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Investigan si un inspector de la Policía es parte de «La Banda de los V6»

Se trata de Nicolás Hernán Pérez, cuya arma apareció en un allanamiento y tiene registros migratorios sospechosos

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La investigación sobre la denominada «Banda de los V6», a la que se le adjudica haber quemado vivo a uno de sus integrantes que supuestamente los traicionó al apoderarse de un botín de 13 millones de pesos y descartar su cadáver calcinado en un descampado de la localidad bonaerense de Guernica, intenta determinar si la organización tenía vínculos con un inspector de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, ya que en uno de los allanamientos fue encontrada un arma de fuego registrada a su nombre, informaron hoy fuentes judiciales.

Además, los investigadores pudieron establecer que el policía porteño registraba entradas y salidas del país en los mismos días que parte de los miembros de la banda, por lo que esos movimientos despertaron sospechas entre los pesquisas.

Voceros judiciales informaron que la pista surgió luego de un allanamiento en la casa de Nahuel Hernán González, sindicado en la investigación como quien llevó engañado a Ezequiel Emanuel «Canino» Santana (31) a la quinta del partido bonaerense de Esteban Echeverría donde fue asesinado. Los detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) San Vicente no encontraron al sospechoso en la vivienda, pero hallaron un arma de fuego.

La banda del V6 es conocida por quemar vivo a uno de sus integrantes

Voceros judiciales informaron que se trataba de una pistola marca Taurus PT 945, calibre .45, con numeración y que no tenía pedido de secuestro, la cual fue incautada para pericias. Días después se comprobó que estaba registrada a nombre de Nicolás Hernán Pérez (33), un inspector de la Policía de la Ciudad, de la División Eventos Deportivos, y domiciliado en la localidad de Bernal, partido de Quilmes.

El hallazgo del arma hizo que los investigadores del crimen de Santana posaran sus ojos sobre el efectivo y sus presuntos vínculos con la «Banda del V6», acusada entre otras cosas de asesinar a «Canino» por apropiarse de un botín de unos 13 millones de pesos, que no repartió entre los integrantes de la organización.

De acuerdo a lo informado por fuentes cercanas a la investigación, se detectaron «movimientos impropios» de un efectivo de una fuerza policial. Es que, por ejemplo, los registros migratorios detectaron entradas y salidas del país del inspector Pérez en los mismos días en que lo hicieron varios de los miembros de la «Banda del V6».

Por este motivo, el juez de Garantías 8 de La Plata, Martín Rizzo, ordenó el allanamiento del domicilio del policía, a pedido del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, que subroga la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 descentralizada de Presidente Perón.

Si bien Pérez permanecía en libertad, todavía era investigado por sus posibles nexos con la organización criminal desbaratada el miércoles pasado, informaron fuentes judiciales.

Por otro lado, luego de las tareas investigativas realizadas por la Dirección de Investigaciones Contra el Crimen Organizado de la Policía de la provincia de Buenos Aires, se logró identificar a los miembros de la banda, en su mayoría registrados como monotributistas pero con bienes en su poder distantes de los ingresos declarados.

Durante los 15 allanamientos realizados esta semana en viviendas de los partidos de Florencio Varela, Lomas de Zamora, Quilmes y en un country de Escobar los agentes secuestraron dos camionetas Volkswagen Amarok V6 –que dieron nombre a la banda-, un automóvil Audi A5, otros cinco vehículos, dos motocicletas y una moto de agua.

Además de joyas y relojes, los uniformados también se incautaron de ocho pistolas, una escopeta y un revólver, añadieron los informantes.

Una de las pistolas, calibre 9 milímetros, fue hallada oculta debajo de la mampostería de un jacuzzi, en la casa de Temperley del sindicado líder de la banda, Luciano Leonel «León» Gómez (27).

En los procedimientos también fueron decomisados 280.678 pesos, 2.048 dólares, 2.000 guaraníes, 72 reales y 10 francos.

De los once detenidos el último miércoles en el marco de la causa que investiga una asociación ilícita que opera desde al menos el 2018 y el crimen de Santana, ocurrido el 5 de octubre pasado, diez de ellos se negaron a declarar ante el fiscal Condomí Alcorta.

