Buenos Aires
Fallos a favor de intendentes permiten mantener el cobro de tasas en facturas de luz y gas
Al menos 11 municipios del Conurbano bonaerense lograron sentencias judiciales a favor para mantener el cobro de las tasas municipales en facturas de servicios públicos, contra una resolución del Gobierno nacional.
Al menos 11 intendentes del Conurbano bonaerense obtuvieron fallos judiciales favorables para mantener el cobro de tasas municipales en las facturas de servicios públicos, pese a la prohibición impuesta por la Secretaría de Industria del Ministerio de Economía, bajo la dirección de Luis Caputo. La medida del gobierno, anunciada en septiembre, prohíbe que municipios incluyan tasas de servicios locales en las boletas de luz y gas. Sin embargo, los mandatarios locales sostienen que esos fondos son vitales para la prestación de servicios esenciales.
Las razones detrás de los amparos judiciales
Los intendentes de Pilar, Escobar, Morón, Hurlingham, José C. Paz, y Quilmes, entre otros, recurrieron a la Justicia argumentando que el cobro de estas tasas es indispensable para el funcionamiento de sus municipios. Federico Achával, intendente de Pilar, expuso en su presentación judicial que los recursos obtenidos a través de estas tasas resultan fundamentales para servicios como la seguridad y el mantenimiento de espacios públicos. En su fallo, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, respaldó la postura de Achával, afirmando que “la Constitución de la Provincia de Buenos Aires autoriza a los municipios a dictar ordenanzas y reglamentos dentro de sus atribuciones”.
Además de Achával, otros intendentes que obtuvieron fallos a su favor incluyen a Mariel Fernández (Moreno), Julio Zamora (Tigre), Mayra Mendoza (Quilmes), Fernando Moreira (San Martín) y Ariel Sujarchuk (Escobar). Estos mandatarios justifican que los ingresos municipales obtenidos mediante las facturas de servicios permiten afrontar necesidades urgentes de sus comunidades, desde obras de urbanización hasta el alumbrado y la seguridad en sus distritos.
La posición del gobierno y el impacto en los consumidores
Desde el gobierno nacional, el ministro Luis Caputo sostiene que la prohibición tiene como fin proteger el poder adquisitivo de los consumidores. Según Caputo, “la gente merece claridad y previsibilidad en sus facturas”, afirmando que los cargos municipales adicionales en las facturas de servicios encarecen los costos para los usuarios y afectan su bienestar. En un contexto de elevada inflación, la administración nacional argumenta que los municipios deberían explorar alternativas para recaudar fondos sin impactar a los consumidores a través de facturas de servicios esenciales.
Representantes de organizaciones de consumidores han expresado apoyo a esta medida, pero advierten que la prohibición, sin una solución alternativa, podría afectar los servicios municipales. Instan a las autoridades nacionales y locales a dialogar y encontrar un equilibrio entre la protección de los consumidores y la estabilidad presupuestaria de los municipios.
La polémica sobre la autonomía municipal
El conflicto genera tensiones entre la autonomía de los municipios y las políticas nacionales. Algunos intendentes de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos consideran que la resolución de Caputo vulnera la independencia de los municipios para gestionar sus propios recursos. La Federación Argentina de Municipios (FAM) también se pronunció en defensa de los intendentes, afirmando que muchos distritos dependen de los ingresos por tasas en servicios para financiar áreas críticas.
Expertos en derecho constitucional destacan que este enfrentamiento abre un debate sobre los límites de la autonomía municipal y las atribuciones que tienen para gestionar sus ingresos. Los fallos favorables a los intendentes establecen excepciones temporales mientras se resuelven las apelaciones, sin una solución definitiva.
Resolución 267/24 y derechos de los consumidores
La resolución 267/24 de la Secretaría de Industria y Comercio, publicada el 10 de septiembre, establece que las empresas de servicios públicos no pueden incluir tasas municipales en sus facturas. En caso de incumplimiento, los consumidores pueden denunciar irregularidades a través de un canal específico y las empresas enfrentan sanciones en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor.
La Secretaría justificó la medida indicando que “los derechos de los consumidores tienen status constitucional”. En este sentido, el artículo 42 de la Constitución Nacional protege a los consumidores, otorgándoles derecho a información clara, a condiciones de trato equitativo y a una relación de consumo digna y sin abusos.
Buenos Aires
Granja Tres Arroyos frenó su planta en Capitán Sarmiento y crece el temor al cierre definitivo
La principal avícola del país suspendió «hasta nuevo aviso» la actividad en la ciudad bonaerense, alegando falta de suministro eléctrico y razones operativas. El retiro de maquinaria concesionada y el vaciamiento de oficinas alimentan la certeza entre los trabajadores de que la paralización será permanente.
La empresa avícola Granja Tres Arroyos notificó formalmente el cese de la actividad productiva en su planta de Capitán Sarmiento a partir del 31 de agosto de 2026. En un comunicado interno, la dirección argumentó que la medida obedece a «la falta de suministro eléctrico y a otras cuestiones operativas y productivas derivadas de circunstancias de fuerza mayor y de público conocimiento». La suspensión, definida como temporal, se extiende «hasta nuevo aviso», una fórmula que los propios trabajadores interpretan como el preludio de un cierre definitivo.
El vaciamiento que habla por sí solo
Lo que convierte la preocupación de los empleados en algo más que un temor sindical es lo que ocurre puertas adentro: el directorio inició el retiro de la maquinaria concesionada y el vaciamiento de las oficinas, señales que en el lenguaje industrial raramente acompañan una pausa transitoria. Según informó **Infobae**, esas acciones concretas son las que alimentan la convicción de que la paralización no será temporaria sino permanente, lo que pondría en riesgo los puestos de trabajo de los empleados que aún permanecen en la planta.
La suspensión en Capitán Sarmiento no es un episodio aislado, sino el último eslabón de una cadena de cierres y paralizaciones que viene sacudiendo a la empresa a lo largo de todo el año. La estructura productiva de Granja Tres Arroyos se desintegra de manera sistemática, planta por planta, sin que la conducción empresarial haya ofrecido una hoja de ruta clara sobre el futuro de sus instalaciones y su personal.
Un año de recortes en serie
El panorama acumulado en 2026 es de una gravedad que no admite eufemismos. A principios de agosto, la empresa comunicó el despido de más de 250 trabajadores de su planta industrial La China, ubicada en Concepción del Uruguay (Entre Ríos), justificando la medida en la caída de la actividad provocada por la gripe aviar. Con anterioridad, Granja Tres Arroyos había paralizado por un mes la planta de Avex en Río Cuarto (Córdoba) y suspendido a todo el personal en la planta Pinazo de Pilar. En Wade II hubo paralizaciones por conflictos salariales y bloqueos, mientras que en Wade I la producción se redujo de manera notoria.
El historial reciente incluye además el cierre de la planta de Tristán Suárez con 200 despidos y el cierre de la planta de Becar en Concepción del Uruguay, desde donde los 270 trabajadores fueron trasladados a La China, la misma planta que meses después recibiría los despidos masivos de agosto. Una lógica de concentración y achicamiento que ahora desemboca en la parálisis de Capitán Sarmiento.
El peso de una deuda de 350 millones de dólares
Detrás de cada cierre y suspensión late una crisis financiera de proporciones: la empresa arrastra un pasivo de 350,9 millones de dólares y negocia con sus acreedores una reestructuración que contempla quitas de hasta el 75% del capital, plazos de pago a siete años y la venta de al menos cinco activos no estratégicos. A fines de 2024, Granja Tres Arroyos ingresó en un proceso preventivo de crisis, desde donde aceleró los recortes internos mediante un programa de retiros voluntarios y comenzó a afrontar sus obligaciones «de manera escalonada y en cuotas».
El colapso de la principal avícola del país no puede leerse en clave exclusivamente empresarial. Se trata de la destrucción de miles de puestos de trabajo en una industria que históricamente fue motor de empleo en el interior bonaerense y en provincias como Entre Ríos y Córdoba. Las suspensiones y cierres no solo dejan trabajadores en la calle, sino que erosionan la trama productiva de ciudades enteras que dependen del empleo industrial para sostener su economía local. La fórmula «fuerza mayor» que esgrime la empresa en sus comunicados no alcanza para explicar una crisis que es también el resultado de decisiones empresariales, de un contexto macroeconómico que encareció insumos y tarifas, y de un Estado que asiste al desmoronamiento sin intervenir con políticas activas de sostenimiento del empleo.
Puntos clave
- Granja Tres Arroyos suspendió «hasta nuevo aviso» su planta de Capitán Sarmiento desde el 31 de agosto de 2026, alegando falta de suministro eléctrico y razones operativas.
- El retiro de maquinaria concesionada y el vaciamiento de oficinas generan entre los trabajadores la certeza de que el cierre será definitivo.
- En lo que va del año, la empresa despidió a más de 250 empleados en Concepción del Uruguay y paralizó o cerró plantas en Pilar, Río Cuarto, Tristán Suárez y Becar.
- La compañía arrastra un pasivo de 350,9 millones de dólares y negocia quitas de hasta el 75% del capital con sus acreedores.
- A fines de 2024, Granja Tres Arroyos ingresó en un proceso preventivo de crisis.
-
Economía 💲4 díasTarifazo en transporte: más de un millón de personas dejó de usar el colectivo en un mes
-
Economía 💲5 díasEl ministro de Economía de Uruguay destrozó a Milei y advirtió sobre el riesgo de “terminar como Argentina”
-
Industria15 horasCoca-Cola cerró su histórica planta de Ventura tras 114 años y reubicará a 78 de sus 85 trabajadores
-
Investigación 🔎5 díasLa fiscalía de Bolivia citó a Beller para que declare en la causa por enriquecimiento ilícito de Cerimedo
-
Economía 💲6 díasEl BCRA interviene en la crisis de mora, pero del lado de los bancos y fintech: no se salvarán ni las cuentas sueldo
-
Región6 díasColombia llora a 331 muertos y comienza la reconstrucción, a dos semanas del terremoto
-
Gremiales3 díasEl Consejo del Salario fracasó: la CGT pidió $911.000, empresarios ofrecieron $400.000 y decide el Gobierno
-
Geopolítica 🌎6 díasRavier dijo que el buque inglés en Ushuaia no viola la Ley Gaucho Rivero y culpó a la provincia por autorizarlo
