Seguridad 🚨
Detienen a un policía que integraba la banda que mató a otro efectivo y a un trabajador
Está acusado de formar parte del grupo comando que asaltó una carbonera en Zárate. Será indagado en las próximas horas.
Un policía en disponibilidad fue detenido este viernes acusado de integrar la banda que durante un asalto en una carbonera del partido bonaerense de Zárate, asesinó a un efectivo bonaerense y a un empleado, informaron fuentes judiciales.
En tanto, mañana en el Palacio Dorado del municipio de San Pedro se llevará a cabo el velatorio del agente Osvaldo Osmar Cantero, cuyos restos serán inhumados por la tarde en un cementerio privado de la ciudad de Baradero.
El hijo del propietario de la carbonera asaltada consideró que el hecho fue un «golpe comando», que los delincuentes debieron realizar «cierta inteligencia» para poder cometerlo y que les exigían dinero a las víctimas mientras les decían que las habían «vendido».
Voceros judiciales informaron que fue detenido un policía en disponibilidad como acusado de integrar la banda que asaltó la carbonera y que será indagado en las próximas horas, informaron fuentes judiciales.
La detención se llevó a cabo en el marco de una serie de allanamientos que continuaban esta noche, y que eran encabezados por la fiscal Andrea Palacios, la titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del Departamento Judicial de Zárate-Campana a cargo de la causa.
En tanto, Ramiro, quien trabaja también en la carbonera junto a su familia, aunque no estaba presente al momento del asalto cometido ayer cerca de las 19.30, expresó que “fue un golpe comando”, al tiempo que aseguró que para poder llegar hasta allí e ingresar, los delincuentes debieron hacer «cierta inteligencia».
Según la información con la que cuentan los investigadores, entre cuatro y cinco delincuentes ingresaron al predio por los fondos a la carbonería ubicada en el kilómetro 13 de la ruta provincial 193, luego de atravesar un campo, y desde allí se dirigieron a la casa principal, donde sorprendieron a los integrantes de la familia.
En medio de los gritos por el asalto, la hija del dueño logró subir por las escaleras y darle aviso a su padre, que se estaba duchando, quien escapó del lugar por una ventana, saltó por un balcón y se dirigió a la vivienda donde residen los empleados.
Desde allí, según las fuentes, salió el primer llamado al 911 en el que advirtieron que se estaba cometiendo un asalto, por lo que un patrullero se dirigió al lugar.
Mientras tanto, los peones salieron al predio a ver qué ocurría y en ese momento fueron sorprendidos por uno de los delincuentes armado que salió a correrlos.
«Dos llegan a refugiarse en la casa de peones y se encerraron con llave, pero los ladrones les patearon la puerta y agarraron al que había quedado afuera de rehén. Le pusieron un arma en la cabeza y amenazaron con matarlo si los otros no les abrían la puerta. Los peones, asustados con lo que podía pasarle a su compañero, abrieron la puerta y ahí es cuando ejecutaron a (Luciano) Padrón sin mediar palabra», dijo un investigador.
Según las fuentes, el empleado de la carbonera recibió un tiro en la cabeza y falleció en el acto. Los delincuentes trasladaron a los dos empleados que quedaban a la casa principal, a uno lo maniataron y el otro, como se resistió, recibió un culatazo que le produjo un corte en el cuero cabelludo, dijeron las fuentes.
Tras apoderarse de una importante suma de dinero, los delincuentes pretendieron escapar, y en ese momento se registra el tiroteo con los policías que llegaron por el llamado al 911, agregaron.
«Los vecinos dicen que fue impresionante la balacera que hubo, no podían creer la magnitud de los disparos», añadió Ramiro en declaraciones realizadas esta mañana a la prensa desde la puerta de la casa de su padre, al referirse al tiroteo ente la banda y la policía en el que, según testigos, se realizaron unos 50 disparos.
Los familiares de las víctimas relataron hoy a la prensa que los delincuentes les decían que alguien había aportado datos y que habían sido «vendidos», lo que significa en la jerga que contaban con información de que tenían una suma de dinero.
«Les decían que los vendieron, que querían plata. Estaban mi papá, mi sobrina, mi tía y mi hermana, a quienes amenazaron y tiraron al piso (…) los ataron con cables y cordones y a mi hermana la subían y bajaban por la escalera pidiéndole más cosas», añadió Ramiro.
Consultado sobre si su familia había realizado alguna operación comercial diferente por la que tuviera más dinero que el habitual en la casa, el hombre dijo que él es quien se dedica a repartir el carbón en la zona y que la actividad fue «la normal de siempre».
Durante el hecho, además del crimen del empleado, los delincuentes asesinaron en un posterior tiroteo al policía del Grupo de Prevención Motorizada de Zárate Cantero, quien llegó al lugar alertado del asalto junto a su compañero Ezequiel Romelio, quien también fue baleado, aunque sobrevivió.
Romelio fue trasladado al hospital de Zárate y horas después derivado al Sanatorio Bernal, en el partido de Quilmes, tras ser visitado por el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y hoy seguía internado con un balazo en el muslo derecho
«Vengo a acompañar a los familiares del camarada fallecido», dijo Berni al retirarse del centro asistencial donde visitó al herido y agregó: «Me voy a reunir con la fiscal para trabajar y lograr dar con los delincuentes», añadió en referencia a la fiscal Palacios.
La fiscal aguardaba las autopsias a los cuerpos de las víctimas, a realizarse en el Instituto de Ciencias Forenses de Junín, y la recolección de evidencias como vainas y proyectiles de la escena del hecho, que anoche se dificultó por la falta de luz y que esta mañana realizaban efectivos de criminalística de Gendarmería Nacional, convocados para la pesquisa.
Tomó además declaración a las víctimas del asalto con el fin de obtener datos que ayuden a identificar y detener a los criminales, quienes escaparon.
En tanto, las madres de las víctimas fatales reclamaron hoy «justicia» y que detengan a todos los involucrados en los crímenes, quienes tras el hecho huyeron a bordo de un vehículo por la ruta provincial 6, en dirección hacia la localidad de Ingeniero Maschwitz.
Los restos del agente Cantero serán velados mañana de 7.30 a 9 para familiares, y hasta las 15 para el público general, en el Palacio Dorado de San Pedro, ubicado en la calle Carlos Pellegrini 150.
Mientras que a las 16 Cantero será sepultado en el Cementerio Portal de Paz de Baradero, situado en el kilómetro 145 de la ruta nacional 9, sentido a la ciudad de Rosario.
Chaco
Juicio por la golpiza a jóvenes qom: Zdero había ascendido a una de las acusadas
Diez policías chaqueños son juzgados en Resistencia por el operativo de 2020 en Fontana. La oficial Claudia Lucena, acusada de encubrimiento y detención ilegal, fue promovida por decreto en 2025, cuando la causa ya estaba elevada a juicio.
Según la acusación, entraron de madrugada, sin orden judicial, y golpearon a los jóvenes que estaban en la casa, entre ellos una adolescente. Después se los llevaron a la comisaría, donde, según denunciaron las víctimas, siguieron los golpes, las amenazas de muerte y los insultos racistas. Seis años después de aquella noche en el barrio Banderas Argentinas de Fontana, diez policías del Chaco se sientan en el banquillo, y una de ellas llegó al juicio con un ascenso firmado por el gobernador Leandro Zdero.
El debate oral comenzó el lunes ante la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, en la causa 12.386/2020-1. El tribunal está integrado por Dolly Fernández, como presidenta, Cristina Pisarello y Ernesto Azcona, y la acusación está a cargo del fiscal de Derechos Humanos Luciano Santos. La querella del Estado quedó unificada en el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, que actúa también en representación del área de Derechos Humanos de la provincia. Entre los acusados está Claudia Beatriz Lucena, que dirigía la Comisaría Tercera de Fontana cuando ocurrieron los hechos.
