Conectate con El Argentino

Judiciales ⚖️

Integrantes de Revolución Federal no pueden acercarse al Congreso ni a la casa de Cristina

Se trata de Jonathan Morel, Leonardo Sosa y Gastón Guerra que serán monitoreados con tobillera.

Publicado hace

#

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi prohibió a tres imputados en la causa que investiga a la agrupación Revolución Federal acercarse a menos de 200 metros del Congreso de la Nación, del Instituto Patria y del domicilio de la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y dispuso que sean monitoreados con tobillera electrónica.

La prohibición de acercamiento recayó sobre Jonathan Morel, Leonardo Sosa y Gastón Guerra y se dispuso a raíz de un pedido de los abogados de la ex mandataria, querellante en la causa.

Los apoderados de la exvicepresidenta, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, reiteraron también un planteo para que se convoque a declaración indagatoria a la empresaria Rosana Caputo, por el posible financiamiento a Revolución Federal, según el texto al que tuvo acceso Télam.

A este último pedido, el juez respondió con un «tengase presente» a la espera de medidas de prueba aún en trámite, según la resolución.

En relación a los planteos por la seguridad de la expresidenta, el magistrado hizo lugar a lo reclamado en base «a los temores puestos de manifiesto».

Al respecto, prohibió a los imputados Jonathan Morel, Leonardo Sosa y Gastón Guerra el «acercamiento a menos de 200 metros del Congreso de la Nación, del Instituto Patria y del domicilio de la Sra. Cristina Fernández de Kirchner y sus familiares, ello bajo apercibimiento de revocarse la excarcelación oportunamente otorgada», advirtió Martínez De Giorgi.

«A su vez, deberán rastrearse sus movimientos al único y exclusivo fin de verificar el adecuado cumplimiento de la orden dispuesta» y para ello se autorizó a la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia ( o el organismo encargado de ejecutar la medida, si correspondiera por razones ejecutivas o de jurisdicción) para la implementación del dispositivo de vigilancia electrónico a los Sres. Jonathan Ezequiel Morel, Leonardo Franco Sosa y Gastón Ezequiel Angel Guerra» con «carácter urgente».

La querella había reclamado la medida «para evitar quedar a merced de la suerte una vez más», en relación al atentado que sufrió la ex Vicepresidenta y para lo cual «es necesario restringir los movimientos de los violentos cuya consigna política es matar o exiliar al kirchnerismo y que, hoy, se pasean sin problemas por el Congreso».

De manera puntual, recordó que uno de los imputados, Leonardo Sosa, estuvo en el Congreso Nacional durante el tratamiento de la «Ley Omnibus».

Se ubicó «más precisamente, en el tercer piso del edificio de la cámara baja. Allí no sólo se encuentran los palcos que asoman a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación; en el tercer piso también están los despachos de varios diputados, entre ellos el de Máximo Kirchner».

«Durante su presencia en la Cámara de Diputados, Sosa realizó posteos hostiles en la red social X: en uno de ellos, se observa una fotografía del diputado Máximo Kirchner», recordaron.

El magistrado resolvió así tras recibir el escrito firmado por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, en el cual se sostuvo que todavía restan medidas de prueba antes de dar por agotada la investigación y enviarla a juicio oral.

En la causa están procesados sin prisión preventiva integrantes de esa agrupación por delitos como amenazas y coacción a distintas víctimas, entre ellas la ex Vicepresidenta.

Los procesados son Morel, Sosa, Guerra y Sabrina Basile por delitos que habrían cometido entre mayo de 2022 y octubre de ese año.

Los letrados reclamaron que «se continúe con la investigación y, como próxima medida, se convoque a prestar declaración indagatoria a Rosana Caputo», según el texto al que tuvo acceso Télam.

Como medida posterior, también evaluaron que debería citarse en el mismo sentido a otros dos socios de la empresa desarrolladora inmobiliaria, Flavio y Jimena Caputo.

«Un primer paso, dilatado por meses, es convocar a Rosana Caputo y, luego, a Flavio y a Jimena Caputo, a prestar declaración indagatoria», insistieron al reiterar un planteo hecho el año pasado en relación a la primera, quien contrató a Morel para la provisión de muebles para un complejo de viviendas, Espacio Añelo.

