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La pelea por los recursos para la Ciudad de Buenos Aires se trasladará este lunes al Congreso de la Nación

Un plenario de comisiones comenzará a tratar el proyecto de ley enviado por el Gobierno nacional para fijar el gasto anual destinado a la policía, en medio de la polémica por la reasignación de partidas de coparticipación a CABA.

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Un plenario de comisiones comenzará a tratar el proyecto de ley enviado por el Gobierno nacional para fijar el gasto anual destinado a la policía, en medio de la polémica por la reasignación de partidas de coparticipación a CABA.

La discusión por los recursos para seguridad de la Ciudad de Buenos Aires se trasladará este lunes a un plenario de comisiones del Senado que comenzará a tratar el proyecto de ley enviado por el Gobierno para fijar el gasto anual destinado a la policía, en medio de la polémica por la reasignación de partidas de coparticipación a CABA.

Según consignó María Clelia Sívori, de la agencia Télam, «la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, será la encargada de explicar los alcances de la iniciativa que ingresó a la Cámara alta el jueves pasado, durante una videoconferencia pautada para las 17 del lunes con senadores del oficialismo y de la oposición de las comisiones de Presupuesto y Asuntos Constitucionales».

«Batakis dará detalles del proyecto que fija en 24.500 millones de pesos el gasto anual para seguridad en la Ciudad, en lo que respecta al traspaso de una parte de la Policía Federal a la Policía de la Ciudad, acordado mediante un convenio que se firmó entre el gobierno de Mauricio Macri y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta en 2016», señaló Sívori.

El proyecto establece que ese monto será actualizado de acuerdo a un índice compuesto en un 80 por ciento por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal y en un 20 por ciento por el índice de precios al consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de la ciudad.

En la videoconferencia, los senadores tratarán además una propuesta del senador Daniel Lovera, del Frente de Todos, que establece que la participación que le corresponde a CABA por aplicación de la ley de coparticipación se fija en un coeficiente equivalente al 1,40 por ciento sobre el monto total recaudado por los gravámenes de esa normativa.

El interbloque de Juntos por el Cambio ya adelantó su posición contraria en medio de la polémica abierta cuando el gobierno nacional anunció la semana pasada la quita de un punto de coparticipación a la Ciudad para resolver el conflicto generado ante un reclamo salarial de la policía bonaerense.

El gobierno de Rodríguez Larreta se había quejado porque la resolución se había adoptado unilateralmente y sin un diálogo previo, pero Batakis aclaró que el tema había comenzado a hablarse con las autoridades de la Ciudad durante el verano de 2020 apenas asumido el gobierno de Alberto Fernández.

«Nosotros habíamos hablado con la Ciudad y nos pusimos de acuerdo en que el índice tenía que volver al 1,4% y luego discutir la transferencia de recursos para seguridad», resumió la funcionaria y agregó que «el sistema de seguridad no tiene por qué estar dentro del sistema de coparticipación y en eso había acuerdo».

El debate

El primer punto que discutirán este lunes los senadores tras la exposición de Batakis es la aprobación por ley del Convenio de Transferencia progresiva a la Ciudad de facultades y funciones de Seguridad en todas las materias no federales ejercidas en CABA», celebrado entre el Estado nacional y el gobierno porteño el 5 de enero de 2016.

De acuerdo a ese convenio, en este proceso gradual que se inició hace cuatro años, entre 17 y 19 mil policías federales pasarían al ámbito de la Ciudad. En ese momento se estableció la transferencia de las Superintendencias de Seguridad Metropolitana, de Bomberos, de Policía Científica, de Investigaciones Federales, de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Aviación Federal.

El texto enviado al Senado por el Poder Ejecutivo determina ahora que el Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio fiscal contemplará el financiamiento de los gastos para esas dependencias.

La propuesta especifica además que la suma se dividirá en cuotas mensuales que se transferirán desde el Tesoro Nacional hacia la Ciudad y su actualización se realizará en forma trimestral.

El artículo cuarto de la nueva ley establece que el jefe de Gabinete adecuará el Presupuesto para el ejercicio 2020 a efectos de afrontar el financiamiento de los gastos establecidos en el artículo dos° en forma proporcional al tiempo restante hasta la finalización del actual ejercicio.

«A partir de la entrada en vigencia de la presente, el Poder Ejecutivo realizará la readecuación de la participación que le corresponde a la Ciudad», añadió el texto enviado a la Cámara Alta.

CABA

Siete muertes y más de 150 trabajadores afectados por asbesto: paro de subtes

La AGTSyP frenará desde las 21 las seis líneas y el Premetro tras la muerte de un exoperario que el gremio vincula con el asbesto, la séptima que contabiliza. Denuncia más de 150 trabajadores con afecciones y responsabiliza a Emova, Grupo Roggio, Metrovías y los gobiernos.

