Judiciales ⚖️
Perfil de Martín del Río: “Daño psicológico, esquizoide y mecanismos de defensa obsesivos“
Peritos recomendaron volver a evaluar en una segunda oportunidad y con mayor profundidad al acusado.
Martín Santiago Del Rio, el comerciante detenido como presunto autor del doble crimen de sus padres en la localidad bonaerense de Vicente López, presenta “trauma y daño psicológico” y mecanismos de defensa esquizoides, obsesivos y maníacos, según las conclusiones de las pericias psicológicas a las que fue sometido en el marco de la causa, informaron este viernes fuentes judiciales.
Se trata del informe que la Asesoría Pericial de San Isidro le envió esta mañana a los tres fiscales de Vicente López que llevan adelante la causa, y que evaluaron a Del Río (47) en tres entrevistas que tuvieron con el imputado desde el 5 de este mes.
“Se observan indicadores de trauma y daño psicológico junto a la presencia de un blindaje defensivo de tipo esquizoide, apela a mecanismos de defensa obsesivos y maníacos, que le permiten al causante una significativa sobreadaptación y de esta manera responder a las exigencias que le presenta la realidad”, señala el primer párrafo de las conclusiones.
En otro tramo del reporte, los profesionales señalan que “respecto a la modalidad de relación se registran en el causante vínculos simbióticos-dependiente”.
Los psicólogos oficiales explicaron que sus conclusiones surgieron a partir “de los datos obtenidos en la lectura psicológico-forense del expediente, de las entrevistas realizadas y del análisis global de las pruebas administradas”.
Por último, los peritos hacen la recomendación de volver a evaluar en una segunda oportunidad y con mayor profundidad al acusado.
“Se aconseja respetuosamente efectuar una reevaluación del Sr. Martín Santiago del Rio en un período no menor a un año, para así analizar y comparar los resultados de ambas evaluaciones y poder determinar con validez y confiabilidad aquellas variables estables que configuran los rasgos y caracteres de su personalidad”, concluye el informe.
Fuentes judiciales indicaron que los fiscales Martín Gómez, Alejandro Musso y Marcela Semería aguardaban recibir en los próximos días los resultados de las pericias psiquiátricas que se realizaron en otras entrevistas y con médicos especialistas en esa área, para tener un panorama más completo de la salud mental y la personalidad del imputado.
Cronología del doble crimen
José Enrique Del Rio (75) y su esposa María Mercedes Alonso (72) aparecieron asesinados -él de tres balazos y ella de uno- el pasado 25 de agosto en el interior de su auto en el garaje de su casona de la calle Melo 1101, de Vicente López.
Si bien la empleada de la casa, «Nina» Aquino, fue la primera detenida como presunta «entregadora», el juez de la causa la liberó por falta de pruebas y el 7 de septiembre los fiscales detuvieron al hijo menor de los fallecidos, Martín, como supuesto autor de un doble parricidio.
En base a prueba fílmica, tecnológica y testimonial recopilada por la fiscalía, el juez de Garantías 1 de San Isidro, Ricardo Costa dictó el 7 de este mes la prisión preventiva de Del Rio como autor de un «doble homicidio calificado por alevosía, por el vínculo, por el uso de arma de fuego y por ser criminis causa» (matar para lograr la impunidad), delito que prevé como única pena la prisión perpetua.
Para los fiscales el móvil fue económico y está vinculado a los desmanejos financieros del imputado con los bienes y negocios familiares y la frustrada operación inmobiliaria por la cual las víctimas pensaban que ese mismo día iban a mudarse a un lujoso departamento del barrio porteño de Núñez, valuado en más de un millón y medio de dólares, y que Del Río hijo nunca pudo concretar.
La defensa de Del Río, a cargo de la abogada Mónica Chirivin, apeló hace dos semanas la prisión preventiva de su cliente ante la Cámara de San Isidro, al cuestionar, entre otros puntos, el cambio de la data de muerte de las víctimas, la testimonial de la amante y los reconocimientos que lo identificaron como el «caminante encapuchado» que llegó y se retiró de la escena del crimen.
