La actividad judicial se reanudará mañana con la finalización de la feria de verano y se espera que la Corte Suprema de Justicia de la Nación comience a estudiar cuestiones que deben ser sometidas a su decisión, vinculadas con el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, de desregulación económica, del gobierno de Javier Milei.

La política tiene la expectativa puesta en la acción declarativa de certeza que a fines de diciembre hizo el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, ante al máximo tribunal para que se determine si es constitucionalmente válido el DNU.

La mira está puesta allí porque fue la propia Corte la que, ante la presentación de La Rioja, hizo saber que el tribunal “estudiará las cuestiones sometidas a decisión luego del receso correspondiente a la próxima feria judicial del mes de enero” y le corrió vista a la Procuración General de la Nación para que opine sobre la competencia.

Precisamente, el procurador general interino Eduardo Casal dictaminó el pasado lunes que le corresponde a la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenir en la demanda que presentó la provincia de La Rioja para que se declare la inconstitucionalidad del DNU.

«A mi modo de ver, en atención a la naturaleza de las partes que han de intervenir en el pleito, la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte», sostuvo el procurador Casal en el dictamen no vinculante.

Quienes conocen el funcionamiento del máximo tribunal aseguran que los jueces de la Corte estudiarán el caso y su eventual competencia sin pasar por encima de los tiempos de la política: el Congreso está activo y tiene sus propios mecanismos para rechazar el DNU si considera que es lo que corresponde.

El máximo tribunal está llamado a estudiar, además, la medida cautelar que suspendió los efectos del capítulo laboral del DNU dado que es un incidente que ya atravesó todas las instancias previas y la vía hacia la Corte fue habilitada, según señalaron las fuentes consultadas.

Es probable que en los próximos días también llegue a esa instancia la apelación del Estado Nacional contra el fallo de la sala de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que el martes último declaró la invalidez constitucional de todos los artículos de la reforma laboral incluida en el DNU.

En simultáneo, comenzarán a ser estudiadas las presentaciones realizadas por diversos actores contra distintos artículos del DNU, algunos de los cuales quedaron suspendidos para casos particulares por el dictado de distintas medidas cautelares.

Se espera saber qué ocurrirá con el artículo del DNU que derogaba la ley de tierras y que quedó suspendido por una medida cautelar dictada por un juez federal ante una presentación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).

También se encuentra suspendido, por una medida cautelar, el artículo del megadecreto que habilitaba el ingreso de las Sociedades Anónimas Deportivas al ámbito del fútbol profesional.

Capítulo aparte es el de las cautelares presentadas contra el aumento de las cuotas de las prepagas de Salud: más de una docena de ciudadanos afectados por este aumento lograron que la justicia ordenara a las compañías a las cuales estaban suscriptos que vuelvan a cobrarles la cuota anterior a que se decretara la desregulación de ese mercado, hasta tanto se analice el fondo del asunto.

Cada caso tramitará ante el fuero correspondiente a raíz de una decisión del juez federal del fuero Contencioso Administrativo Enrique Lavié Pico, que desarmó el proceso colectivo que había habilitado su colega Esteban Furnari antes de la feria judicial y dispuso que casa caso trate en su fuero y jurisdicción respectiva.

Con el reinicio de la actividad judicial también comenzarán a mover denuncias que fueron presentadas durante la feria judicial, como aquella en la que se reclamó que se investiguen las afirmaciones atribuidas por un portal de noticias al presidente Milei en las que se aseveraba que ya habían sido identificados los “valijeros” de distintos sectores económicos que habrían hecho lobby para voltear artículos de la denominada ley “bases”.

Superada la feria judicial, se espera que se conozca también la fecha de inicio del juicio oral por el intento de homicidio de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner que estará en manos del Tribunal Oral Federal (TOF) 8, que durante febrero recibirá los pedidos de prueba de cada una de las partes.

Además se esperan movimientos en otros expedientes vinculados a la expresidenta, aunque ya no como querellante sino como imputada: el 22 de febrero, por caso, comenzarán en la Cámara Federal de Casación Penal las audiencias vinculadas a las apelaciones del caso conocido como “Vialidad” en el que Fernández de Kirchner fue condenada a 6 años de prisión.

Es probable que también se registren novedades en el expediente conocido como “Los Sauces-Hotesur”, en el que la exmandataria es investigada por presuntas maniobras de lavado de dinero: el año pasado la causa fue reabierta por la Casación y está elevada a juicio oral; aunque la defensa reclamó que la Corte Suprema revierta ese fallo.