La calificación legal del expediente es la de «asociación ilícita, robo en concurso real con privación ilegal de la libertad doblemente agravada por la participación en el hecho de más de diez personas, por tener estructura celular y por estar compuesta por personal de fuerza de seguridad o armada, robo calificado, privación ilegal de la libertad calificada por haber causado intencionalmente la muerta de la víctima y homicidio triplemente calificado por haberse cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, enseñamiento, alevosía y criminis causa».

De acuerdo a lo reconstruido por los investigadores, «La Banda del V6» –por el tipo de motor de las camionetas adquiridas por sus miembros luego de robar medio millón de dólares de un country de Nordelta-, además de realizar entraderas, «mejicaneaba» a bandas de narcotraficantes extranjeros, a las que les robaba cargamentos de droga para luego comercializarlos.

En ese marco, «Canino» Santana se habría apoderado de un botín de unos 13 millones de pesos, por lo que fue citado engañado a una reunión en una quinta de Esteban Echeverría, donde fue asesinado.

Su cuerpo calcinado fue hallado en un descampado de Guernica el 6 de octubre último, y la autopsia constató la presencia de humo en sus pulmones, por lo que los forenses determinaron que fue prendido fuego vivo.

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La Justicia suspendió el desalojo de la sinagoga de Flores pero el conflicto sigue abierto

El Juzgado Civil N° 99 ordenó frenar el operativo policial horas después de su inicio. La disputa entre dos sectores de la Comunidad Israelita Ortodoxa por el templo de Helguera al 270 no tiene resolución a la vista.

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Operativo suspendido, templo en disputa: el choque judicial que divide a la comunidad judía en Flores.

La Justicia dio marcha atrás. El operativo de desalojo que se desarrollaba este lunes por la mañana en una sinagoga del barrio porteño de Flores quedó suspendido por orden del propio tribunal que lo había dispuesto. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 99, a cargo del doctor Camilo Jorge Almeida Pons, emitió la medida de frenado horas después de que la Policía de la Ciudad comenzara a ejecutar la resolución en el inmueble de la calle Helguera al 270 (expediente N° 65521/2026). El conflicto de fondo, una disputa civil entre dos sectores de la misma comunidad judía, permanece sin solución.

El operativo y la resistencia de los fieles

El procedimiento se había iniciado en las primeras horas del lunes como consecuencia de un fallo civil que habilitó a uno de los grupos litigantes, la Comunidad Israelita Ortodoxa Asociación Civil, a recuperar la posesión del inmueble. El otro sector, que ocupa el templo, se negó a retirarse. Cuando el Oficial de Justicia llegó al lugar se encontró con un grupo de fieles en pleno rezo que rechazó abandonar el edificio.

Ante esa situación, el Oficial de Justicia negoció en el lugar y acordó conceder un tiempo prudencial para que los rezos concluyeran antes de avanzar con el desalojo. Sin embargo, horas después el juzgado resolvió directamente suspender el procedimiento policial, sin que trascendieran los fundamentos de esa decisión ni si medió alguna presentación judicial de última hora por parte de los ocupantes.

Una fractura interna que escala a los tribunales

El origen del enfrentamiento es una disputa entre dos facciones de la comunidad por el control y la titularidad del templo. Uno de los sectores inició acciones judiciales y obtuvo un fallo favorable; el otro se resiste a acatarlo. Esa brecha interna, que en principio es una cuestión civil entre privados, derivó en un operativo policial con la calle Helguera cortada al tránsito y cuatro patrulleros desplegados en el lugar, una imagen inusual para un barrio con arraigo histórico en la comunidad judía porteña.

La suspensión judicial del operativo no implica la resolución del litigio. El conflicto por la posesión del inmueble sigue abierto en los tribunales, y el juzgado deberá definir los próximos pasos procesales. Mientras tanto, la situación dentro del templo permanece sin modificaciones.

Puntos clave

  • El Juzgado Civil N° 99 (expediente 65521/2026) suspendió el operativo de desalojo horas después de su inicio.
  • El inmueble en disputa está ubicado en Helguera al 270, en el barrio de Flores.
  • La Comunidad Israelita Ortodoxa Asociación Civil obtuvo el fallo favorable pero el otro sector se niega a desalojar.
  • El Oficial de Justicia había acordado un plazo para que concluyan los rezos antes de que la Justicia frenara todo el procedimiento.
  • El conflicto de fondo, una disputa civil por la titularidad del templo, no tiene resolución a la vista.
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