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Imputaron a Rodríguez Larreta y Quiros por la denuncia de privatización de vacunas

La imputación se dió en el marco de la presunta «privatización» de la vacunación contra el coronavirus en el distrito, luego de que se suscribieran convenios para entregar dosis a algunas obras sociales y empresas de medicina prepaga para uso exclusivo de sus afiliados.

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El fiscal Stornelli imputó este miércoles al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y a su ministro de Salud, Fernán Quirós; al requerir que se investigue la presunta «privatización» de la vacunación contra el coronavirus en el distrito, luego de que se suscribieran convenios para entregar dosis a algunas obras sociales y empresas de medicina prepaga para uso exclusivo de sus afiliados.

El fiscal dio impulso a dos denuncias recibidas ayer en las que se apuntó a “las acciones llevadas a cabo en el marco del plan de vacunación desarrollado en establecimientos sanitarios privados y/o de carácter social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, según surge del dictamen.

Una de las denuncias había sido presentada por la abogada Natalia Salvo, en su condición de vecina y ciudadana expuesta a contraer Covid, quien pidió ser tenida como parte querellante.

Salvo apuntó a la supuesta firma de convenios entre el gobierno de la Ciudad e instituciones privadas, en las cuales delegó parte del plan de vacunación contra el coronavirus “otorgando privilegios a dichas instituciones y sus socios por encima del resto de la población”.

Al solicitar las primeras medidas de prueba, el fiscal Stornelli reprodujo la parte de la denuncia en la que la abogada Salvo aseveraba que “Horacio Rodríguez Larreta estaría privatizando la campaña de vacunación que se lleva adelante frente a la pandemia que aqueja a toda la población, beneficiando a grupos privados en detrimento de la población en general”.

La denunciante había señalado que “esta práctica para facilitar vacunaciones de privilegio y la ausencia de información y/o documentación que permita determinar la trazabilidad de las vacunas, en el marco de la mayor pandemia que recuerde nuestra Ciudad, resultarían constitutivos del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal”.

El fiscal presentó el requerimiento ante el juez federal Ariel Lijo, a quien le solicitó que disponga una serie de medidas de prueba para, en principio, poder reconstruir los convenios suscriptos por el Gobierno porteño con establecimientos sanitarios privados y/o de carácter social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ejecutar el Plan Estratégico para la Vacunación contra la Covid-19.

Stornelli también buscará establecer la totalidad de los lotes de vacunas recibidos en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuál fue el destino que le dio el gobierno porteño.

Esta mañana, en conferencia de prensa, el ministro Quirós afirmó que el Gobierno del distrito está dispuesto a «mostrar y explicar» ante la Justicia el plan de vacunación que se implementa en la ciudad de Buenos Aires.

De esta forma, respondió a las dos presentaciones realizadas ayer ante la Justicia: una, por la presunta «privatización de la vacunación contra el coronavirus» al «entregarles dosis a algunas obras sociales y medicinas prepagas para uso exclusivo de sus afiliados»; y otra por la supuesta aplicación de vacunas a «militantes de Juntos por el Cambio en una asociación vecinal de Parque Chacabuco cuya referente es una dirigente radical».

En su habitual rueda de prensa en la sede del Gobierno porteño, en el barrio de Parque Patricios, explicó que desde el Gobierno porteño se realizaron acuerdos con siete empresas de medicina prepaga para llevar adelante la campaña de vacunación contra el coronavirus, del mismo modo en que se hace habitualmente para la distribución de otras vacunas, con el fin de «que cada ciudadano porteño tenga la misma capacidad y accesibilidad» a la inmunización.

«No tenemos ningún problema con ninguna denuncia. Si algún ciudadano tiene alguna duda, aquí estamos para mostrar y explicar lo que hacemos e hicimos y para transparentar los datos. Lo más importante es explicarle a la gente», dijo el funcionario porteño.

Las prepagas que se mencionan en el sitio web del GCBA son: Hospital Italiano, Hospital Alemán, Hospital Británico, Sanatorio Güemes y CEMIC; las obras sociales, en tanto, son Osecac (empleados de comercio) y OBSBA (Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires).

La segunda denuncia contra las autoridades del GCBA fue realizada por el abogado Yamil Castro Bianchi y refiere al presunto armado de un centro de vacunación paralelo en la CABA llevado adelante por la Asociación Civil ‘Encuentro Vecinal Sur’ en el barrio de Parque Chacabuco -con dirección en Picheuta 1517-, donde se estaría «vacunando a militantes de Juntos por el Cambio y amigos».

CABA

Récord de suicidios: estudiantes secundarios escriben la ley que el Estado no da

En 2025 se registraron 5.209 suicidios, la cifra más alta de la historia argentina. Más de 80 estudiantes de once escuelas porteñas debatieron su propio proyecto de ley de salud mental, mientras la diputada Natalia Zaracho denunció el desfinanciamiento de la prevención.

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Catorce personas por día, una cada dos horas. Ese es el ritmo al que la Argentina pierde vidas por suicidio, y fueron los propios adolescentes los que decidieron no esperar más una respuesta: más de 80 estudiantes secundarios llenaron la Legislatura porteña para discutir un proyecto de ley de salud mental escrito desde las aulas.

La convocatoria fue impulsada por la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) de la Ciudad de Buenos Aires y se realizó en espacios cedidos por las Madres de Plaza de Mayo y por la Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

En paralelo, la diputada nacional Natalia Zaracho (Unión por la Patria) difundió en sus redes una serie de datos que ponen en cifras lo que los chicos describen en primera persona: la tasa de suicidios más alta de la historia del país.

