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Avanza el proyecto para hacer un parque en Costa Salguero y el Gobierno porteño deberá difundir la iniciativa

Con el aval de las primeras 4 mil firmas, la iniciativa lanzada en marzo último obliga a las autoridades de la ciudad de Buenos Aires a dar a conocer el proyecto en los medios de comunicación oficiales.

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Con el aval de las primeras 4 mil firmas, la iniciativa lanzada en marzo último obliga a las autoridades de la ciudad de Buenos Aires a dar a conocer el proyecto en los medios de comunicación oficiales.

Las primeras 4 mil firmas que avalan la iniciativa popular para crear un parque público en Costa Salguero fueron presentadas este jueves ante la Legislatura porteña por el Frente de Todos (FdT) y organizaciones civiles, un hecho que obliga a las autoridades de la ciudad a difundir el proyecto en los medios de comunicación oficiales.

«Con el aval de 4.000 electores y electoras, el Gobierno porteño queda obligado a darle promoción al proyecto en el Canal de la Ciudad, las emisoras radiales, carteleras y en todo otro medio de difusión que posea el Ejecutivo o la Legislatura», explicaron voceros del bloque.

La iniciativa popular fue lanzada en marzo último y en el FdT estiman que ya se reunieron 20.000 firmas, pero realizaron esta «primera presentación para que el Gobierno de la Ciudad le dé publicidad en medios oficiales, tal como establece la ley local», explicó a Télam la legisladora Lucía Cámpora (FdT).

«La juntada de firmas continúa, tenemos que llegar a las 40.000 para que la Legislatura trate este proyecto que tantos porteños y porteños vienen construyendo, que es el de un parque público y de acceso irrestricto en nuestras tierras costeras», agregó la diputada.

El objetivo de esta iniciativa popular es que el oficialismo de la ciudad, es decir el bloque de Vamos Juntos (VJ), se vea obligado a tratar el proyecto de ley en la Legislatura. Para eso, la oposición debe reunir unas 40.000 firmas, que representan al 1,5% del electorado de la Ciudad de Buenos Aires.

El proyecto de crear un gran parque público en Costa Salguero choca con lo que propone el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta para ese predio, que tiene 18 hectáreas y está en la ribera del Río de la Plata.

El macrismo y aliados proponen vender en parte esas tierras y habilitar allí la construcción de edificios para viviendas, oficinas y comercios, que costarían 9.000 dólares por metro cuadrado, según estimaciones del propio Gobierno local.

El legislador porteño y asesor presidencial, Leandro Santoro (FdT), dialogó con Télam y remarcó que lo que busca el bloque es «frenar el emprendimiento inmobiliario de Larreta».

«Abusan de su mayoría automática, en acuerdo con el radicalismo, para imponer un proyecto que a todas luces no tiene consenso popular. Estamos tratando de llamar la atención sobre este tema porque la única manera de evitar que en esos terrenos haya un emprendimiento privado inmobiliario para multimillonarios es que la sociedad tome conciencia», explicó.

En la Legislatura de la Ciudad hay 60 diputados y diputadas y el interbloque Juntos por el Cambio cuenta con 37 bancas compuestas por Vamos Juntos (26), UCR-Evolución (9) y el Partido Socialista porteño (2).

Este jueves, en diálogo con Radio Futurock, el senador nacional del Frente de Todos (FdT) Mariano Recalde evaluó que el interés del Gobierno porteño de vender Costa Salguero forma parte de «una política de la Ciudad de vender todo lo que se pueda vender».

Recalde juzgó que las autoridades de la Ciudad piensan «cada espacio público como un negocio y como una manera de recaudar», en vez de «generar soluciones» a los problemas del distrito, «como vivienda y escuelas».

También se refirió a la «estrategia» del Jefe de Gobierno de «dejar diluir» los conflictos para luego «en un momento en el que estemos distraídos, meterlo en la Legislatura y hacerlo pasar», pero advirtió: «No lo vamos a permitir».

