Buenos Aires
Intimaron al grupo empresario que explota el autocine en San Isidro por una deuda fiscal de 27 millones de pesos
La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que el grupo mantiene deudas desde 2018 y que «tiene un plazo de 30 días para pagar o la Provincia iniciará las acciones judiciales».
La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que el grupo empresario, conformado por diferentes sociedades, mantiene deudas desde 2018, que se corresponden con el momento en que cada una de las explotaciones comerciales fue instalada en el predio. La autoridad recaudadora bonaerense además señaló que «tienen un plazo de 30 días para pagar o la Provincia iniciará las acciones judiciales de cobro».
ARBA intimó a las empresas que realizan la explotación comercial de un predio del partido de San Isidro en el que funciona un autocine a pagar $27 millones que adeudan por la ocupación de esas tierras fiscales que son propiedad del Estado bonaerense.
El director de ARBA, Cristian Girard, coordinó las acciones de control en el predio de casi 20.000 metros cuadrados ubicado en la localidad de Martínez, frente al Río de La Plata, y explicó que el grupo empresario que explota comercialmente el lugar «fue intimado a pagar los $27 millones que adeuda a la Provincia en concepto de canon de ocupación», se informó oficialmente.
«Toma de tierras VIP»
«Son tierras ganadas al río, propiedad del Estado bonaerense, se trata de un lugar con una vista privilegiada donde funcionan locales gastronómicos y un autocine», por lo que «tienen un plazo de 30 días (para pagar el canon) o la Provincia iniciará las acciones judiciales de cobro», aseguró el funcionario.
El grupo empresario, conformado por diferentes sociedades, mantiene deudas desde 2018 que se corresponden con el momento en que cada una de las explotaciones comerciales fue instalada en el predio: algunas se remontan a dos años, como los restaurantes, y otras a 2019, como es el caso del bar y cafetería que funciona en el lugar.
Girard consideró que «son emprendimientos positivos para la Provincia porque generan actividad económica y empleo», y además permiten que la gente pueda disfrutar de la gastronomía, el cine y espectáculos musicales en un entorno privilegiado».
Pero consideró fundamental «que quienes explotan el lugar cumplan con el canon que deben pagarle al Estado, tanto en San Isidro como en cualquier otra parte del territorio bonaerense», ya que «están haciendo uso de terrenos fiscales de la Provincia, y tienen que pagar de la misma manera que se paga un alquiler cuando se utiliza un predio privado».
«Es tierra de las y los bonaerenses, y es justo que por usarla se deba retribuir al Estado para que esos recursos puedan volver a toda la sociedad, en forma de obras e inversión en salud, educación, seguridad y mejores servicios públicos», resaltó.
Si las empresas no cumplen en los próximos 30 días, la Agencia de Recaudación dará intervención a la Dirección Provincial de Gestión y Recupero de Créditos Fiscales, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense, y a la Fiscalía de Estado, para activar el inicio de las acciones judiciales de cobro y los procedimientos de apremio.
Las acciones de ARBA también incluyeron una fiscalización tributaria sobre las empresas que actúan en el predio de Martínez, para controlar medios de facturación, situación catastral y otros temas impositivos. Producto de esa labor, se detectaron deudas e incumplimientos referidos al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, motivo por el cual se labraron las notificaciones pertinentes.
Buenos Aires
Zorros en La Martona: el country que quiere echar a la fauna que desplazó
En el barrio cerrado de Cañuelas, un sector de propietarios, con el aval del presidente del consorcio, busca alejar al zorro gris pampeano, una especie protegida por ley nacional desde 1981. La fundación que intervino con los carpinchos de Nordelta vuelve a aparecer en escena.
Un alambrado perimetral no alcanzó. En el barrio cerrado La Martona, en Cañuelas, la presencia del zorro gris pampeano (Lycalopex gymnocercus) dejó de ser una postal de la vida al aire libre para convertirse en un conflicto entre propietarios, y ahora una organización dedicada al traslado de fauna silvestre aparece en el centro de la escena. La pregunta de fondo es incómoda: quién llegó primero y quién pretende que el otro se vaya.
