fbpx
Conectate con El Argentino

Judiciales ⚖️

Integrantes de Revolución Federal no pueden acercarse al Congreso ni a la casa de Cristina

Se trata de Jonathan Morel, Leonardo Sosa y Gastón Guerra que serán monitoreados con tobillera.

Publicado hace

#

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi prohibió a tres imputados en la causa que investiga a la agrupación Revolución Federal acercarse a menos de 200 metros del Congreso de la Nación, del Instituto Patria y del domicilio de la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y dispuso que sean monitoreados con tobillera electrónica.

La prohibición de acercamiento recayó sobre Jonathan Morel, Leonardo Sosa y Gastón Guerra y se dispuso a raíz de un pedido de los abogados de la ex mandataria, querellante en la causa.

Los apoderados de la exvicepresidenta, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, reiteraron también un planteo para que se convoque a declaración indagatoria a la empresaria Rosana Caputo, por el posible financiamiento a Revolución Federal, según el texto al que tuvo acceso Télam.

A este último pedido, el juez respondió con un «tengase presente» a la espera de medidas de prueba aún en trámite, según la resolución.

En relación a los planteos por la seguridad de la expresidenta, el magistrado hizo lugar a lo reclamado en base «a los temores puestos de manifiesto».

Al respecto, prohibió a los imputados Jonathan Morel, Leonardo Sosa y Gastón Guerra el «acercamiento a menos de 200 metros del Congreso de la Nación, del Instituto Patria y del domicilio de la Sra. Cristina Fernández de Kirchner y sus familiares, ello bajo apercibimiento de revocarse la excarcelación oportunamente otorgada», advirtió Martínez De Giorgi.

«A su vez, deberán rastrearse sus movimientos al único y exclusivo fin de verificar el adecuado cumplimiento de la orden dispuesta» y para ello se autorizó a la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia ( o el organismo encargado de ejecutar la medida, si correspondiera por razones ejecutivas o de jurisdicción) para la implementación del dispositivo de vigilancia electrónico a los Sres. Jonathan Ezequiel Morel, Leonardo Franco Sosa y Gastón Ezequiel Angel Guerra» con «carácter urgente».

La querella había reclamado la medida «para evitar quedar a merced de la suerte una vez más», en relación al atentado que sufrió la ex Vicepresidenta y para lo cual «es necesario restringir los movimientos de los violentos cuya consigna política es matar o exiliar al kirchnerismo y que, hoy, se pasean sin problemas por el Congreso».

De manera puntual, recordó que uno de los imputados, Leonardo Sosa, estuvo en el Congreso Nacional durante el tratamiento de la «Ley Omnibus».

Se ubicó «más precisamente, en el tercer piso del edificio de la cámara baja. Allí no sólo se encuentran los palcos que asoman a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación; en el tercer piso también están los despachos de varios diputados, entre ellos el de Máximo Kirchner».

«Durante su presencia en la Cámara de Diputados, Sosa realizó posteos hostiles en la red social X: en uno de ellos, se observa una fotografía del diputado Máximo Kirchner», recordaron.

El magistrado resolvió así tras recibir el escrito firmado por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, en el cual se sostuvo que todavía restan medidas de prueba antes de dar por agotada la investigación y enviarla a juicio oral.

En la causa están procesados sin prisión preventiva integrantes de esa agrupación por delitos como amenazas y coacción a distintas víctimas, entre ellas la ex Vicepresidenta.

Los procesados son Morel, Sosa, Guerra y Sabrina Basile por delitos que habrían cometido entre mayo de 2022 y octubre de ese año.

Los letrados reclamaron que «se continúe con la investigación y, como próxima medida, se convoque a prestar declaración indagatoria a Rosana Caputo», según el texto al que tuvo acceso Télam.

Como medida posterior, también evaluaron que debería citarse en el mismo sentido a otros dos socios de la empresa desarrolladora inmobiliaria, Flavio y Jimena Caputo.

«Un primer paso, dilatado por meses, es convocar a Rosana Caputo y, luego, a Flavio y a Jimena Caputo, a prestar declaración indagatoria», insistieron al reiterar un planteo hecho el año pasado en relación a la primera, quien contrató a Morel para la provisión de muebles para un complejo de viviendas, Espacio Añelo.

«Los pagos de Caputo Hermanos coinciden con la existencia y las principales actividades de Revolución Federal, y cesan cuando esta agrupación dejó de actuar», remarcaron los abogados.

En la causa declararon testigos que «robustecieron todavía más la convicción de que Caputo Hermanos financió a Revolución Federal».

«Para empezar, ninguno de los empleados de la sociedad Caputo Hermanos mencionó a Rosana Caputo como miembro del equipo de trabajo, y, sin embargo, fue ella quien se contactó con Morel», analizaron.

Los pagos a Morel o a sus allegados «coinciden de modo prácticamente exacto con la existencia de Revolución Federal y cesan con su disolución, luego del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner.», el 1 de septiembre de 2022.