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Más de 150 trabajadores del subte fueron diagnosticados con afecciones de salud por la exposición al asbesto, según denunció el gremio, y la muerte de otro exoperario que pasó más de 32 años en un taller de la red derivó en un paro total este jueves, desde las 21 hasta la finalización del servicio.

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) convocó a la medida mediante un comunicado en el que informó el fallecimiento de un trabajador que, según indicó, estuvo expuesto al material cancerígeno durante más de tres décadas. La concesionaria Emova lamentó la muerte de Oscar Pauer, quien fue operario en el taller Rancagua de la Línea B hasta su jubilación, en agosto de 2024.

La medida de fuerza alcanza a las líneas A, B, C, D, E y H y al Premetro. Se espera que crezca la demanda de colectivos y la circulación de vehículos particulares durante la noche.

Siete muertes según el gremio y una «crisis sanitaria bajo tierra»

Con este caso, la AGTSyP contabiliza siete trabajadores fallecidos por la exposición al asbesto. En agosto de 2025, cuando informó la muerte de un trabajador de la Línea D, la cifra era de cinco. En noviembre de 2024 había denunciado la muerte de Jorge Navarro, del taller Constitución, quien padecía cáncer de pulmón y cuyo vínculo con el material, según el sindicato, había sido reconocido en 2020 por una auditoría médica.

El gremio sostiene que el asbesto sigue presente en todas las líneas, a pesar de que está prohibido en la Argentina desde 2003. En su comunicado, la AGTSyP habló de una «crisis sanitaria bajo tierra» y responsabilizó a Emova, al Grupo Roggio, a Metrovías y a los gobiernos por la continuidad del problema.

Qué reclaman los trabajadores

El sindicato exige que se retire el asbesto de toda la red y que se incluya en el Relevamiento de Agentes de Riesgo (RAR) a la totalidad de los trabajadores, activos y jubilados. El pliego completo incluye:

  • El retiro del asbesto de la red de subterráneos.
  • El cambio de las flotas contaminadas.
  • La inclusión de todos los trabajadores, activos y jubilados, en el RAR.
  • La reducción de la jornada laboral para minimizar la exposición al mineral.

Fuentes de la AGTSyP advirtieron que persisten otros reclamos de arrastre, como los descuentos ilegales y las sanciones, pero remarcaron que la salud es lo más grave «porque se nos mueren los compañeros».

La respuesta de Emova y del Gobierno porteño

Emova sostuvo que continúa con el plan integral de desasbestizado en toda la red, a través de una mesa interdisciplinaria en la que participan los gremios y que funciona en la Dirección de Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad. La empresa informó además que realizó más de 5.000 mediciones de calidad del aire, a cargo de laboratorios validados por la Agencia de Protección Ambiental porteña, con resultados «adecuados para la salud».

El Gobierno de la Ciudad informó que existe un plan de desasbestizado desde que se detectó el material en 2018, con análisis de formaciones e instalaciones, retiro de componentes contaminados y controles del aire en los espacios de trabajo.

La distancia entre ambas versiones es total: la empresa exhibe más de 5.000 mediciones de aire y el sindicato exhibe una lista de muertos y más de 150 diagnosticados. Hay además un dato que complica el argumento de las mediciones: el trabajador fallecido estaba jubilado desde agosto de 2024, y enfermedades asociadas al asbesto, como el cáncer de pulmón y el mesotelioma, pueden manifestarse muchos años después de la exposición.

Un conflicto que se arrastra desde 2018

El problema se hizo público en febrero de 2018, cuando los trabajadores supieron que formaciones CAF 5000 que habían circulado en el Metro de Madrid contenían asbesto y que esos mismos trenes habían operado en la Línea B porteña. La AGTSyP reclamó explicaciones a Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), empresa estatal propietaria de la red, y a la concesionaria; en 2019 presentó un amparo ambiental y los relevamientos posteriores confirmaron la presencia del material en distintas flotas e instalaciones.

El 1 de junio, el gremio ya había frenado la Línea C por la presencia de asbesto en formaciones Nagoya 5000, tras denunciar el incumplimiento de un acuerdo del 31 de mayo de 2024 que exigía retirarlas del servicio. El último paro total había sido el 20 de octubre, cuando los metrodelegados paralizaron toda la red por la detención de dos representantes gremiales durante una protesta, un arresto que el sindicato calificó de arbitrario y que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, respaldó públicamente.

Lo que tenés que saber

  • La AGTSyP para las seis líneas y el Premetro este jueves, desde las 21 hasta el final del servicio.
  • La medida responde a la muerte de un exoperario que trabajó más de 32 años en un taller de la red, la séptima que el gremio vincula con el asbesto.
  • El sindicato denuncia más de 150 trabajadores con afecciones de salud y reclama el retiro del material de toda la red.
  • Emova y el Gobierno porteño afirman que hay un plan de desasbestizado y que las mediciones del aire son adecuadas.
  • El asbesto está prohibido en la Argentina desde 2003 y el conflicto es público desde 2018.

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