Lo que tenés que saber

• Empresas sin empleados facturaron $49 millones a dependencias públicas
• La investigación abarca gestiones de Macri y Larreta en la Ciudad
• Las firmas Citepa y Varberg obtuvieron contratos sin licitación
• AFIP, Procelac y UIF aportaron pruebas clave en la causa
• Procesaron a 11 acusados y embargaron bienes por $18 mil millones

Contratos irregulares bajo la lupa en la Ciudad de Buenos Aires

Una causa judicial impulsada por la AFIP y la Procelac expone presuntas irregularidades en contrataciones directas realizadas entre 2013 y 2018 por el Gobierno porteño, durante las gestiones de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. Las empresas involucradas facturaron más de $49 millones a organismos públicos, sin contar con estructura ni personal operativo.

Los hermanos Víctor Enrique, Sergio Gustavo y Víctor Manuel Solmi están señalados como responsables de las firmas Citepa SA y Varberg SA, que obtuvieron adjudicaciones en Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) y en el Ministerio de Educación local, sin pasar por licitaciones públicas.

AFIP, UIF y Procelac impulsaron la denuncia

La causa se inició en 2017 en la Justicia Federal de San Nicolás tras una denuncia de la AFIP por evasión fiscal. A ese expediente se sumaron la UIF y la Procelac, con dos presentaciones: una por administración fraudulenta ante la fiscalía de Federico Tropea y otra por lavado de activos en el Juzgado Federal N.º 2 de San Nicolás.

El juez Carlos Villafuerte Ruzo, a cargo en ese momento, se declaró incompetente y derivó la causa a los tribunales federales porteños. Finalmente, el expediente recayó en el juzgado de Sebastián Casanello, quien aceptó a la AFIP como querellante.

Empresas sin respaldo operativo y contactos con funcionarios

Las pruebas reunidas en la causa incluyen documentación bancaria, contabilidad interna y mensajes recuperados de celulares secuestrados. En esas conversaciones, Víctor Enrique Solmi “mantenía contacto directo con funcionarios de Sbase y del Ministerio de Educación”, quienes habrían favorecido adjudicaciones sin licitación invocando “urgencia” o “especialidad”.

El expediente señala que las empresas simulaban prestar servicios como limpieza y remoción de grafitis, pero carecían de operatividad real. Según la acusación, los fondos públicos recibidos “habría sido luego utilizado para realizar diversas transacciones financieras de inversión bursátil, poniendo así en circulación el producto de la posible actividad ilícita”.

Procesamientos y embargos por miles de millones

Casanello procesó a once personas por coautoría en lavado de activos. La nómina incluye a:

• Víctor Enrique Solmi
• Víctor Manuel Solmi
• Sergio Gustavo Solmi
• Andrés Gustavo Servente
• Alejandro Guido Servente
• Pablo Servente
• Pablo Geoghegan
• Rodolfo Santiago Solimano
• José María Cambón

Además, procesó como partícipes necesarios a Jorge Alejandro Palacio y Mariana Peretti. El magistrado impuso embargos por hasta $18 mil millones sobre los bienes de los imputados y dictó falta de mérito para otras tres personas.

Etapa de apelaciones y definición judicial

Durante sus declaraciones indagatorias, los acusados negaron los cargos y presentaron apelaciones. La Cámara Federal Porteña deberá decidir ahora si confirma los procesamientos dictados por Casanello y permite que el expediente avance a juicio oral.