Los abogados aludieron a informes incorporados a la causa que «mostraron la existencia de transferencias realizadas por los fideicomisos «Espacio Añelo» y «Santa Clara Del Sur» -ambos administrados por la sociedad Caputo Hermanos- a Jonathan Morel, Ailen Vallero y Evelyn Balboa», estos dos últimos allegados al primero.

Estas transferencias «tuvieron lugar, principalmente, entre enero y agosto de 2022, por aproximadamente 6.5 millones de pesos», concluyeron.

«Estamos lejos de llegar a un estado procesal en el que el MPF no tenga nada más que hacer. Por el contrario, el fiscal todavía tiene mucho trabajo por delante y solicitamos que lo lleve a cabo, agregaron en relación a un dictamen del fiscal del caso Gerardo Pollicita sobre el estado de la investigación.

Judiciales ⚖️

Tras votar en disidencia, Lorenzetti criticó decisión clave de la Corte y a sus miembros

Luego de la creación de la nueva Secretaría Penal Especial, el miembro de la Corte dudó de la motivación detrás de esta y otras decisiones recientes y sostuvo que afecta la transparencia de uno de los pilares del Poder Judicial.

Publicado hace

#

Ricardo Lorenzetti se opuso y criticó en duros términos a sus tres colegas por la creación de una nueva secretaría penal en la Corte Suprema. “La real intención es que los casos penales importantes queden bajo la gestión de un secretario que responda a directivas que no se publican, lo que es totalmente inapropiado y no genera precisamente confianza”, advirtió el ministro de la Corte sobre la creación de la nueva repartición.

Críticas a la Gestión de la Corte

Lorenzetti afirmó: “Esta práctica es censurable en todo sentido, porque es un patrón de comportamiento que se ha producido en los últimos dos años, y se ha acelerado en el presente, contrario a lo que fue siempre la excelencia de la Corte Suprema”. En su extenso voto, Lorenzetti criticó las razones esgrimidas para la nueva secretaría y repasó las últimas decisiones internas del máximo tribunal avaladas por Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.

“La invocación de principios de buena administración o gestión no logran iluminar la oscuridad de los intereses que inspiran una serie de decisiones de los últimos tiempos en materia de superintendencia de esta Corte Suprema”, embistió Lorenzetti, y apuntó: “La excelencia es desplazada por la ambición. (…) Siento verdadera tristeza por el estado de situación de esta Corte”.

Denuncia de Nombramientos sin Concurso

Lorenzetti denunció que “se designa personal con cargos de funcionarios, sin concurso, en base a la amistad o el parentesco y contrariando las expectativas de austeridad que la sociedad argentina exige”. En ese contexto, reclamó que “siendo público y notorio que se han nominado dos jueces para el ingreso en esta Corte Suprema, es de buena fe esperar a escuchar su opinión y no consolidar situaciones de hecho para condicionarlos”. Sostuvo que se trata de “decisiones apresuradas, cuyo único objetivo es ocupar espacios de poder ante la posible incorporación de nuevos ministros”.

Críticas a la Lentitud del Tribunal

El ex presidente de la Corte también cuestionó la lentitud del tribunal en el tratamiento y resolución de causas. “Las demoras en los fallos y su acumulación se deben a la falta de gestión en los acuerdos de ministros”, advirtió, y precisó que hay “casi trescientas causas trascendentes y casi sesenta mil expedientes sin resolver en el Tribunal, lo que es inédito”.

La Corte Suprema Creó una Secretaría Penal y Abrió Grieta

La Corte Suprema de Justicia decidió crear por mayoría una nueva Secretaría Penal Especial con los votos de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz con el objetivo de “mejorar la eficiencia en la tramitación de causas penales” y tuvo la disidencia de Ricardo Lorenzetti.

El argumento para crear una nueva dependencia apunta a descongestionar la Secretaría Judicial n° 3, que ha visto un incremento considerable en la cantidad de expedientes penales en los últimos años. Según la resolución, «es deber de este Tribunal, como cabeza de uno de los Poderes del Estado, garantizar la buena administración de justicia y adoptar las medidas necesarias para satisfacer eficientemente los crecientes planteos de los justiciables».

Funciones y Personal de la Nueva Secretaría

La nueva Secretaría Penal Especial se encargará de tramitar las causas de competencia penal que hasta ahora manejaba la Secretaría Judicial n° 3. Estas incluyen juicios de lesa humanidad, competencia originaria, recursos por retardo o denegatoria de justicia y habeas corpus. Además, gestionará las contiendas de competencia en causas penales que tramitaban en la Secretaría de Relaciones de Consumo. El personal de esta nueva secretaría estará compuesto por empleados de la Secretaría Judicial n° 3 y posibles refuerzos futuros según las necesidades.