La voz de las aulas

«En un contexto donde se encuentran tantos problemas pero pocas soluciones, hoy con la UES llenamos un salón con más de 80 estudiantes que se mueven en busca de sumar su granito de arena ante todo lo que nos está pasando», escribió la organización en su cuenta oficial. Y agregó: «Hoy se demostró la necesidad de una respuesta concreta sobre la crisis de salud mental».

Tomaron la palabra delegados y delegadas de 11 escuelas porteñas: el Juan B. Justo, el Larroque, el Mariano Acosta, el Cortázar, el Pellegrini, el René Favaloro, el Nacional Buenos Aires, el Lenguas Vivas, el Nacional 17, el Normal 1 y la Técnica 37. Fueron los propios estudiantes quienes pusieron el cuerpo y la palabra para explicar lo que viven en sus escuelas.

14 muertes por día: los estudiantes porteños salieron a pedir una ley de salud mental.

La UES agradeció a la diputada Berenice Iañez por «levantar» el proyecto, a Victoria Montenegro por acompañar la jornada, a Amanda Martín por estar presente y a los legisladores que recibieron a la delegación. También participaron Renata Vismara, de Docentes por el Aborto Legal, una integrante de Incidencia Feminista y el sindicato docente UTE-CTERA. La organización definió el encuentro como «un primer paso de nuestra ley» y cerró con una consigna: «queremos salud mental para todxs».

Los números que alarman

«Estamos frente a un récord de suicidios en Argentina», advirtió Zaracho al presentar su serie de placas. El dato central proviene del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad de la Nación: en 2025 se registraron 5.209 suicidios, un 22,6% más que en 2024, cuando se habían contabilizado 4.249. Es el registro más alto de toda la serie histórica oficial.

La tasa nacional llegó a 11,8 suicidios cada 100.000 habitantes, frente a 3,6 homicidios dolosos por la misma cantidad de población. Según el análisis del Observatorio de Política Criminal sobre datos del SNIC, entre 2017 y 2025 los casos pasaron de 3.304 a 5.209, un salto del 57,7% en ocho años. Mientras la agenda oficial se obsesiona con la inseguridad, las muertes por suicidio ya superan a las producidas por homicidios y siniestros viales.

Zaracho remarcó que el suicidio es hoy la principal causa de muerte entre adolescentes y jóvenes adultos, un dato que coincide con el SNIC, que ubica al fenómeno como primera causa de muerte en el grupo de 15 a 34 años, por encima de los accidentes de tránsito. La legisladora señaló además que cuatro de cada cinco víctimas son varones jóvenes. Las diferencias territoriales también son marcadas: Entre Ríos encabezó el ranking provincial con 20,8 casos cada 100.000 habitantes.

A esas muertes se suman los intentos. El Boletín Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud, publicado a fines de diciembre de 2025, contabilizó 11.799 intentos de suicidio hasta el 31 de octubre de ese año, más de 33 por día.

Un sistema que no da abasto

«Esto no es casualidad«, planteó Zaracho, y aportó otros dos indicadores: según la diputada, las consultas por salud mental aumentaron un 23% y las internaciones un 42% en el último tiempo. Frente a esa demanda creciente, la legisladora describió un panorama de faltante de profesionales, ausencia de turnos y programas de prevención y atención totalmente desfinanciados.

La advertencia no es aislada. La Asociación Argentina de Salud Mental calificó el escenario como una crisis máxima y alarmante que atraviesa todo el territorio nacional. El contraste es brutal: la demanda de atención crece al mismo ritmo que el Gobierno de Javier Milei recorta los recursos públicos destinados a sostenerla.

Las escuelas, sin respuestas

La movilización secundaria tiene antecedentes recientes. En mayo, coordinadoras estudiantiles porteñas realizaron un corte de calle en San Juan y Boedo con más de 200 estudiantes de distintos colegios, luego de la ola de amenazas de tiroteo que afectó a más de 60 escuelas y profesorados de la Ciudad. Desde la Legislatura porteña, bloques opositores cuestionaron que la ley de «bienestar escolar» aprobada en 2024 a instancias del gobierno de Jorge Macri no garantizara el nombramiento de especialistas para atender las problemáticas de salud mental en las aulas.

Cuando los adultos a cargo del Estado miran para otro lado, son los adolescentes los que salen a escribir la ley que necesitan. La pregunta que dejan planteada es tan simple como incómoda: cuántas vidas más hacen falta para que la salud mental deje de ser una partida prescindible del presupuesto.

Dónde pedir ayuda

Si vos o alguien que conocés necesita ayuda, podés comunicarte de manera gratuita al 135 desde CABA y el Gran Buenos Aires, al (011) 5275-1135 desde todo el país (Centro de Asistencia al Suicida) o al 0800-999-0091, la línea del Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte, que atiende las 24 horas.

Lo que tenés que saber:

  • En 2025 se registraron 5.209 suicidios en Argentina, un 22,6% más que en 2024, según el SNIC del Ministerio de Seguridad.
  • La tasa de suicidios llegó a 11,8 cada 100.000 habitantes, más de tres veces la de homicidios dolosos.
  • El suicidio es la principal causa de muerte en el grupo de 15 a 34 años.
  • Más de 80 estudiantes de 11 escuelas porteñas, nucleados en la UES, debatieron un proyecto de ley de salud mental.
  • La diputada Natalia Zaracho denunció falta de profesionales, de turnos y el desfinanciamiento de los programas de prevención.

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