«Los pagos de Caputo Hermanos coinciden con la existencia y las principales actividades de Revolución Federal, y cesan cuando esta agrupación dejó de actuar», remarcaron los abogados.

En la causa declararon testigos que «robustecieron todavía más la convicción de que Caputo Hermanos financió a Revolución Federal».

«Para empezar, ninguno de los empleados de la sociedad Caputo Hermanos mencionó a Rosana Caputo como miembro del equipo de trabajo, y, sin embargo, fue ella quien se contactó con Morel», analizaron.

Los pagos a Morel o a sus allegados «coinciden de modo prácticamente exacto con la existencia de Revolución Federal y cesan con su disolución, luego del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner.», el 1 de septiembre de 2022.

Los abogados aludieron a informes incorporados a la causa que «mostraron la existencia de transferencias realizadas por los fideicomisos «Espacio Añelo» y «Santa Clara Del Sur» -ambos administrados por la sociedad Caputo Hermanos- a Jonathan Morel, Ailen Vallero y Evelyn Balboa», estos dos últimos allegados al primero.

Estas transferencias «tuvieron lugar, principalmente, entre enero y agosto de 2022, por aproximadamente 6.5 millones de pesos», concluyeron.

«Estamos lejos de llegar a un estado procesal en el que el MPF no tenga nada más que hacer. Por el contrario, el fiscal todavía tiene mucho trabajo por delante y solicitamos que lo lleve a cabo, agregaron en relación a un dictamen del fiscal del caso Gerardo Pollicita sobre el estado de la investigación.

DDHH

20 años de ESI: Milei desfinancia la Ley que salva vidas

La Ley 26.150 de Educación Sexual Integral fue sancionada el 4 de octubre de 2006 y llega a sus 20 años con un presupuesto de apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023.

Publicado hace

#

Entre 2017 y 2023, se registraron 15.699 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual en la Argentina, y en 8 de cada 10 casos el agresor pertenecía al círculo familiar o de confianza de la víctima.

Ese dato, relevado por Amnistía Internacional, no es una estadística abstracta: es el argumento más contundente para sostener que la Educación Sexual Integral no es una política optativa, sino una herramienta de protección concreta.

El 4 de octubre de 2026 se cumplen 20 años de la sanción de la Ley 26.150 de ESI, y la fecha llega con una paradoja que define la agenda del gobierno libertario: la ley existe, la demanda social crece, los números prueban su eficacia, y el Estado la desfinancia.

La ley fue sancionada el 4 de octubre de 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner. Dos décadas después, según datos de ELA y ACIJ, el Presupuesto 2026 asigna a la ESI apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023, en el marco de una caída del 89% en las principales políticas de género desde que asumió Javier Milei.

La ESI salva vidas: los números que el gobierno ignora

Una encuesta de Amnistía Internacional de 2025 señala que el 71% de los jóvenes de entre 16 y 30 años se manifiesta de acuerdo con la ESI. Según la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 85% de los estudiantes de nivel secundario reconoce la ESI como necesaria e importante. Los estudios sobre el impacto de la ley muestran que la ESI contribuyó a reducir en un 49% la tasa de fecundidad en niñas y adolescentes de 10 a 19 años, y que el 80% de los niños, niñas y adolescentes que denunciaron abusos lo hicieron luego de tener una clase de ESI en la escuela.

A eso se suman los datos sobre violencia digital: según UNICEF (2025), más de 107.900 casos de explotación infantil fueron impulsados por inteligencia artificial, y más del 37% de los jóvenes reporta exposición a imágenes obscenas o pornográficas, mientras que un 24% señaló haber accedido a contenido de violencia extrema. Los territorios digitales son ya espacios donde niñeces y adolescencias se vinculan, exploran y también padecen violencias que la ESI todavía no ha terminado de incorporar.

