Los trabajadores judiciales paralizarán las tareas en todo el país desde mañana, esta vez durante 36 horas, en demanda del inmediato pago del segundo tramo del incremento salarial oportunamente convenido con la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), en una jornada que incluirá una movilización hacia el Palacio de Tribunales.

Un documento de prensa informó que a partir de las 10 de mañana los trabajadores se movilizarán hacia los tribunales en el contexto de la nueva huelga por «la justicia y la recomposición salarial», por lo que cortarán las calles Talcahuano y Lavalle.

«Los judiciales hacen Patria, defienden la independencia de la justicia y luchan por la dignidad salarial», sostuvo hoy el titular de la organización gremial, Julio Piumato, y el secretario de Prensa, Nahuel Appella, quienes indicaron que la nueva huelga comenzará a las 10 de mañana y se extenderá durante toda la jornada del viernes próximo.

Los dirigentes cuestionaron la decisión oficial de «no modificar las partidas presupuestarias para producir el inmediato aumento», señalaron que el gremio «no permitirá que la inflación venza» y aseveraron que «la demora para pagar el aumento corroe a diario los ingresos».

«Es llamativo y sorprendente que el Gobierno desconozca o ignore dos elementos básicos como son la independencia de los poderes del Estado y que los trabajadores son una pieza fundamental en el desarrollo del país, por lo que se impone reivindicar sus derechos y mejorar sus condiciones laborales y salariales», afirmó un documento de prensa.

También aseveró que en «un país con una inflación superior al 100% es una prioridad defender los salarios de los trabajadores», reclamó que «se adopten medidas urgentes que frenen la inflación que castiga el poder adquisitivo» y exigió que «se ponga el foco en quienes viven de la timba financiera y fugan fenomenales divisas al exterior».

El martes último los judiciales hicieron un «banderazo» desde las 10 en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires (GBA), que reiteraron ayer junto con «una vigilia en los tribunales».

Piumato, secretario de Derechos Humanos de la CGT, sostuvo que «los salarios de los judiciales no son respetados, por lo que los trabajadores continuarán la lucha», y rechazó «la decisión del Gobierno nacional de no aceptar el cambio de las partidas presupuestarias para recomponer los ingresos», por lo que expresó «descontento y preocupación».

«Es inaceptable que una vez más los trabajadores sean afectados por decisiones que no valoran ni reconocen el arduo trabajo y dedicación diaria. El Gobierno rechazó la posibilidad de cambiar las partidas y sugirió en cambio utilizar los ahorros acumulados en el ‘fondo anticíclico’ de la Corte, lo que avasalla la independencia judicial», concluyó.