El zorro gris pampeano es parte de la fauna autóctona de la Pampa Húmeda. En La Martona, uno de los countries más conocidos del partido de Cañuelas, en la provincia de Buenos Aires, los vecinos quedaron divididos entre quienes consideran que el animal forma parte del entorno natural y quienes lo ven como una molestia y reclaman alejarlo del predio. Esta segunda postura contaría con el respaldo del presidente del Consorcio de Propietarios, Rubén Fontana.
El alambrado, la chispa del conflicto
La disputa escaló cuando la administración del barrio instaló un alambrado perimetral en la zona lindera al arroyo Cañuelas, una medida que parte de los propietarios considera innecesaria. Para el sector que busca sacar a los zorros, en cambio, la barrera resultó insuficiente, y el debate sobre qué hacer con los animales siguió abierto entre los copropietarios.
Quienes defienden la convivencia sostienen que la aparición de los zorros es consecuencia directa de la expansión de las urbanizaciones sobre espacios que antes eran su hábitat natural. Desde esa mirada, no son los zorros los que invadieron el country, sino el country el que se instaló sobre su territorio.
La discusión no es nueva en La Martona. En años anteriores, la administración del club ya había consultado a la Dirección de Flora y Fauna bonaerense por la presencia del zorro gris, y el organismo recomendó no alimentar a los animales, mantener cerradas las bolsas de residuos y evitar huecos en los jardines que pudieran funcionar como madrigueras. Los especialistas también aclararon entonces que no hay registro de ataques de zorros a personas.
Una fundación bajo cuestionamiento
En ese marco, el conflicto llegó a la Fundación Awad Fauna, una organización que se presenta como especializada en el manejo, la capacitación y el traslado de fauna silvestre en la Argentina. Su intervención generó rechazo entre vecinos ligados al activismo ambiental y a la defensa de los derechos de los animales, que la acusan de promover la erradicación de la fauna silvestre, según publicó un medio local, que además describió a la entidad como una fundación en lo formal pero organizada como un negocio, y señaló que ni siquiera cuenta con página web.
La preocupación de los vecinos que rechazan su intervención es que la reubicación termine siendo la salida elegida tras el fracaso del alambrado. Hasta el momento, no se confirmó oficialmente ninguna decisión de captura ni de traslado de ejemplares.
Una especie protegida por ley
El zorro gris pampeano está protegido en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. La Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre, sancionada en 1981, prohíbe su caza, captura, tenencia como mascota y comercialización. Cualquier intento de sacarlos del predio queda, por lo tanto, atravesado por una normativa que prioriza la conservación por sobre la comodidad de los propietarios.
Se trata de un animal solitario, de hábitos crepusculares y nocturnos, aunque puede verse activo en cualquier momento del día. Habita una amplia variedad de ambientes, especialmente abiertos, como estepas, praderas y sabanas, desde el nivel del mar hasta los 5 mil metros de altura.
El antecedente de los carpinchos de Nordelta
El caso de La Martona remite de manera inevitable al de los carpinchos de Nordelta, en Tigre, donde la intención de reubicar ejemplares se volvió un tema recurrente. Allí también participó la Fundación Awad Fauna, en tareas de captura y relocalización de fauna nativa hacia reservas privadas contratadas por administraciones de barrios cerrados.
Los dos episodios exponen la misma lógica: urbanizaciones privadas que avanzan sobre humedales y pastizales, y que después tratan como intrusos a los animales que siempre vivieron allí. La diferencia entre convivir con la fauna autóctona o expulsarla sigue sin una respuesta clara del Estado, mientras la decisión queda en manos de consorcios y fundaciones privadas.
Lo que tenés que saber:
- Los vecinos del barrio cerrado La Martona, en Cañuelas, están divididos por la presencia del zorro gris pampeano.
- La postura de alejar a los zorros contaría con el aval del presidente del Consorcio de Propietarios, Rubén Fontana.
- El alambrado perimetral instalado junto al arroyo Cañuelas no resolvió el conflicto.
- La Fundación Awad Fauna, que intervino con los carpinchos de Nordelta, fue cuestionada por vecinos ambientalistas.
- La Ley Nacional 22.421 prohíbe la caza, captura, tenencia y comercialización del zorro gris pampeano.
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