El Gobierno confirmó aumentos en las tarifas de luz, gas y combustibles que se aplicarán a partir de diciembre. Según el Ministerio de Economía, estos incrementos estarán por debajo de la inflación proyectada para el mes, en un intento por contener el impacto en los bolsillos de los consumidores y al mismo tiempo evitar una mayor presión inflacionaria. Sin embargo, está estrategia podría ser insostenible.

Incrementos en electricidad

Los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) verán reflejado en sus boletas de electricidad un incremento promedio del 2%. Este ajuste busca establecer una pauta inflacionaria que, según fuentes oficiales, se mantendría alineada con los objetivos de estabilidad de precios impulsados por el Gobierno. Las resoluciones definitivas serán publicadas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) a partir del 3 de diciembre.

El gas y el traslado de costos

A nivel nacional, las tarifas de gas registrarán un aumento del 2,7%. El ajuste incluye un incremento en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) para compensar la devaluación del peso frente al dólar y un alza del 3% en los costos de transporte y distribución. Las empresas involucradas, como Metrogas, Camuzzi y Naturgy, trasladarán estos aumentos a los consumidores.

Además, las autoridades adelantaron que la fusión del ENRE y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) podría concretarse en 2025 tras la revisión quinquenal tarifaria, lo que podría modificar la estructura regulatoria del sector.

Combustibles: subas contenidas

Desde este domingo 1 de diciembre, los precios de la nafta y el gasoil subirán menos del 2%, con un promedio estimado en 1,8% según las petroleras privadas. Esta cifra es inferior al 3% que se proyectaba inicialmente. Mediante el decreto 1059/2024, el Gobierno también autorizó un incremento del 1% en los impuestos a los combustibles, aunque postergó hasta 2025 un ajuste más significativo en los tributos sobre la nafta y el gasoil.

Sin embargo, esta política tiene un costo para el Tesoro Nacional. Según estimaciones del sector privado, los atrasos en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono representan una pérdida de recaudación de 3.000 millones de dólares anuales, el equivalente al 0,5% del Producto Interno Bruto.