CABA
Vecinos de Caballito rechazan la reactivación de una megaobra que incluirá un shopping en el barrio
La movilización será a las 18 en la intersección de Rivadavia y Acoyte, con la consiga «No al Shopping. Si al Parque» y convocada por el Consejo Consultivo de la Comuna 6, que comprende al barrio porteño de Caballito.
Vecinos de Caballito realizarán mañana una protesta tras una medida judicial que habilitó un emprendimiento inmobiliario en un predio del barrio que prevé la construcción de un conglomerado de edificios de hasta diez pisos y un shopping a cielo abierto.
La movilización será a las 18 en la intersección de Rivadavia y Acoyte, con la consigna «No al Shopping. Si al Parque» y convocada por el Consejo Consultivo de la Comuna 6, que comprende al barrio porteño de Caballito.
«Después de tres años, la justicia habilitó el comienzo del mega proyecto inmobiliario en Caballito», señalaron desde el grupo vecinal en alusión al fallo del juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nro. 24, Darío Reynoso, que levantó una medida cautelar, vigente desde 2020, que frenó la obra.
Los terrenos en cuestión pertenecen al grupo IRSA, que desde hace más de una década intentó construir allí un shopping y un conglomerado de departamentos, pero que no logró concretar ya que, para eso, requería de un cambio de zonificación de la superficie por parte de la Legislatura porteña.
No obstante, IRSA dividió los terrenos en cuatro parcelas y transfirió una de ellas a la firma Portland, que está a cargo del desarrollo inmobiliario denominado «Ciudad Palmera».
«Vamos a estar en la calle hasta que IRSA-Portland entreguen del 25% al 50% del terreno para parque como establece la normativa, hasta que saquen definitivamente el shopping del proyecto porque afecta al comercio barrial y hasta realicen los estudios de impacto ambiental correspondientes», dijo Martín Iommi , coordinador del Consejo Consultivo.
«Caballito lleva 30 años pidiendo un parque en la playa ferroviaria, en el sector que pertenece al Estado nacional queremos 100% parque y en los terrenos que ocupa IRSA queremos una calle, además que entreguen el 50% de las tierras para parque como dicen la normativa vigente», agregó.
El 13 de agosto del 2020, en plena pandemia, el juez Reynoso ordenó mediante una medida cautelar la paralización de la mega obra de la avenida Avellaneda entre el 1300 y 1500, por el impacto ambiental negativo que provocaría la construcción de 1188 departamentos y un shopping de 28.000 metros cuadrados.
En el reciente fallo, el magistrado consideró que existían «nuevas circunstancias fácticas» tras la firma de un acuerdo entre IRSA y Portland para modificar el proyecto inmobiliario, por lo que evaluó que suspensión de la medida cautelar, con lo que dejó habilitado el inicio de la obra.
Sin embargo, para los vecinos, «por la envergadura del proyecto, el centro comercial necesita tratamiento legislativo, debido a que el Código Urbanístico no habilita la construcción de un shopping, mientras que el impacto ambiental de 1188 departamentos necesita el estudio ambiental correspondiente».
CABA
Sentada en el Mariano Acosta: la policía llegó y crece la alarma por el Protocolo de Macri
El Gobierno porteño aprobó una resolución que obliga a las escuelas a denunciar posibles delitos desde los 14 años. Gremios docentes advierten sobre la criminalización de adolescentes, mientras estudiantes del Mariano Acosta reclaman por ESI, salud mental y el boleto estudiantil.
El Centro de Estudiantes del Mariano Acosta (CESMA) realizó una sentada con clases abiertas y exigió que la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, escuche sus demandas. Según informó Indymedia Argentina, el reclamo incluyó la falta de ESI, el rechazo a la reforma «BA Aprende», el régimen de faltas que pone en riesgo el boleto estudiantil y la falta de financiamiento en salud mental.
Durante la jornada se acercó personal de la Policía de la Ciudad al colegio, por una supuesta denuncia vecinal por ruidos molestos. Las autoridades no permitieron el ingreso e informaron que se dictaban clases con normalidad.

El episodio ocurrió semanas después de que el Gobierno de Jorge Macri aprobara, el 25 de septiembre, una resolución conjunta de los ministerios de Educación, Justicia y Seguridad y del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La norma fija un procedimiento para las escuelas tras la entrada en vigencia, el 5 de septiembre, del nuevo Régimen Penal Juvenil. Esa Ley nacional bajó de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.
La resolución establece que las autoridades escolares “deben denunciar los hechos que pudieran constituir delitos de acción pública, sin investigar ni calificarlos jurídicamente”.También regula cuándo puede intervenir la policía: “por un llamado al 911 de la propia escuela, por orden judicial escrita o ante riesgo para la vida o la integridad física”. La denuncia vecinal por ruidos no figura entre esos supuestos.
Los gremios docentes porteños rechazaron el protocolo. La UTE cuestionó que las escuelas se conviertan en «puertas de entrada al sistema penal» y advirtió sobre la estigmatización de niñas, niños y adolescentes. Los sindicatos reclamaron además políticas de inclusión, salud, vivienda y trabajo para los barrios populares. El escenario se completa con los reclamos por el presupuesto educativo y con la respuesta policial a una protesta estudiantil.

Mientras el Gobierno nacional vende la baja de punibilidad como el “fin de la impunidad”, la Ley también encontró resistencia judicial: una jueza de la Ciudad la declaró inconstitucional en un caso puntual y otra, en la Provincia, suspendió su aplicación por 60 días.
El Ministerio de Educación porteño no se pronunció sobre los reclamos del CESMA ni sobre la presencia policial.
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