Argumentos y Resolución

Los argumentos, según la acordada a la que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, establecen:

  1. Que desde hace varios años se incrementó de manera considerable y sostenida la cantidad de expedientes penales que ingresan a la Secretaría Judicial n° 3 de esta Corte.
  2. Que es deber de este Tribunal, como cabeza de uno de los Poderes del Estado, garantizar la buena administración de justicia y adoptar las medidas necesarias para satisfacer eficientemente los crecientes planteos de los justiciables.
  3. Que a fin de cumplir ese importante objetivo resulta necesario crear en el ámbito de esta Corte una nueva secretaría judicial en materia penal para que intervenga en causas correspondientes a ciertos asuntos de dicha especialidad.
  4. Que en atención a la naturaleza de la decisión, corresponde aplicar la excepción prevista en el punto 6 de la Acordada 15/2023.

I. Disponer la creación de la Secretaría Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
II. Asignar a dicha secretaría la tramitación de todas las causas de competencia penal que hasta el presente tramitaban ante la Secretaría Judicial n° 3 cuyo contenido se refiera a juicios de lesa humanidad, competencia originaria, recursos por retardo o denegatoria de justicia y habeas corpus.
III. Asignar a esa misma secretaría la tramitación de las contiendas de competencia suscitadas en causas penales que hasta el presente tramitaban ante la Secretaría de Relaciones de Consumo.
IV. Disponer que las restantes causas de competencia penal continuarán tramitando ante la Secretaría Judicial n° 3.
V. Disponer que la dotación de personal de la Secretaría Penal Especial estará conformada, además de su titular, por parte de los empleados y funcionarios que actualmente se desempeñan en la Secretaría Judicial n° 3, más los eventuales refuerzos que disponga el Tribunal en lo sucesivo de acuerdo a las necesidades de cada una de las dependencias.
VI. Disponer que el presente trámite estará regido por el punto 6 de la Acordada 15/2023.

Lorenzetti y los Cuestionamientos a la Secretaría Penal

Uno de los puntos que cruzó a Lorenzetti y los jueces que votaron la creación de la Secretaría Penal fue el trámite de causas. “Entre el 19 de abril de 2018 —designación de Fernando Arnedo como secretario— y hoy, se dictaron 14.206 sentencias en expedientes tramitados por la Secretaría n° 3. De ese total, 11.668 fueron decisiones sobre competencia y honorarios. En cuanto al contenido de las resoluciones, 5511 fueron rechazos por aplicación del art. 280 del Código Procesal, 1414 incumplimientos de la Acordada n° 4 y 898 por falta de sentencia definitiva”, apuntaron. En la actualidad la Secretaría n° 3 tiene 7 mil causas pendientes de decisión.

Disidencia de Ricardo Lorenzetti

Ricardo Lorenzetti expresó su disidencia respecto a esta decisión, argumentando que las recientes medidas tomadas por la Corte no responden a necesidades reales sino a intereses internos de poder. Lorenzetti sostuvo que «la invocación de principios de buena administración o gestión no logran iluminar la oscuridad de los intereses que inspiran una serie de decisiones de los últimos tiempos en materia de superintendencia de esta Corte Suprema».

Lorenzetti criticó la creación de nuevas oficinas y designaciones sin concurso, señalando que estas prácticas contrarían las expectativas de austeridad que la sociedad argentina demanda. «En todos los casos se designa personal con cargos de funcionarios, sin concurso, en base a la amistad o el parentesco y contrariando las expectativas de austeridad que la sociedad argentina exige», afirmó.

En los tribunales atendieron los cuestionamientos de Lorenzetti y recordaron que “durante la presidencia del juez Lorenzetti se efectuaron diversas reorganizaciones de las secretarías de la Corte. En el ámbito judicial, se crearon las Secretaría de Juicios Ambientales (Acordada nº 8/15) y de Relaciones de Consumo (Acordada nº 36/15), a las cuales se les asignaron la tramitación de las causas sobre tales temáticas que antes tramitaban en otras Secretarías”.

Además, argumentó que la acumulación de casos en la Corte se debe a la falta de gestión en los acuerdos de ministros, y no se solucionará con la designación de nuevos funcionarios. «La redacción de sentencias es una función de los jueces, y si no se llevan al acuerdo y no se buscan los consensos necesarios, se producen estas crisis», explicó Lorenzetti.

El ministro también destacó la eficiencia histórica de la Secretaría Penal, que desde abril de 2018 resolvió 17.076 causas. «Hace treinta años que la Secretaría Penal tiene el mismo diseño, y siempre tuvo una gran cantidad de causas, y no hay ninguna justificación para crear una nueva, excepto la de designar un nuevo secretario, con un altísimo costo y sin concurso alguno», puntualizó.

Lorenzetti concluyó su disidencia al enfatizar en la necesidad de transparencia y mérito en las decisiones de la Corte, abogando por una administración austera y concursos transparentes para evitar el nepotismo.

Seguir leyendo

Las más leídas

Descubre más desde El Argentino Diario

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo