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Judiciales ⚖️

Integrantes de Revolución Federal no pueden acercarse al Congreso ni a la casa de Cristina

Se trata de Jonathan Morel, Leonardo Sosa y Gastón Guerra que serán monitoreados con tobillera.

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El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi prohibió a tres imputados en la causa que investiga a la agrupación Revolución Federal acercarse a menos de 200 metros del Congreso de la Nación, del Instituto Patria y del domicilio de la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y dispuso que sean monitoreados con tobillera electrónica.

La prohibición de acercamiento recayó sobre Jonathan Morel, Leonardo Sosa y Gastón Guerra y se dispuso a raíz de un pedido de los abogados de la ex mandataria, querellante en la causa.

Los apoderados de la exvicepresidenta, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, reiteraron también un planteo para que se convoque a declaración indagatoria a la empresaria Rosana Caputo, por el posible financiamiento a Revolución Federal, según el texto al que tuvo acceso Télam.

A este último pedido, el juez respondió con un «tengase presente» a la espera de medidas de prueba aún en trámite, según la resolución.

En relación a los planteos por la seguridad de la expresidenta, el magistrado hizo lugar a lo reclamado en base «a los temores puestos de manifiesto».

Al respecto, prohibió a los imputados Jonathan Morel, Leonardo Sosa y Gastón Guerra el «acercamiento a menos de 200 metros del Congreso de la Nación, del Instituto Patria y del domicilio de la Sra. Cristina Fernández de Kirchner y sus familiares, ello bajo apercibimiento de revocarse la excarcelación oportunamente otorgada», advirtió Martínez De Giorgi.

«A su vez, deberán rastrearse sus movimientos al único y exclusivo fin de verificar el adecuado cumplimiento de la orden dispuesta» y para ello se autorizó a la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia ( o el organismo encargado de ejecutar la medida, si correspondiera por razones ejecutivas o de jurisdicción) para la implementación del dispositivo de vigilancia electrónico a los Sres. Jonathan Ezequiel Morel, Leonardo Franco Sosa y Gastón Ezequiel Angel Guerra» con «carácter urgente».

La querella había reclamado la medida «para evitar quedar a merced de la suerte una vez más», en relación al atentado que sufrió la ex Vicepresidenta y para lo cual «es necesario restringir los movimientos de los violentos cuya consigna política es matar o exiliar al kirchnerismo y que, hoy, se pasean sin problemas por el Congreso».

De manera puntual, recordó que uno de los imputados, Leonardo Sosa, estuvo en el Congreso Nacional durante el tratamiento de la «Ley Omnibus».

Se ubicó «más precisamente, en el tercer piso del edificio de la cámara baja. Allí no sólo se encuentran los palcos que asoman a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación; en el tercer piso también están los despachos de varios diputados, entre ellos el de Máximo Kirchner».

«Durante su presencia en la Cámara de Diputados, Sosa realizó posteos hostiles en la red social X: en uno de ellos, se observa una fotografía del diputado Máximo Kirchner», recordaron.

El magistrado resolvió así tras recibir el escrito firmado por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, en el cual se sostuvo que todavía restan medidas de prueba antes de dar por agotada la investigación y enviarla a juicio oral.

En la causa están procesados sin prisión preventiva integrantes de esa agrupación por delitos como amenazas y coacción a distintas víctimas, entre ellas la ex Vicepresidenta.

Los procesados son Morel, Sosa, Guerra y Sabrina Basile por delitos que habrían cometido entre mayo de 2022 y octubre de ese año.

Los letrados reclamaron que «se continúe con la investigación y, como próxima medida, se convoque a prestar declaración indagatoria a Rosana Caputo», según el texto al que tuvo acceso Télam.

Como medida posterior, también evaluaron que debería citarse en el mismo sentido a otros dos socios de la empresa desarrolladora inmobiliaria, Flavio y Jimena Caputo.

«Un primer paso, dilatado por meses, es convocar a Rosana Caputo y, luego, a Flavio y a Jimena Caputo, a prestar declaración indagatoria», insistieron al reiterar un planteo hecho el año pasado en relación a la primera, quien contrató a Morel para la provisión de muebles para un complejo de viviendas, Espacio Añelo.

