La Plata
“Sabemos que hay más muertes”: movilización por el escándalo del fentanilo tóxico
La concentración fue convocada por allegados de pacientes fallecidos tras recibir ampollas adulteradas producidas por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo. Denuncian la inacción judicial, la falta de imputaciones y un posible encubrimiento con vínculos políticos y mafiosos.
Este jueves, de 14 a 17 horas, frente al Hospital Italiano de La Plata, familiares de las víctimas del fentanilo contaminado se concentraron en una “movilización en silencio” para exigir que la causa avance, se identifique a los responsables y se hagan efectivas las imputaciones pendientes.
El caso, que conmocionó al país, ya suma oficialmente 54 muertes, aunque los querellantes denuncian que el número real podría ser mucho mayor. La convocatoria se dio bajo el lema “por la verdad y la justicia por todas las víctimas del fentanilo” y fue impulsada por los padres y madres de pacientes que murieron tras ser inoculados con lotes adulterados del potente analgésico, producidos por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo.
_“Marchamos no solo por los casos que se conocen, sino por los que seguramente también son víctimas y no saben la verdad de lo que pasó”, afirmó Luis Ayala, padre de Leonel, uno de los fallecidos.
300 hospitales, 54 muertes y una cifra negra en aumento
Las ampollas contaminadas con fentanilo fueron distribuidas, según fuentes de la investigación, en más de 300 centros de salud de todo el país. La ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) emitió alertas sanitarias y prohibió el uso de determinados lotes, pero los familiares sostienen que las medidas llegaron tarde y que varios hospitales continuaron utilizando los lotes comprometidos.
Las denuncias apuntan a que podrían existir “muertes en negro”, es decir, pacientes que fallecieron por sobredosis del fármaco adulterado pero cuyos decesos no fueron registrados ni relacionados oficialmente con el escándalo.
Fuentes judiciales confirmaron que la investigación se encuentra en etapa avanzada, con allanamientos, secuestro de documentos, correos electrónicos y dispositivos electrónicos, pero aún no hay detenidos ni imputaciones formales, lo que genera la bronca de los familiares.
_“Hay elementos suficientes para que haya responsables identificados, y sin embargo el expediente sigue paralizado”, dijo uno de los voceros de la querella. “No se trata solo de errores: se cometieron delitos”.
Empresarios vinculados, irregularidades y un poder en las sombras
El empresario Ariel García Furfaro, integrante del grupo que controla HLB Pharma Group, aparece como una de las figuras centrales en la causa. Según trascendió, su grupo posee diversas sociedades y vínculos con sectores del poder político.
En Santa Fe, donde también hubo fallecidos, la Justicia sospecha de un posible entrelazamiento entre la adulteración de medicamentos, el lavado de dinero y redes del narcotráfico, una línea de investigación que avanza en paralelo.
Mientras tanto, los familiares denuncian un posible encubrimiento por parte de organismos estatales que, según indican, omitieron controles, demoraron sanciones y dejaron circular medicamentos letales.
La movilización en La Plata buscó instalar nuevamente el tema en la agenda pública, luego de semanas en las que los avances judiciales quedaron opacados por la falta de medidas concretas contra los responsables.
Espectáculos 🎭
BTS en La Plata: una disputa gremial pone en riesgo los recitales
El sindicato de controladores de admisión levantó las asambleas y la movilización tras un “principio de entendimiento”, luego de que la provincia dictara una conciliación obligatoria. Detrás del conflicto hay un reclamo de fondo: que las empresas contratadas por la productora apliquen el convenio de la actividad y no el de seguridad privada.
La discusión sobre qué convenio colectivo corresponde aplicar a quienes controlan el ingreso del público puso en riesgo, a pocas horas del debut, los tres recitales de BTS en La Plata. Los trabajadores de control de admisión advirtieron que podían tomar medidas de acción directa durante los shows si las empresas contratadas no aplicaban el convenio de su actividad.
El reclamo fue formalizado por el Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (SUTCAPRA), que conduce Leandro Nazarre, mediante un comunicado en el que se declaró en “estado de alerta y movilización”. El gremio apuntó contra GPS Prevención SRL, MGF Seguridad SRL y SAKERHET CORP SA (Tech), empresas contratadas por la productora DF Entertainment SA, a las que acusó de pretender aplicar un convenio de seguridad privada que consideró “ajeno a la actividad de Control de Admisión y Permanencia”. Las presentaciones de la banda surcoreana están previstas el 21, el 23 y el 24 de octubre en el Estadio Diego Armando Maradona, con capacidad para unas 53.000 personas.
