Un informe científico solicitado por la Justicia confirmó que la planta productora de herbicidas que la empresa Atanor SCA tiene en la ciudad bonaerense de San Nicolás «contaminó con el agroquímico atrazina y dos sustancias prohibidas, las aguas subterráneas de su predio», informaron hoy fuentes judiciales.

El trabajo fue realizado por el Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIM) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) junto al Conicet, en el marco de una demanda de amparo ambiental que la asociación civil Foro Medioambiental San Nicolás (Fomea) lleva adelante contra la empresa Atanor.

«Ya teníamos probada la presencia de atrazina en el agua y el nuevo informe lo confirma, pero trae una novedad que sorprende porque se detectaron niveles preocupantes de dicloro difenil tricloroetano (DDT) y aldrin, ambas sustancias prohibidas desde hace décadas», dijo a Télam el abogado patrocinante, Fabian Maggi.

«También se detectó el tóxico 2,4D, un herbicida peligroso que en nuestro país tiene restricciones en su uso y es inadmisible que esté presente en el agua subterránea porque revela que hubo una contaminación severa del suelo y que por decantación eso terminó en las napas», señaló.

«Según lo que hablamos con los especialistas, lo que se desprende de los resultados es que para que estos contaminantes lleguen al agua los niveles de contaminación tienen que ser altos, y su presencia debe haberse extendido durante mucho tiempo», apuntó.

En ese sentido, Maggi remarcó que «lo que preocupa es la afectación a la salud pública porque, como se viene denunciando hace años, hay numerosos vecinos afectados con preponderancia de cáncer en la zona».

La planta de Atanor SCA en San Nicolás está en pleno radio urbano, rodeada por el barrio Química, y apenas la separa una calle de las viviendas y sus habitantes.

Voceros de Fomea indicaron en un comunicado que exigen «al Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires el inmediato dictado de una sentencia que proteja los derechos fundamentales de los vecinos de San Nicolás».

«El amparo ambiental lleva más de 8 años de trámite violando el derecho humano de protección judicial en plazo razonable, y fruto de esa demora hemos hecho una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dio curso a la denuncia y actualmente se encuentra en etapa de investigación», remarcaron.

Las sustancias dicloro difenil tricloroetano (DDT) y aldrin, principalmente usadas como pesticidas, fueron prohibidas por la Convención de Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs), a la cual Argentina adhirió en 2004.