Qué pasó el 31 de mayo de 2020
Según la acusación, cerca de las 4.30 de la madrugada del 31 de mayo de 2020 un grupo de efectivos irrumpió en una vivienda del barrio Banderas Argentinas y golpeó a varios jóvenes de una familia de la comunidad qom. La versión policial de ese momento era que buscaban a personas que supuestamente habían apedreado una dependencia de la fuerza. En la casa había además dos chicos pequeños.
Cuatro jóvenes fueron detenidos y trasladados a la Comisaría Tercera. Allí, de acuerdo con sus denuncias, continuaron las agresiones y los insultos racistas; también relataron que los rociaron con alcohol y los amenazaron con prenderles fuego. Las denuncias sostienen, además, que parte de esas agresiones quedó registrada por las cámaras de la dependencia. El caso se convirtió en uno de los episodios de violencia institucional con mayor repercusión en la provincia, en plena cuarentena y contra una comunidad indígena históricamente postergada.
Los cargos
Lucena enfrenta cargos por encubrimiento agravado y detención ilegal cometida por un funcionario público. La acusación le atribuye no haber puesto a la adolescente detenida a disposición del juzgado correspondiente y no haber denunciado las vejaciones que habría presenciado en su unidad.
Los otros nueve policías afrontan distintas combinaciones de imputaciones, entre ellas vejaciones agravadas, allanamiento ilegal, falsedad ideológica agravada y detención ilegal. Son acusaciones que el tribunal deberá examinar: ninguno de los diez efectivos tiene condena y todos están amparados por la presunción de inocencia hasta que haya sentencia.
Un ascenso con la causa en marcha
El dato que salpica al gobierno actual es administrativo y tiene fecha. El decreto 974/25, firmado por Zdero el 13 de junio de 2025, promovió a Lucena de comisario inspector a comisario mayor, con vigencia retroactiva al comienzo de ese año. La propuesta fue elevada por el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, y contó con los avales administrativos correspondientes.
Romero no es un nombre nuevo en esta causa. Era jefe de la Policía cuando ocurrieron los hechos de Fontana y renunció el 13 de julio de 2020, junto con el subjefe, después de que el gobierno de Jorge Capitanich rechazara reincorporar a cuatro efectivos imputados en el expediente. En ese momento, Romero argumentó que la normativa policial obligaba a reintegrar al servicio a los agentes que habían recuperado la libertad. En diciembre de 2023, Zdero lo designó otra vez al frente de la fuerza.
Para entonces, Lucena estaba imputada desde septiembre de 2021 y el expediente había sido elevado a juicio en abril de 2022. El ascenso llegó, por lo tanto, después de que la oficial quedara formalmente acusada y después de que la Justicia resolviera llevar el caso a debate oral. Hasta el momento no se conoció una explicación oficial sobre por qué la promoción avanzó con ese antecedente.
En declaraciones recogidas por el diario El Ancasti, el abogado querellante del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, Darío Edgardo Gómez, confirmó que Lucena «fue ascendida ahora ya en la gestión del gobernador (Leandro) Zdero».
Seis años de demoras
El juicio llegó a su primera audiencia tras sucesivas reprogramaciones. La última postergación fue en septiembre, por el cambio de defensor de uno de los imputados, y el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura había cuestionado públicamente las demoras. El cronograma prevé nuevas audiencias los días 13, 14, 15, 27 y 28 de octubre, y el 3 y el 12 de noviembre.
Lo que tenés que saber:
- Diez policías del Chaco son juzgados desde el lunes en la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia por el operativo del 31 de mayo de 2020 contra jóvenes qom en Fontana.
- Según la acusación, los efectivos entraron sin orden judicial a una vivienda, golpearon a varios jóvenes, entre ellos una adolescente, y detuvieron a cuatro.
- La oficial Claudia Beatriz Lucena, que en 2020 dirigía la Comisaría Tercera de Fontana, está acusada de encubrimiento agravado y detención ilegal.
- Zdero la ascendió a comisario mayor por el decreto 974/25, de junio de 2025, a propuesta del jefe de Policía Fernando Romero, que también encabezaba la fuerza en 2020; la causa ya estaba elevada a juicio desde abril de 2022.
- Las audiencias seguirán en octubre y noviembre; ninguno de los acusados tiene condena.
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