Hasta 90 días de arresto para trapitos reincidentes, multas de más de 58 millones de pesos por venta ilegal en el espacio público y sanciones superiores a los 7 millones por conducir alcoholizado. Esos son los ejes del proyecto de reforma del Código Contravencional que el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, envió este miércoles a la Legislatura porteña.

La iniciativa modifica la Ley 1.472 (Código Contravencional) y la Ley 12 (de Procedimiento Contravencional), e introduce un paquete de cambios que incluye el aumento de multas, de las tareas de utilidad pública y de los días de arresto, la creación de nuevas contravenciones y la supresión de la condena en suspenso para adultos. La reforma también excluye la suspensión del proceso a prueba como solución alternativa para adultos y crea un Registro de Reincidentes en Contravenciones en el Espacio Público.

El discurso del orden y la escenografía electoral

La presentación del proyecto estuvo cargada de una retórica que resultó difícil de distinguir de la que suele escucharse en las conferencias de prensa de La Libertad Avanza. Bajo el slogan «Ley y Orden», Macri afirmó que «al delincuente menor de edad que rompe la ley sabiendo que no va a tener consecuencias; al que acosa, sigue o acecha a una persona en la calle; al estafador que se hace pasar por un banco para engañar a alguien y robarle sus datos; al puntero que financia agrupaciones violentas; al delincuente que lleva una bomba molotov a una manifestación: a todos ellos, bajo mi gestión, se les terminó la impunidad».

La frase fue completada con otra de tono similar: «No hay Ciudad para los porteños de bien si el Estado se arrodilla frente a las mafias y los violentos». El lenguaje utilizado por el jefe de Gobierno, que apela a la distinción entre «ciudadanos de bien» y quienes rompen la ley, es una marca de estilo propia del movimiento libertario y de la derecha punitiva internacional, y su aparición en boca de un dirigente del PRO no es casual en el contexto de la disputa por el electorado conservador que se abrirá de cara a las elecciones de 2027.

Qué cambia: las nuevas sanciones y contravenciones

El proyecto establece un aumento significativo en las sanciones existentes y suma nuevas conductas sancionables. Para la conducción con alcohol en sangre, la reforma prevé una multa de entre 1.000 y 6.000 Unidades de Fomento (UF), equivalentes a más de 7 millones de pesos, con arresto de 5 a 30 días e inhabilitación de la licencia de conducir de 6 meses a 4 años. Para las actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público, la multa podría alcanzar las 50.000 UF, equivalentes a 58.654.000 pesos, frente al máximo actual que no supera los 15 millones.

En el caso de los ruidos molestos, las tareas de utilidad pública pasarían de un rango de 1 a 5 días al de 3 a 15 días, con multas de hasta 600 UF y la posibilidad de hasta 10 días de arresto. El texto agrava las sanciones para reincidentes con aumentos del 50% en la primera reincidencia, del 66,6% en la segunda y del 100% en la tercera.

Entre las nuevas contravenciones incorporadas se encuentran el seguimiento o acecho en la vía pública, la obtención de claves o credenciales mediante engaños digitales, la organización de compraventa informal masiva en el espacio público, la comercialización de datos personales, la portación de dispositivos de interferencia de señales y la manipulación fraudulenta de sistemas de cobro o transporte público. También se sanciona la suplantación de identidad de agentes de autoridad, el financiamiento de contravenciones reiteradas o de agrupaciones contraventoras, la portación o distribución de materiales aptos para disturbios y el entorpecimiento de sistemas de videovigilancia pública.

Adolescentes: un régimen diferenciado, pero con sanciones

La iniciativa también alcanza a adolescentes de entre 14 y 17 años, aunque a través de un régimen diferenciado que no replica el esquema de adultos. Para ese grupo se prevén medidas como amonestación formal, acompañamiento de equipos interdisciplinarios, programas educativos, continuidad escolar, capacitación laboral, reparación del daño y tareas de utilidad pública adecuadas a la edad y las aptitudes. El proyecto sostiene que su objetivo es la responsabilidad, la educación, la integración social y el interés del adolescente, aunque la incorporación de los menores en un proyecto de reforma marcadamente punitivista abre interrogantes sobre los criterios de aplicación y los mecanismos de garantía de derechos.

La lógica política detrás del paquete

La elección del momento para enviar esta reforma no es inocente. Con las elecciones legislativas de 2027 en el horizonte y el PRO intentando redefinir su lugar en el mapa político frente al avance de La Libertad Avanza sobre su propio electorado, el discurso del «orden» y la «mano dura» se convierte en una herramienta de reposicionamiento. Macri apuesta a que endurecer el Código Contravencional le permitirá capturar a un votante que en 2023 se inclinó por Milei, y que hoy observa con simpatía un discurso que equipara la presencia de vendedores ambulantes o trapitos con las «mafias» y los «violentos».

El riesgo de esa estrategia es doble. Por un lado, la reforma puede profundizar la criminalización de la pobreza y de sectores vulnerables que utilizan el espacio público como única fuente de ingresos ante la falta de empleo formal, una consecuencia que el proyecto no analiza ni previene. Por el otro, la imitación del estilo libertario puede no alcanzar para disputarle votos a LLA en su propio terreno, y en cambio acelerar la disolución de la identidad política del PRO como fuerza diferenciada.

Lo que tenés que saber:

• Jorge Macri envió a la Legislatura porteña una reforma integral del Código Contravencional que sube multas, endurece penas y crea nuevas infracciones.
• Las sanciones por conducción alcoholizada podrán superar los 7 millones de pesos, y por venta ilegal en la vía pública los 58 millones.
• Se eliminan la condena en suspenso y la suspensión del proceso a prueba para adultos, y se crea un Registro de Reincidentes en Contravenciones en el Espacio Público.
• El proyecto incorpora nuevas contravenciones como el acecho en la vía pública, la interferencia de señales y el entorpecimiento de sistemas de videovigilancia.
• El lenguaje punitivista utilizado por Macri imita el discurso de La Libertad Avanza en un movimiento que se lee como un reposicionamiento político de cara a las elecciones de 2027.