La venta del predio lindante a las históricas construcciones del monasterio y la iglesia de Santa Catalina, del barrio porteño de San Nicolás, disparó la alarma entre vecinos y defensores del patrimonio urbano por el futuro que tendrá el lote sobre el cual se levantará una nueva edificación, lo que podría poner en riesgo la conservación de un sitio con alto valor patrimonial y arqueológico.

La preocupación de la comunidad de Santa Catalina volvió a surgir durante el fin de semana debido a las tareas que se realizaron en la madrugada del domingo para desmantelar el estacionamiento para autos que funcionaba sobre el predio situado en la manzana delimitada por la avenida Córdoba y las calles Reconquista, Viamonte y San Martín.

Según informaron distintas fuentes consultadas, el lugar fue vendido a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida informalmente como Iglesia mormona, para la construcción de un templo en la ciudad de Buenos Aires que se sumará al que tienen en Ciudad Evita, a un costado de la autopista Ricchieri.

El terreno elegido para la nueva sede de la congregación mormona forma parte de un Área de Protección Histórica del microcentro porteño, al igual que las dos construcciones vecinas -el monasterio y la iglesia de Santa Catalina- que datan de 1745 y que fueron declaradas como Monumento Histórico Nacional.

Desde hace décadas, el lote es foco de atención tanto del grupo vecinal del convento, así como también de organizaciones dedicadas a la preservación, como Basta de Demoler, por su «reconocido valor patrimonial» vinculado a la época colonial, pero también por la existencia de informes que aseguran que allí hay restos arqueológicos que deben protegerse.

De hecho, estuvo vigente durante años una medida judicial motorizada por las organizaciones que impidió la realización de un emprendimiento inmobiliario para levantar una torre de 20 pisos y, en 2022, fue frenado un convenio urbanístico entre el Gobierno local y la empresa propietaria del sitio hasta julio que contemplaba un edificio de oficinas.

Corina Conti, una de las vecinas que integra el grupo barrial, dijo que están «preocupados y desesperados» ante la falta de información respecto de lo que sucederá en el terreno y remarcó que les parece «muy raro que durante 40 años no aprobaron ninguna construcción y ahora en tres meses sale todo con mucha rapidez».

«Queremos ver qué es lo que van a hacer ahí porque resulta una locura sin consideración ya que está al lado del monasterio y ahí hubo un cementerio», señaló y agregó que mantuvieron contacto con los representantes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días pero que no lograron obtener detalles del proyecto que prevén ejecutar.

Por su parte, Basta de Demoler difundió un comunicado ante «el inminente cambio de destino del predio contiguo al convento y la iglesia», en el cual reafirmó «la permanente actividad en defensa del patrimonio histórico y arquitectónico» y adelantó que «procederá, por las vías legales correspondientes, en caso de que la tutela de tal patrimonio se halle en peligro en el futuro».

La iglesia y el monasterio alojó a la orden de las Catalinas, conformada por mujeres religiosas, desde mediados del siglo XVIII hasta la década de 1970, cuando la congregación se trasladó a San Justo, en la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo a un informe arqueológico elaborado hace unos años por la investigadora del Conicet Ana Igareta y solicitado por el rector del monasterio y la iglesia, presbítero Gustavo Antico, en el terreno lindante «se ubicaron inicialmente su cementerio, el huerto y sucesivas construcciones erigidas y demolidas a través de los siglos».

Según la cronología, entre 1750 y 1898 fueron solicitadas licencias para el entierro de 43 religiosas, lo que implica «que fueron inhumadas entre los siglos XVIII y XX en la manzana que nos ocupa y solo hay registro de la exhumación y traslado de una de ellas, la madre fundadora del Monasterio».

«El resto de los esqueletos y de su cristiana sepultura permanecen conservados en su subsuelo, en un sector que no ha sido identificado aún», sostiene y advierte sobre la importancia de la protección de los materiales arqueológicos que podrían permanecer en el lote.

Fuentes vinculadas al monasterio y la iglesia indicaron que, frente a la venta del lote y el futuro uso que tendrá, «no debe desconocerse su valor e importancia arquitectónica, arqueológica, histórica y cultural y religiosa» y señalaron que los «innumerables proyectos e intentos de operaciones inmobiliarias» anteriores «prescindían de todo tipo de respeto y valoración».

«Los recientes informes arqueológicos señalan la importancia y necesidad de un estudio del terreno que permita a la Ciudad redescubrir su historia, estudiando una tierra que seguramente guarda registro material de una época y accionar definidos», agregaron.

Por último, Alfredo Salas, representante de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, informó que están «en proceso de adquisición del terreno, cumplimentando todo» y adelantó que pronto podrán «anunciar formalmente la compra».

Fuentes del Gobierno porteño informaron que aún no recibieron pedido de autorización de obra vinculado a la parcela, mientras que desde la Comisión Nacional de Monumentos indicaron que pedirán a los propietarios «información para ver qué se va a hacer de modo que su proyecto no sea dañino o perjudicial» para la iglesia y el monasterio.