También pidió que su cliente sea beneficiado con una prisión domiciliaria con tobillera, por sus problemas de diabetes, hipertensión y colesterol.
A su vez, en estos días, el equipo de fiscales de Vicente López ordenó una serie de peritajes para intentar obtener evidencia científica: ADN sobre el eventual material genético que se halle bajo las uñas de las víctimas (por si alguno llegó a arañar al asesino), cotejos balísticos con las vainas y proyectiles secuestrados en la escena y las autopsias y el análisis del distinto tipo de calzado del imputado.
Judiciales ⚖️
Urribarri irá a prisión tras quedar firme su condena por corrupción
La Corte Suprema rechazó el último recurso y habilitó el cumplimiento efectivo de la pena. También quedaron detenidos Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez, mientras la Justicia rechazó el pedido de arresto domiciliario.
La Justicia de Entre Ríos ordenó la detención inmediata de Sergio Urribarri, quien fue trasladado desde su domicilio en Concordia hacia la Unidad Penal N°1 de Paraná para comenzar a cumplir una pena de ocho años por delitos de corrupción. La medida también alcanzó a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador, y a Pedro Báez, exministro de Comunicación, según informaron fuentes judiciales.
El traslado de Urribarri se realizó durante la noche. Entre Concordia y Paraná hay unos 280 kilómetros, un recorrido de cerca de cuatro horas, por lo que el ingreso a la unidad penitenciaria se concretó durante la madrugada. La orden fue emitida después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara el último recurso pendiente y dejara firme la sentencia.
La condena que llegó hasta la Corte Suprema
El Tribunal de Juicio dispuso que los tres condenados comenzaran a cumplir sus penas en la cárcel de Paraná. La resolución se apoyó en la firmeza de la condena por negociaciones incompatibles con la función pública y peculado, luego de que el máximo tribunal rechazara la vía recursiva que todavía mantenía suspendida la ejecución efectiva.
Urribarri, de 67 años, fue condenado en 2022 por un esquema de desvío de fondos públicos hacia empresas vinculadas a su cuñado. La maniobra se instrumentó mediante contratos de publicidad oficial simulados entre 2010 y 2015. La causa acreditó 143 operaciones irregulares y un perjuicio económico superior a 12 millones de pesos para la provincia.
El pedido de prisión domiciliaria fue rechazado
La defensa del exgobernador intentó frenar el ingreso a prisión con un pedido de arresto domiciliario. Para sostenerlo, alegó un cuadro de salud mental y físico que incluía trastorno de estrés postraumático, hipertensión y problemas cardíacos.
El tribunal rechazó el planteo porque consideró que no se acreditaron razones suficientes para suspender la ejecución de la pena ni para conceder el beneficio. Con esa decisión, la Justicia descartó la salida domiciliaria y ordenó que la condena se cumpliera en una unidad penitenciaria.
Una causa de corrupción pública con sentencia efectiva
La detención marcó el cierre de un recorrido procesal que comenzó con la investigación sobre el uso de recursos estatales para contratos de publicidad oficial que, según la sentencia, fueron simulados. La firmeza del fallo convirtió la condena en una pena de cumplimiento efectivo y dejó sin margen la estrategia defensiva basada en la espera de nuevas revisiones judiciales.
El caso expuso el costo de utilizar la estructura del Estado para beneficiar intereses vinculados al poder político. La llegada de Urribarri a una cárcel provincial, junto con Aguilera y Báez, representó una definición contundente: una condena por corrupción pública no quedó reducida a un expediente ni a una disputa de recursos, sino que comenzó a ejecutarse.
Puntos clave
- La Justicia de Entre Ríos ordenó la detención inmediata de Sergio Urribarri.
- La Corte Suprema rechazó el último recurso y dejó firme la condena de ocho años.
- También fueron detenidos Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez.
- La sentencia acreditó 143 operaciones irregulares entre 2010 y 2015.
- El tribunal rechazó el pedido de arresto domiciliario por motivos de salud.
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