Qué reclama el gremio
Según el comunicado, las compañías deberían aplicar el convenio de SUTCAPRA, que, de acuerdo al sindicato, “mejora las condiciones laborales y salariales de los controladores”. El gremio adelantó además la posibilidad de “medidas de acción directa durante los shows” y, en una nota enviada al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, anticipó “asambleas y movilizaciones en las inmediaciones del estadio” para visibilizar el problema.
El secretario de Prensa de SUTCAPRA, Cristian Rolón Gatti, defendió la representatividad de su organización: “tenemos personería gremial en La Plata”, sostuvo, y afirmó que la UPSRA “no tienen personería en esta actividad”. El gremio se creó en 2004 para representar al personal de Control de Admisión y Permanencia (CAP), una actividad que hasta entonces no estaba nucleada en ningún sindicato, y busca diferenciarse de la seguridad privada.
La respuesta de la UPSRA
La Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA), fundada en 1970 y conducida por Ángel Alberto García, rechazó el planteo. En un comunicado sostuvo que el Convenio Colectivo de Trabajo 507/07 es el “único instrumento legal vigente” para regular las condiciones laborales de los trabajadores de seguridad privada y que es de cumplimiento obligatorio para todas las empresas del sector, “sin excepciones”.
El sindicato fue más lejos: calificó de “inadmisible” que SUTCAPRA intente instalar “un discurso que genera confusión y desconcierto” y advirtió que “no vamos a permitir que se utilicen espacios públicos para desinformar”. La disputa, entonces, enfrenta a dos organizaciones que se reivindican representantes de quienes trabajan en los recitales, con los propios trabajadores en el medio.
La provincia intervino con una conciliación obligatoria
El Ministerio de Trabajo bonaerense, a cargo de Jorge Walter Correa en el gobierno de Axel Kicillof, dictó de manera urgente una conciliación obligatoria con una audiencia virtual convocada para el miércoles a las 10. Rolón Gatti contó que funcionarios de los ministerios de Seguridad y de Trabajo de la provincia se comunicaron con el gremio y dudó de los tiempos: “No sé si estamos a tiempo”, reconoció antes de la audiencia, y reclamó que las empresas comparecieran para aclarar la situación.
Todas las partes acudieron a la cita y, a horas del primer show, el sindicato levantó las asambleas y la movilización que había anunciado. “Hay un principio de entendimiento”, afirmó Rolón Gatti, y aclaró que continúan “en conversaciones y en negociación”. Todavía quedaba por verse si lo acordado se cumplía durante los tres conciertos.
Un conflicto que no es nuevo
Según Rolón Gatti, no es la primera vez que SUTCAPRA y la UPSRA chocan por esta cuestión. El gremio suele convocar al Ministerio de Trabajo bonaerense a las empresas que prestan servicios en los recitales y, amparado en la ley nacional 26.370 y la ley provincial 13.964, intenta demostrar por qué deben aplicar su convenio. El dirigente recordó el antecedente del Lollapalooza: las empresas de control de admisión reconocieron la legitimidad de SUTCAPRA cuando aplicaron el convenio de la actividad y pagaron las acreencias sindicales a la institución.
El episodio expone que cada megaevento reabre la misma discusión, y que la responsabilidad de la productora y de las empresas contratadas frente al marco laboral correspondiente sigue en el centro de la escena. Mientras dos gremios discuten la representación, son los controladores quienes dependen de que se aplique un convenio u otro para definir sus condiciones de trabajo y de salario.
Lo que tenés que saber:
- SUTCAPRA denunció que empresas contratadas por DF Entertainment SA pretendían aplicar un convenio de seguridad privada en los recitales de BTS.
- El gremio se declaró en “estado de alerta y movilización” y anticipó la posibilidad de medidas de acción directa durante los shows.
- La UPSRA respondió que el convenio 507/07 es el único vigente para la seguridad privada y de cumplimiento obligatorio.
- El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó una conciliación obligatoria urgente con audiencia virtual el miércoles a las 10.
- SUTCAPRA levantó las asambleas y la movilización por un “principio de entendimiento”, aunque la negociación continúa.
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