«Los pagos de Caputo Hermanos coinciden con la existencia y las principales actividades de Revolución Federal, y cesan cuando esta agrupación dejó de actuar», remarcaron los abogados.

En la causa declararon testigos que «robustecieron todavía más la convicción de que Caputo Hermanos financió a Revolución Federal».

«Para empezar, ninguno de los empleados de la sociedad Caputo Hermanos mencionó a Rosana Caputo como miembro del equipo de trabajo, y, sin embargo, fue ella quien se contactó con Morel», analizaron.

Los pagos a Morel o a sus allegados «coinciden de modo prácticamente exacto con la existencia de Revolución Federal y cesan con su disolución, luego del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner.», el 1 de septiembre de 2022.

Los abogados aludieron a informes incorporados a la causa que «mostraron la existencia de transferencias realizadas por los fideicomisos «Espacio Añelo» y «Santa Clara Del Sur» -ambos administrados por la sociedad Caputo Hermanos- a Jonathan Morel, Ailen Vallero y Evelyn Balboa», estos dos últimos allegados al primero.

Estas transferencias «tuvieron lugar, principalmente, entre enero y agosto de 2022, por aproximadamente 6.5 millones de pesos», concluyeron.

«Estamos lejos de llegar a un estado procesal en el que el MPF no tenga nada más que hacer. Por el contrario, el fiscal todavía tiene mucho trabajo por delante y solicitamos que lo lleve a cabo, agregaron en relación a un dictamen del fiscal del caso Gerardo Pollicita sobre el estado de la investigación.

Buenos Aires

Tragedia en Lanús: murieron otros dos operarios y ya son cuatro las víctimas fatales

Matías Leguizamón, de 31 años, y Juan José Servín, de 33, fallecieron tras permanecer internados por las graves heridas sufridas durante el estallido del 13 de noviembre. La Justicia investiga las responsabilidades por la rotura de un caño de gas.

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La explosión ocurrida en Remedios de Escalada, partido de Lanús, sumó dos nuevas víctimas fatales. A ocho días del estallido registrado durante trabajos sobre una red de gas, se confirmó el fallecimiento de Matías Leguizamón, de 31 años, y Juan José Servín, de 33, quienes permanecían internados en estado crítico. Con estas muertes, ya son cuatro los trabajadores que perdieron la vida como consecuencia de la tragedia.

Los operarios habían sido trasladados a centros médicos de San Justo y de la Ciudad de Buenos Aires, donde recibieron atención por las graves lesiones sufridas durante el episodio. Según se informó, ambos fallecieron como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio en un contexto de quemaduras graves, shock séptico y distrés respiratorio agudo.

Quiénes son los cuatro trabajadores que murieron por la explosión

Las últimas víctimas identificadas fueron Matías Leguizamón, de 31 años, y Juan José Servín, de 33. Ambos integraban el grupo de trabajadores que realizaba tareas en la zona cuando se produjo el estallido.

Los otros dos fallecidos son Marcelo García, de 47 años, y Néstor Julián D’Alesandro, de 44.

García murió el mismo día de la explosión, luego de quedar atrapado debajo de los escombros. Su cuerpo fue rescatado por los bomberos, pero las condiciones en las que fue encontrado demoraron su identificación, que posteriormente fue confirmada por sus familiares. Era padre de dos chicos de 6 y 8 años.

D’Alesandro, en tanto, había sido trasladado de urgencia al Sanatorio Fitz Roy, en la Ciudad de Buenos Aires, donde permaneció internado hasta su fallecimiento.

Además, otros cuatro integrantes de la cuadrilla continúan bajo atención médica por las heridas sufridas durante el episodio.

El comunicado de la empresa tras las nuevas muertes

Luego de confirmarse los fallecimientos de Leguizamón y Servín, la empresa Exgadet difundió un mensaje en el que expresó su pesar por la pérdida de los trabajadores.

«Exgadet lamenta profundamente informar que dos de sus queridos operarios que permanecían internados en grave estado tras la explosión en Remedios de Escalada fallecieron esta madrugada en un hospital de San Justo», señaló la compañía.

