La Justicia prorrogó hasta abril de 2026 la prisión preventiva de Konstantin Rudnev, imputado por presunta trata de personas en San Carlos de Bariloche. La decisión se tomó tras dos audiencias realizadas el viernes, en las que se evaluó el vencimiento del plazo de detención y el estado de salud del imputado. El juez Alejandro Zapata resolvió extender la medida hasta el 3 de abril del año próximo, al considerar que se trata de una causa compleja y que la investigación aún continúa.

La fiscalía señaló que tiene tiempo hasta marzo de 2026 para presentar la acusación final. La defensa, sin embargo, sostuvo que el expediente no mostró avances y que la situación judicial de Rudnev se volvió irregular y perjudicial.

La defensa cuestionó la falta de estudios médicos

El abogado Carlos Broitman afirmó que se celebraron “dos audiencias clave”: una por la prórroga de la prisión preventiva y otra por el pedido de morigeración por motivos de salud. Explicó que solicitaron el traslado de Rudnev a la Ciudad de Buenos Aires para estudios médicos ordenados por el Hospital Santa Teresita de Rawson, que aún no se realizaron.

Cuestionó: “El juez Zapata denegó los estudios médicos y ordenó una ampliación de la prisión preventiva hasta el 3 de abril de 2026”.

Según la defensa, la decisión ignoró informes clínicos urgentes. Broitman sostuvo que el estado de salud del imputado “se deteriora día a día” y que los jueces restaron importancia a síntomas graves solo porque “como lo ven caminar, piensan que está bárbaro”.

El abogado recordó que desde agosto está pendiente una endoscopía alta y baja para descartar pólipos, además de estudios vinculados a nódulos pulmonares, capacidad respiratoria y episodios de agotamiento extremo.

Los informes médicos alertaron sobre riesgos para su salud

Los especialistas Luis Ernesto Sarotto y Mariano Duarte, del Hospital de Clínicas, señalaron el 18 de noviembre que Rudnev presentaba “dificultades respiratorias progresivas, episodios nocturnos de asfixia, dolor torácico, ansiedad, pérdida de sensibilidad en miembros superiores y síntomas digestivos severos”. Indicaron que vive en un pabellón sin ventilación y compartido con más de veinte personas fumadoras, un entorno que agrava su cuadro pulmonar.

El documento concluyó: “La derivación resulta indispensable para establecer una estrategia terapéutica acorde a la complejidad y evolución de su cuadro”.

Los médicos también marcaron un problema adicional: la barrera idiomática. Según señalaron, Rudnev recibe medicación “de manera esporádica y sin ninguna explicación”, debiendo comunicarse por gestos con el personal penitenciario. Advirtieron que la falta de intérpretes impide un seguimiento clínico adecuado y podría derivar en errores de administración de medicamentos.

En el informe reclamaron estudios que el penal de Rawson no puede realizar, como espirometría, DLCO, pruebas cardiológicas y evaluaciones neurológicas. A pesar de ello, el juez rechazó el traslado.

La presunta víctima denunció a los fiscales y negó haber sido víctima

La causa sumó un giro relevante cuando Elena Makarova, señalada como la presunta víctima central, presentó una querella penal contra los fiscales y afirmó que nunca fue víctima de Rudnev ni de ningún ciudadano ruso. Sostuvo que el Ministerio Público “instaló un relato de trata que nunca existió” y que ignoró lo que declaró en Cámara Gesell.

Escribió: “Fueron ellos quienes me convirtieron en víctima, no mis compatriotas”.

La joven denunció violencia obstétrica, privación de libertad y procedimientos médicos sin su consentimiento. Dijo que viajó a Argentina para protegerse de una expareja violenta y que el personal del Hospital de Bariloche la sometió a prácticas “invasivas y deshumanizadas”, que la fiscalía avaló sin investigar.

Relató que le retuvieron su teléfono y documentos, la separaron de sus acompañantes y la trasladaron a un refugio donde quedó incomunicada. Su presentación incluyó pedidos de prueba y una recusación formal contra los fiscales.

La defensa cuestionó la base completa del expediente

Broitman aseguró que la declaración de Makarova “desarma la hipótesis central de la causa”. Recordó que los peritajes de Gendarmería Nacional descartaron drogas en los secuestros y que varios imputados ni siquiera se conocían entre sí. Sostuvo que el caso “se sostiene en conjeturas, no en evidencias”.

También cuestionó el uso de información internacional “incorrecta”, como el supuesto pedido de captura de Montenegro, que Interpol negó formalmente.

Remarcó: “Se construyó un caso sin pruebas materiales”.