre, una resolución conjunta de los ministerios de Educación, Justicia y Seguridad y del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La norma fija un procedimiento para las escuelas tras la entrada en vigencia, el 5 de septiembre, del nuevo Régimen Penal Juvenil. Esa Ley nacional bajó de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.

La resolución establece que las autoridades escolares “deben denunciar los hechos que pudieran constituir delitos de acción pública, sin investigar ni calificarlos jurídicamente”.También regula cuándo puede intervenir la policía: “por un llamado al 911 de la propia escuela, por orden judicial escrita o ante riesgo para la vida o la integridad física”. La denuncia vecinal por ruidos no figura entre esos supuestos.

Los gremios docentes porteños rechazaron el protocolo. La UTE cuestionó que las escuelas se conviertan en «puertas de entrada al sistema penal» y advirtió sobre la estigmatización de niñas, niños y adolescentes. Los sindicatos reclamaron además políticas de inclusión, salud, vivienda y trabajo para los barrios populares. El escenario se completa con los reclamos por el presupuesto educativo y con la respuesta policial a una protesta estudiantil.

Mientras el Gobierno nacional vende la baja de punibilidad como el “fin de la impunidad”, la Ley también encontró resistencia judicial: una jueza de la Ciudad la declaró inconstitucional en un caso puntual y otra, en la Provincia, suspendió su aplicación por 60 días.

El Ministerio de Educación porteño no se pronunció sobre los reclamos del CESMA ni sobre la presencia policial.

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