En el mismo comunicado, la firma expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de las víctimas, y aseguró que está trabajando para esclarecer lo sucedido.

«Estamos trabajando incansablemente para determinar las razones de este lamentable suceso, buscando ‘Justicia’ para dar algo de Paz a sus casas», agregó.

Cómo fue la explosión que destruyó parte de Remedios de Escalada

El estallido se produjo el viernes 13 de noviembre, durante trabajos de renovación de la red de distribución de gas en la zona de Beltrán y Del Valle Iberlucea, en Remedios de Escalada.

De acuerdo con los primeros testimonios de vecinos, una máquina utilizada para realizar un túnel debajo de la vereda habría dañado una cañería de gas, lo que provocó una fuga y posteriormente la explosión.

El episodio generó importantes destrozos en las inmediaciones, afectó al menos tres locales comerciales y dejó decenas de personas heridas. Además, las autoridades dispusieron la evacuación de un geriátrico y de otras propiedades cercanas por el riesgo que representaba la situación.

La onda expansiva también alcanzó a vecinos que se encontraban en las inmediaciones. Algunos sufrieron lesiones de gravedad y otros perdieron sus viviendas como consecuencia de los daños estructurales.

El dramático testimonio de un vecino que perdió su casa

Entre los relatos que se conocieron después de la explosión se encuentra el de Roberto, un vecino que sufrió directamente el impacto de la onda expansiva.

El hombre contó que salió despedido varios metros y describió la violencia del estallido: «Viví algo que nunca voy a volver a vivir. Volé por el aire. Soy un hombre que pesa 130 kilos y me levantó como si fuese de papel».

Como consecuencia del episodio, sufrió lesiones en la cabeza, cortes en un ojo y astillas incrustadas en el pecho y cerca del hígado. También necesitó más de 45 puntos de sutura.

Sin embargo, al salir del hospital se encontró con otra consecuencia de la tragedia: su vivienda había quedado destruida.

«No está mi casa. No existe más», relató. El vecino explicó que debió mudarse temporalmente a la casa de su suegra y que perdió también su fuente de trabajo, mientras intenta encontrar un alquiler para recuperar cierta estabilidad.

Qué se sabe sobre la investigación judicial por la explosión en Lanús

La investigación quedó a cargo de la Justicia con intervención de la Comisaría 4ª de Lanús, correspondiente a Remedios de Escalada.

En el marco de las actuaciones, se ordenó el secuestro de la máquina utilizada durante los trabajos, una tunelera marca Ditch Witch, modelo JT20, identificada internamente como «TUNE-1621», perteneciente a la empresa tercerizada Exgadet.

También fueron incautadas la computadora central del equipo y los teléfonos celulares de los trabajadores involucrados, con el objetivo de reunir información que permita reconstruir cómo se desarrollaron las tareas previas al estallido.

Por el momento, la causa continúa en etapa investigativa y todavía no se informaron imputaciones formales. Los investigadores buscan establecer cómo se produjo la rotura de la cañería y si existieron responsabilidades por parte de las empresas o del personal que participó de los trabajos.

Metrogas reconoció la rotura de un caño antes de la explosión

Uno de los elementos centrales de la investigación es la información presentada por Metrogas ante la Justicia.

La empresa explicó oficialmente que su personal realizaba trabajos de renovación de redes en Lanús cuando una máquina dañó uno de los caños de distribución, lo que derivó en la explosión.

Además, presentó un escrito judicial en el que un inspector reconoció haber roto una cañería antes de que comenzaran las alertas por pérdidas de gas. No obstante, indicó que las tareas contaban con la correspondiente autorización.

Tras el incidente, Metrogas dispuso el corte del suministro para evitar que el fuego se extendiera hacia otras propiedades.

Mientras continúa la investigación, la tragedia ya dejó cuatro trabajadores muertos, varios heridos y numerosos vecinos afectados por los daños materiales. La Justicia deberá determinar las circunstancias exactas del episodio y las eventuales responsabilidades por uno de los accidentes más graves registrados recientemente en el sur del conurbano bonaerense.

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