Una de las organizaciones que impulsa la iniciativa popular para un parque público, junto al FdT, es el Colectivo de Arquitectas en Defensa de las Tierras Públicas (CdA), quienes concurrieron este jueves con los legisladores a presentar las 4.000 firmas.

Una de sus integrantes, Bárbara Rossen, sostuvo que es importante «recuperar el sentido común de que lo que es público es de todos, de que la costa del río es de todos y que tenemos derecho a nuestro paisaje natural».

Rossen también agradeció a los vecinos y vecinas que, «aún con estos días fríos» y con las restricciones que impone la pandemia, «vienen acompañando con su firma», las cuales deben reunirse en planillas de papel, que las arquitectas y el FdT distribuyen en la Ciudad.

Al respecto, la arquitecta mencionó un proyecto de ley de la legisladora porteña del FdT María Rosa Muiños, el cual propone que, dadas las restricciones a la circulación por el coronavirus, las firmas puedan reunirse de manera digital.

Las audiencias públicas por el futuro de Costa Salguero se realizaron, con modalidad mixta, entre noviembre y febrero últimos, con un récord histórico de participación de más de 2.000 oradores, de los cuales el 98% rechazó la propuesta del Gobierno porteño.

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Sentada en el Mariano Acosta: la policía llegó y crece la alarma por el Protocolo de Macri

El Gobierno porteño aprobó una resolución que obliga a las escuelas a denunciar posibles delitos desde los 14 años. Gremios docentes advierten sobre la criminalización de adolescentes, mientras estudiantes del Mariano Acosta reclaman por ESI, salud mental y el boleto estudiantil.

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El Centro de Estudiantes del Mariano Acosta (CESMA) realizó una sentada con clases abiertas y exigió que la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, escuche sus demandas. Según informó Indymedia Argentina, el reclamo incluyó la falta de ESI, el rechazo a la reforma «BA Aprende», el régimen de faltas que pone en riesgo el boleto estudiantil y la falta de financiamiento en salud mental.

Durante la jornada se acercó personal de la Policía de la Ciudad al colegio, por una supuesta denuncia vecinal por ruidos molestos. Las autoridades no permitieron el ingreso e informaron que se dictaban clases con normalidad.

El episodio ocurrió semanas después de que el Gobierno de Jorge Macri aprobara, el 25 de septiembre, una resolución conjunta de los ministerios de Educación, Justicia y Seguridad y del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La norma fija un procedimiento para las escuelas tras la entrada en vigencia, el 5 de septiembre, del nuevo Régimen Penal Juvenil. Esa Ley nacional bajó de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.

La resolución establece que las autoridades escolares “deben denunciar los hechos que pudieran constituir delitos de acción pública, sin investigar ni calificarlos jurídicamente”.También regula cuándo puede intervenir la policía: “por un llamado al 911 de la propia escuela, por orden judicial escrita o ante riesgo para la vida o la integridad física”. La denuncia vecinal por ruidos no figura entre esos supuestos.

Los gremios docentes porteños rechazaron el protocolo. La UTE cuestionó que las escuelas se conviertan en «puertas de entrada al sistema penal» y advirtió sobre la estigmatización de niñas, niños y adolescentes. Los sindicatos reclamaron además políticas de inclusión, salud, vivienda y trabajo para los barrios populares. El escenario se completa con los reclamos por el presupuesto educativo y con la respuesta policial a una protesta estudiantil.

Mientras el Gobierno nacional vende la baja de punibilidad como el “fin de la impunidad”, la Ley también encontró resistencia judicial: una jueza de la Ciudad la declaró inconstitucional en un caso puntual y otra, en la Provincia, suspendió su aplicación por 60 días.

El Ministerio de Educación porteño no se pronunció sobre los reclamos del CESMA ni sobre la presencia policial.

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