Por Néstor Llidó

Los comisarios Héctor Coquean, Félix Breglia y Javier Alejandro Caffarena, Claudia Yamila Ferrando y César Ricardo Pérez, fueron encontrados culpables del delito de “explotación sexual agravado por el abuso de una situación de vulnerabilidad y por haber sido cometido en su carácter de funcionario policial”.

Como integrantes de una banda mixta que explotaban económicamente a un grupo de mujeres y travestis para que ejercieran la prostitución sobre el Camino de Cintura, en inmediaciones de la Rotonda de Llavallol, cuatro jefes y dos oficiales de la Policía bonaerense fueron condenados a penas de hasta nueve años de prisión.

Durante un extenso juicio, que se desarrolló ante el Tribunal Oral Criminal Federal Nro. 1 de La Plata, se logró establecer que los entonces titulares de la comisaría 4ta. de Lomas de Zamora (entre los años 2015 y 2017), junto a varios sujetos “regenteaban” a jóvenes en situación de vulnerabilidad, a los que le cobraban una suma diaria para “dejarlas trabajar”.

Esa “recaudación formaba parte de una caja negra”, ya que los montos por aquellos tiempos de entre 250 a 500 pesos que tenían que aportar las víctimas de esta maniobra ilegal, que los policías “repartían” con otros siete hombres, entre ellos dos hermanos. Una denuncia dio lugar a la investigación.

En su acusación, el fiscal Hernán Schapiro, quien contó con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, se acreditó que esta organización delictiva “explotó económicamente al menos a 19 mujeres y travestis entre febrero de 2015 y el 10 de marzo de 2017 en la zona del Camino de Cintura, en inmediaciones de la Rotonda de Llavallol, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de ellas”.

Las condenas recayeron sobre los comisarios Héctor Coquean, Félix Breglia y Javier Alejandro Caffarena, Claudia Yamila Ferrando y César Ricardo Pérez, al considerarlos como coautores del delito de “explotación sexual agravado por el abuso de una situación de vulnerabilidad y por haber sido cometido en su carácter de funcionario policial” y las penas fueron de entre cinco y nueve años de prisión, además de la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por diez años y a la obligación de realizar un curso sobre capacitación y sensibilización en género y violencia.

Los detalles del juicio

En el juicio, que duró un año y medio, se probó que existió “un sistema de cobro diario a las víctimas a cambio de permitirles el ejercicio de la prostitución en el lugar, concurrieran o no, en los lugares donde uno de los policías las ubicaba. Las sumas abonadas por víctima por día oscilaron entre 250 y 400 pesos y llegaron hasta 500 pesos”.

«Se trató de una organización delictiva compuesta por funcionarios policiales, con intervención de civiles, que, aprovechando esa función montaron un sistema de explotación sexual de mujeres cis y trans, que logró su propósito”, se indicó.

Además de los jefes, los policías sentenciados fueron Jorge Virreira y Patricio Kearney, a 8 y 6 años de prisión, respectivamente, al ser señalados como los que actuaban en el “territorio”, cumpliendo las órdenes de sus superiores.

En tanto, también recibieron penas de entre 3 y 8 años de cárcel, la “pata civil” de la banda, que compusieron los hermanos Mauro y Javier Santoro, Sebastián Alejandro Pérez, Manuel Marín Trujillo, José Mario Ponce, Damián Ariel Romero y Carlos Eliseo Amaya.

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En el fallo se dispuso el decomiso del dinero en efectivo secuestrados oportunamente a los imputados a la banda, como así también teléfonos celulares, armas de fuego y autos, que a pedido de la Fiscalía fueron puestos a disposición de la Agencia de Administración de Bienes del Estado para su venta y el monto en pesos y dólares remitido al Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, destinado a la reparación de las víctimas.