La Guía Ema: cuando una adolescente nos puso de cara a la violencia digital

En ese contexto nació la Guía Ema. La herramienta lleva el nombre de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años que se suicidó luego de que un compañero viralizara imágenes íntimas sin su consentimiento, un caso que sacudió a la comunidad educativa y que impulsó a su familia y a organizaciones sociales a construir una respuesta colectiva. La Guía, elaborada junto a la diputada Mónica Macha, impulsora histórica de la ESI, aporta herramientas para abordar las violencias digitales de género en el ámbito educativo, promoviendo información, consentimiento y vínculos cuidados.

Macha lo sintetizó: «Se cumplen 20 años de la Ley de Educación Sexual Integral. Una ley que vino a transformar y reparar.» Y sumó: «La Guía Ema viene a sumar herramientas a la ESI porque nos permite pensar el consentimiento en los entornos digitales, territorios que también habitan las niñeces y adolescencias. Hoy, y siempre, más escucha y más protección. Y, sobre todo, más ESI para crear otros mundos.»

La herramienta parte de un principio rector: «Una imagen o un video puede haber sido creado con consentimiento, pero su difusión o viralización sin autorización es una forma de violencia.« En ese punto, la Guía Ema articula la Ley Olimpia, que incorporó la violencia digital como modalidad de violencia de género, con la pedagogía de la ESI.

El gobierno que desfinancia y deroga

El contraste entre la demanda social y la decisión política del gobierno de Milei no admite matices. El Presupuesto 2026 no proyecta capacitar a ningún docente en ESI ni brindar asistencia técnica en ninguna provincia. Las metas directamente desaparecieron del texto presupuestario.

En 2025, el gobierno también derogó por decreto el artículo 3° de la Ley 27.234, que establecía la obligatoriedad de realizar al menos una jornada anual de prevención de la violencia de género en los establecimientos educativos. La Línea 144, principal canal de atención a víctimas de violencia, redujo un 45% su planta de trabajadoras luego de perder dos tercios de su presupuesto en 2024.

El propio Milei había anticipado su postura en 2023, cuando definió la ESI como parte de la ideología de género. Sus aliados en el Congreso fueron más lejos: hubo legisladores de La Libertad Avanza que propusieron reemplazarla por pornografía. El resultado político de esa agenda se tradujo en números: las principales políticas destinadas a prevenir y atender la violencia de género cayeron un 89% desde 2023, según el análisis de ELA y ACIJ sobre el Presupuesto 2026.

La ESI es revolucionaria: habilita voces y pone nombre a violencias

Frente al vaciamiento, la demanda crece y la sociedad responde. Los datos de Amnistía (2025) que muestran que el 71% de los jóvenes apoyan la ESI son también una lectura política: el discurso anti-ESI del gobierno no encontró anclaje en quienes más la necesitan. Las organizaciones de derechos humanos, los movimientos feministas y las comunidades educativas celebraron el 20° aniversario con la misma consigna que atraviesa dos décadas de lucha: más ESI, no menos. La ESI es revolucionaria porque habilita voces y pone nombre a violencias invisibilizadas y naturalizadas. Eso, exactamente, es lo que el gobierno de Milei decidió desfinanciar en el año en que la ley cumple su mayoría de edad.

Lo que tenés que saber de la sanción de la ESI

  • La Ley 26.150 de ESI cumple 20 años. El Presupuesto 2026 le asigna apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023.
  • Entre 2017 y 2023 se registraron 15.699 casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual; en 8 de cada 10, el agresor era del entorno familiar o de confianza.
  • La diputada Mónica Macha presentó la Guía Ema, herramienta educativa para abordar la violencia digital de género, en memoria de Ema Bondaruk.
  • El gobierno de Milei derogó la obligatoriedad de jornadas de prevención de violencia de género en escuelas y las políticas de género cayeron un 89% en el Presupuesto 2026.
  • El 85% de los estudiantes secundarios reconoce la ESI como necesaria e importante, y el 80% de quienes denunciaron abusos lo hicieron tras tener una clase de ESI.

Foto: Redes @LLUVIADIBUJA

Seguir leyendo
El Argentino

El Argentino
El Argentino

Las más leídas

Descubre más desde El Argentino Diario

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo