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En cinco años la Ciudad recibió $85.000 millones de más por coparticipación

Los datos surgen de un informe técnico elaborado por la Secretaría de Provincias del Ministerio del Interior, junto a las carteras de Economía y de Seguridad.

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Los datos surgen de un informe técnico elaborado por la Secretaría de Provincias del Ministerio del Interior, junto a las carteras de Economía y de Seguridad.

La Ciudad de Buenos Aires recibió un total de 206.758 millones de pesos entre los años 2015 y 2019, es decir 85.000 millones de pesos de más, como consecuencia de la elevación del índice de coparticipación, que pasó del 1,40% al 3,75%, en 2016, para luego establecerse en 3,50% desde 2018.

Los datos surgen de un informe técnico elaborado por la Secretaría de Provincias del Ministerio del Interior, junto a las carteras de Economía y de Seguridad, al que tuvo acceso Télam, que analiza las transferencias del Gobierno nacional al porteño, considerando los cambios en los porcentajes de coparticipación en el período estudiado.

El informe explicita que hasta el 31 de diciembre de 2015, el porcentaje de coparticipación que recibía la Ciudad era de 1,40%, por lo cual percibió ese año «un total de recursos de origen nacional (RON) de $ 7.865,2 millones».

En el año 2016, cuando el porcentaje de coparticipación subió del 1,40% al 3,75%, y la Ciudad debía hacerse cargo de la seguridad, el distrito pasó a recibir 27.743 millones de pesos. Esta cifra subió a 37.489 millones de pesos, en 2017; a 57.256 millones de pesos, en 2018, y a 84.270 millones de pesos en el año 2019. Esto expresado los porcentajes de coparticipación fueron de 1,4%, en 2015; de 3,75%, en 2016 y 2017, y de 3,5%, en 2018 y 2019.

En el acumulado 2015-2019, la Capital Federal percibió de recursos nacionales un total de 206.758 millones de pesos, lo que equivale a unos 85 mil millones de pesos de más, si se compara con lo que debería haber recibido si su porcentaje de coparticipación hubiera seguido en el 1,4%.

El gobierno de Alberto Fernández dispuso el 10 de septiembre pasado, a través del decreto 735/2020, reducir la coparticipación de la Ciudad del 3,50% al 2,32%, tomando como base de cálculo el histórico 1,40% que recibía el distrito y agregando un 0,92% en concepto de los gastos de seguridad.

En el informe, tras hacerse un minucioso análisis de los gastos transferidos en materia de seguridad, se concluye que «el incremento en el índice de Coparticipación Federal» para que la Ciudad se hiciera cargo de la Policía «dio como resultado un coeficiente de 0,92%», que es lo que el nuevo decreto reconoce al distrito como complemento al 1,40% que percibió hasta 2015.

El documento explica que este porcentaje (del 0,92%) «se obtiene aplicando una regla simple al relacionar los gastos netos por Transferencia de Servicios de Seguridad respecto a los montos percibidos».

Según estos cálculos, en el período considerado, entre 2016 y 2019, la Ciudad recibió $ 85 mil millones por encima del 1,40% de coparticipación histórica del distrito. Si a este monto se le restan los gastos netos en materia de seguridad, que fueron de 39.525 millones de pesos, surge que la Ciudad recibió un excedente, entre 2016 y 2019, de 45.475 millones de pesos.

El informe también analiza los flujos de fondos que la Nación derivó hacia la Ciudad en el período 2016-2019, tanto para gastos corrientes como de capital, lo que incluye partidas -por ejemplo- para el Hospital Garrahan y el Fondo de Incentivo docente. Estas transferencias totalizan $ 72.838 millones en el período 2016-2019, actualizadas según el IPC porteño.

El documento de la Secretaría de Provincias del Ministerio del Interior subraya que «también debe considerarse la inversión en construcciones que ejecutó el Gobierno Nacional en la Ciudad en el período 2016-2019, cuyo monto en valores constantes del año 2019, actualizados con el IPC de CABA, ascendió a $ 21.861 millones».

En las conclusiones se señala que «los gastos en Policía Federal del Gobierno Nacional tuvieron una reducción de poca significación en su presupuesto por la transferencia de servicios de seguridad a la CABA». Asimismo, en el texto se considera que «adicionalmente, la Nación cedió en el período 2016/19 a favor de la CABA recursos coparticipables por un total de $85 mil millones».

También se expresa que «los evidentes beneficios que tuvo el Gobierno de la CABA a raíz del financiamiento de los servicios transferidos a partir de 2016 no redundó en una merma relevante de las restantes transferencias presupuestarias del Gobierno nacional a la jurisdicción».

Finalmente, el informe asegura que «la inversión del Gobierno nacional en construcciones realizadas en la CABA tuvo un crecimiento significativo, en particular en el año 2019».

CABA

“Basta de trabajadores detenidos por protestar”: CGT y CTA salieron a bancar a los metrodelegados

Las centrales obreras, la Mesa de Organismos de Derechos Humanos y gremios como ATE repudiaron la detención de los metrodelegados Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia. Coincidieron en que el Gobierno porteño de Jorge Macri responde con policía y fiscales a un reclamo laboral, y en que criminalizar la protesta vulnera la libertad sindical.

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El Argentino Diario-Metrodelegados-Dellacarbonara-Subte-Emova.
Jorge Macri llamó “mafiosos” a los delegados y las centrales obreras respondieron: detener a un gremialista es perseguir la acción sindical.

“Basta de trabajadores detenidos por protestar”. Con ese reclamo, la CGT salió a plantarse frente a una detención que el movimiento obrero y los organismos de derechos humanos leen como un avance directo sobre la libertad sindical, y exigió la liberación inmediata de dos delegados del subte porteño.

Los detenidos son Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia, metrodelegados de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), arrestados por la Policía de la Ciudad durante una medida de protesta sindical. La central obrera señaló a la fiscal Celsa Ramírez como quien instrumentó las detenciones y las calificó como “arbitrarias e injustificadas”.

El repudio de la CGT y las CTA

En su comunicado, la CGT sostuvo que “detener a delegados por ejercer la representación de sus compañeras y compañeros es criminalizar la protesta y perseguir la acción sindical”. Agregó que se trata de un hecho de “extrema gravedad” que “no puede naturalizarse en una democracia”.

La central recordó que el reclamo de los trabajadores del subte apunta a la presencia de empresas tercerizadas que realizan tareas que les corresponden y a una sanción que consideran injusta contra un compañero. “Son reclamos legítimos de la clase trabajadora”, afirmó, y responsabilizó a la empresa y al Gobierno de la Ciudad por la escalada del conflicto. También señaló que la libertad sindical está garantizada por la Constitución Nacional y por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma emitieron comunicados propios y exigieron la liberación de los delegados. La CTA Autónoma denunció “el ejercicio de la criminalización de la protesta social por parte de las fuerzas policiales de Jorge Macri”, mientras que la CTA de los Trabajadores sostuvo que “la persecución y la represión a quienes defienden la dignidad laboral no son el camino para la resolución de los conflictos gremiales”.

Derechos humanos y estatales se suman al reclamo

La Mesa de Organismos de Derechos Humanos, integrada, entre otras entidades, por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, expresó su “total repudio”. Denunció un hecho “ilegal y arbitrario” y advirtió que “la protesta es un derecho humano reconocido constitucionalmente que debe ser respetado sin condicionamientos ni exclusiones de ningún tipo”.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, calificó la detención como ilegal y dijo que los delegados fueron arrestados “en medio de una protesta pacífica”. Sostuvo que se vulnera el derecho constitucional a la huelga y cerró con una consigna: “Luchar no es delito”. También se pronunciaron el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), el CELS e H.I.J.O.S. Capital.

Un Gobierno porteño que responde con el Código Penal

Las detenciones fueron respaldadas por el propio jefe de Gobierno porteño. Jorge Macri sostuvo este martes que “el que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas” y habló de “extorsiones mafiosas”, mientras el servicio de subte y Premetro permanecía paralizado. El mensaje convirtió un conflicto laboral en un asunto de “ley y orden”, sin una sola referencia al reclamo de fondo.

No es la primera vez. En junio de 2024, tras un paro escalonado motivado por la suspensión de Dellecarbonara por parte de Emova, el Gobierno de la Ciudad denunció penalmente a la AGTSyP y Macri habló de “toma de rehenes”. La receta se repite: ante el conflicto gremial, denuncia penal y policía antes que negociación.

Según trascendió, el delegado Néstor Segovia fue notificado de la formación de una causa por resistencia a la autoridad y quedó en libertad. Los demás detenidos, acusados de resistencia a la autoridad y entorpecimiento del trabajo policial, esperaban en el Centro de Alojamiento de Detenidos de Chacarita lo que dispusiera la Fiscalía, y debían enfrentar la audiencia de intimación de los hechos el miércoles 21 de octubre.

Lo que tenés que saber:

  • La CGT repudió la detención de los metrodelegados Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia y exigió su liberación inmediata.
  • La CGT señaló a la fiscal Celsa Ramírez como instrumentadora de los arrestos.
  • La CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, ATE, el CELS, H.I.J.O.S. Capital y la Mesa de Organismos de Derechos Humanos se sumaron al repudio.
  • Jorge Macri respaldó las detenciones: “El que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas”.
  • Según trascendió, Segovia fue liberado y los demás detenidos debían enfrentar una audiencia de intimación el miércoles 21 de octubre.
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